La Fiscalía pide siete años de prisión para Jové, mano derecha de Junqueras, por el 1-O

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La fiscalía pide siete años de prisión para el exsecretario general de Vicepresidencia y Economía, Josep Maria Jové y seis para Lluis Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona y exsecretario de Hacienda. También pide un año de inhabilitación para la consejera de Cultura, Natalia Garriga, por su participación en los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre.

El ministerio público acusa a Salvadó y a Jové de los delitos de malversación agravada y prevaricación, además de desobediencia, como a Garriga. También recoge el escrito que los dos dirigentes de ERC “deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Erario Público autonómico en la cantidad de 754.920,89 euros por el perjuicio patrimonial al mismo causado, suma que deberá incrementarse en el interés legal correspondiente desde la fecha de los hechos".

'EnfocCats' y la 'Moleskine'

En el caso de Josep Maria Jové, la fiscalía lo considera una pieza clave en la organización del referéndum, fue quien elaboró el 'EnfocCats', el informe en el que detallaba los pasos que se debían seguir el proceso independentista y en el que se planteaban diferentes escenarios, incluido el de la unilateralidad. Este documento fue encontrado durante un registro en la casa del que fuera secretario general de Vicepresidencia y Economía. También en un de esos registros la Guardia Civil encontró una agenda marca «Moleskine», en la que Jové anotaba las reuniones que mantenía con representantes del independentismo y otras cuestiones relacionadas con la celebración del referéndum”.

También destaca la fiscalía que en los presupuestos de 2017 figuraban partidas para procesos electorales y para preparar las llamadas estructuras de estado, como los más de 57 millones de euros para la Agencia Tributaria de Cataluña. Partidas que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.

En el caso de Garriga, en el escrito del ministerio público se expone que, bajo la dirección de Jové, adjudicó varios contratos menores dirigidos a la ejecución de unas obras en una nave anexa el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), ara acoger un centro de prensa y recoger datos de participación y el resultado de ese referéndum. También la exconsejera fue el enlace para conseguir la cesión de unas naves en Bigues y Riells donde se hallaron millones de papeletas para el referéndum.

Malversación agravada

En relación al delito de malversación, la fiscalía cree que la estrategia de la Generalitat fue la de contar con la actuación de varios departamentos "para diluir la responsabilidad individual en lo que se refiere a las resoluciones, actuaciones y expedientes administrativos tramitados para autorizar el gasto y para dificultar cualquier tipo de obstáculo que pudiera venir del Estado”. De hecho, el Govern debía enviar cada miércoles un certificado a Hacienda conforme no se había llevado a cabo ninguna modificación presupuestaria que pudiera estar destinada a la organización de ese referéndum, pero en septiembre de 2017 ya no se envió el documento.

Y a pesar de que el Tribunal Constitucional suspendió los decretos para la celebración de esa consulta, la fiscalía dice que desde el Govern «continuaron con las actividades programadas tanto para la celebración del mismo como para divulgar el proyecto e impulsar su apoyo por parte de la comunidad internacional y de la ciudadanía, además de desplegar la actuación administrativa que consideraron necesaria para llevar a cabo la votación».

También la Fiscalía acusa a Jové y a Salvadó de buscar financiación para el referéndum y de dotar a la Agencia Tributaria de Cataluña de un sistema para recaudar, gestionar y ejecutar impuestos para los que la generalitat no tenía competencias, como el IRPF o el IVA.

Jové: «Miserables, malas personas»

Josep Maria Jové ha mostrado su indignación al conocer la petición de la fiscalía. Lo ha hecho vía Twitter: «¡Miserables, malas personas y sobre todo mucha cobardía! ¡Siempre de frente ante la represión! ¡Porque lo que hicimos, hacemos y lo que haremos, lo hicimos por principios democráticos y de libertad!», también la consejera de Cultura Natalia Garriga, considera que detrás de estos movimientos de la fiscalía está la «causa general contra el independentismo» y ha dejado claro que «no reculamos, continuamos trabajando».

Y también el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho que «trabajar para la libertad de Cataluña no es ningún delito. Defender las urnas y la democracia, tampoco. Denunciaremos en todas partes un sistema judicial que no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo».