La oficina de la ONU financiada por el Govern pide a España investigar el espionaje a la «minoría catalana»

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas vuelve a la carga y exige a España que investigue el supuesto uso de los programas espías Pegasus y Candiru «para atacar» tras el referéndum ilegal de independencia el 1 de octubre de 2017 a lo que denomina «la minoría catalana», en referencia a 65 políticos y activistas independentistas.

Esta oficina de la ONU, a la que la Generalitat regó el año pasado con casi medio millón de euros, insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a escrutar «a fondo» un supuesto caso de espionaje que, a su juicio, puede «conducir a una mayor autocensura, que tendría un efecto paralizador en el disfrute de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, así como otras violaciones de derechos de las minorías y a su participación efectiva en la vida pública».

Las conclusiones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas se basan en un informe elaborado por la plataforma CitizenLab, de la Universidad de Toronto, muy cuestionado, entre otros motivos, por haber sido coordinado por el activista independentista Elías Campo.

En un comunicado, el organismo de Naciones Unidas recoge la petición de tres relatores especiales, Fernand de Varennes, Irene Kahn y Clement Nyaletsossi Voule, quienes ya pidieron al Gobierno el 24 de octubre del año pasado por carta información sobre el supuesto espionaje, que se habría producido hasta 2020.

El 22 de diciembre de 2022, el Gobierno de Sánchez respondió a la misiva informando de que las investigaciones estaban en curso y que no era posible pronunciarse sobre casos que estaban pendientes de una investigación judicial.

El Ejecutivo alegó, asimismo, que «cualesquiera actos de interceptación de comunicaciones mediante procedimientos especiales se realizan por las autoridades españolas siguiendo los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico español y con pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades» y que cualquier actividad policial o del CNI se realizaba «siempre dentro del escrupuloso respeto a la legalidad».

Casi 1,5 millones en cinco años

En 2022, el Gobierno autonómico catalán regó con 490.000 euros a esta oficina de Naciones Unidas. En 2021 fueron 290.000 euros; el año anterior, 350.000; en 2019, se financió desde el Govern con 150.000 euros y en 2018, tras la efímera declaración unilateral de independencia, la cantidad fue de 200.000 euros. En total, 1.480.000 euros en un lustro.

Desde el Gobierno central también se otorgan donaciones a esta oficina. Según la documentación consultada por El Debate, en lo que llevamos de año, desde España han ido a parar al citado organismo más de un millón de euros. En concreto, 1.064.963 euros.

Eso sí, desde la propia entidad advierten de que «las cifras presentadas» son «solo provisionales y algunas pueden estar sujetas a ajustes menores». Unos ajustes que bien pudieran ser las anotaciones a pie de página como las que se produjeron en las cuentas definitivas de las contribuciones realizadas el año pasado.

En estas se advertía que de los 521.122 euros procedentes de España, 490.000 eran los ya mencionados de la Generalitat y otros 40.000 llegaron del Gobierno vasco. Con lo cual, la aportación desde el Ejecutivo central fue de apenas 9.000 euros.

Una cifra que, a la hora de hacer lobby –y a la espera de que se confirme la procedencia de las donaciones de este año– resulta irrisoria en comparación con los esfuerzos económicos llevados a cabo por el separatismo catalán durante los últimos años para vender su relato en el extranjero.