Tres testimonios de lucha contra la inmersión lingüística: «Tienen muchas formas de hacerte la vida imposible»

La inmersión lingüística en catalán ha llegado esta semana al Parlamento Europeo, en una sesión en la que cuatro expertos –la catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixes; Jesús Rul, que fue durante 30 años inspector de educación en Cataluña; Jorge Calero, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y Manuel Acosta, diputado de Vox actualmente, pero que ha sido profesor durante más de 20 años– han expuesto la situación jurídica del uso de las lenguas en Cataluña, por un lado, y también qué supone el modelo de inmersión lingüística desde el punto de vista pedagógico. Una sesión, a la que, por cierto, no asistieron los eurodiputados del PSOE mientras que los independentistas no incluyeron ponentes.

Y a todo esto hay que añadir que la Eurocámara enviará una misión a Cataluña a finales de este año para analizar el modelo lingüístico en la escuela catalana. La misión, por cierto, se retrasó para no hacerla coincidir con las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Pero lo cierto es que el Parlamento Europeo quiere conocer de primera mano este sistema de inmersión que no se aplica en ningún otro lugar de Europa. Y no sólo eso, sino que hay diferentes sentencias que obligan a que haya más educación en castellano en Cataluña, pero la Generalitat se niega a acatarlas y busca subterfugios legales para ello.

En El Debate hemos hablado con un profesor de instituto, una exdirectora de un centro de secundaria y también con un padre que ha pedido más educación en español para sus hijos, para que nos expliquen cómo ven este modelo educativo en Cataluña, desde diferentes perspectivas.

Carlos Silva

Es catedrático de inglés en un instituto de Hospitalet de Llobregat. También es uno de los portavoces de la plataforma Docentes Libres, que aboga por la neutralidad y la libertad en la educación.

Una libertad que en Cataluña no se cumple: «Los hechos hablan por sí solos», nos dice. Y es que los decretos del gobierno de la Generalitat, y el proyecto que se ha puesto en marcha en torno a la lengua, quiere erigir al catalán «como lengua única del sistema educativo». Y un ejemplo que afecta de pleno a los profesores es el plan de impulso de los usos de la lengua catalana que ha aprobado el Govern y las «unidades de vigilancia» dentro de los centros educativos.

¿En qué consisten? Los forman grupos de profesores voluntarios, que junto con la inspección elaboran estos planes de usos, explica Silva, que luego se tienen que traducir en medidas para impulsar aún más el uso del catalán en el centro. Previamente, estos profesores han recibido un curso de formación para que empiecen a llevarlo a cabo y «eso conlleva como siguiente paso hacer una especie de mapa de usos lingüísticos que se traduce en un reparto de encuestas». Las encuestas a las que se refiere Silva son unos formularios que se han hecho llegar a los alumnos de algunos centros educativos, pero también a profesores. Encuestas que entran de lleno en la vida privada de estudiantes y docentes.

Se les ha preguntado a los profesores, qué idioma hablan en el aula; entre los compañeros; qué lengua usan en el tiempo libre, tanto fuera como dentro del centro; e incluso en qué idioma configuran las aplicaciones que se descargan en sus teléfonos móviles. Silva denuncia que se «intenta controlar hasta la vida privada fuera del trabajo. Y eso tiene tintes dictatoriales, de vigilancia absoluta». Y todo ello, añade, «siguiendo las indicaciones del propio departamento».

Y con todo eso, según este profesor, se busca «una especie de comunión con la lengua catalana» y también «la adhesión y la sumisión de la gente». Pero esto, añade, «es un escándalo mayúsculo». Silva dice que, de esta forma, ya tienen «los mecanismos, las herramientas». Es, nos explica, «como poner un arma sobre la mesa. El arma no se dispara sola, pero está ahí. Las posibilidades de perseguir, hacer la vida imposible, están ahí. La intención del departamento es que se use. Y que en los institutos se fiscalice de forma sin piedad a todo el que no hable el catalán».

El profesor deja claro que la convivencia es mucho más compleja que todo eso, más que las consignas políticas. Y también depende de dónde pueda estar situado el centro educativo. «No será así en todas las escuelas, porque la gente es razonable y no puede estar con un cuchillo en la boca, peleándose a diario». Pero reconoce que en centros de la Cataluña interior y en aquellos lugares donde el independentismo está más arraigado, todo «será más complicado».

¿Y cómo pueden sobrellevar esta situación los profesores? Silva dice que depende de la situación de cada uno, teniendo en cuenta que hay interinos, pendientes de que los reclame el centro, o funcionarios. «Hay otros como yo que tenemos plaza fija, que estamos más inmunes. Sabemos que en todo momento estás observado y te pueden dar un toque de atención, porque algunos profesores ejercen de talibanes. Pero en un momento dado podemos decir: 'mira, metete en tus asuntos'. Pero los profesores estamos en falso. Todo depende de dónde quieren llegar los compañeros, la inspección… y cuando sales del Área Metropolitana de Barcelona y te metes en la Cataluña interior, es más complicado. En estas zonas estos temas son más duros», apunta.

Dolores Agenjo

Ha sido profesora y directora de un instituto público. Lo era cuando Artur Mas impulsó el simulacro de consulta del 9 de noviembre de 2014. Ella se negó a entregar las llaves del centro, del Instituto Pedraforca, para que celebrara esta consulta. Actualmente es vocal de Educación y Lengua de Sociedad Civil Catalana.

Pero no es lo más común entre los directores plantar cara a la administración. «Lo que ocurre es que la mayoría de los directores, y por eso los han elegido, son seguidores, adeptos a la política lingüística de la Generalitat y a sus directrices nacionalistas. La mayoría, no todos, por lo que yo he podido conocer, comparten estas ideas. Son proclives a ponerse de parte de todo aquello que ordene la Generalitat, sea legal, roce la ilegalidad o sea declaradamente ilegal», nos explica Agenjo.

Ella también defiende que hay un porcentaje de directores que son «profesionales», que les gusta la labor docente, organizar y gestionar un centro y no son de ninguna tendencia política y les gusta hacer bien su trabajo y se ven, a veces, en una situación complicada. «Porque ya no es tanto que su cargo está en juego, que lo está, porque el nombramiento depende del Director General de Servicios Territoriales, sino que puede ser señalado por el resto de compañeros, puede ser objeto de críticas, a veces bastante duras, feroces y eso no a todo el mundo le gusta afrontarlo o tiene la fortaleza para afrontarlo», dice Dolores Agenjo.

Y ella sabe lo que es ser señalada, aunque no por parte de la administración, porque no tuvo tiempo: el simulacro de consulta se celebró en noviembre de 2014 y se jubiló el 12 de enero del año siguiente. Fue una jubilación anticipada, nos explica, y lo hizo «en parte para evitar cualquier tipo de represalia, no por parte de mis superiores directamente, porque hay muchas formas de hacerte la vida imposible». De hecho, a partir de esa negativa a obedecer una orden ilegal por parte de la Generalitat (el Tribunal Constitucional declaró ilegal esa consulta), recibió por correo multitud de amenazas, a veces amenazas de muerte e insultos por las redes. «Hay que tomárselo con un poco de tranquilidad y tener entereza para aguantar aquello», precisa, que insiste en que se jubiló «para evitarme todo este malestar y estas complicaciones que hubiera tenido si hubiera continuado», además de que quería cuidar a su padre enfermo.

Lo cierto es que «entre los directores prácticamente nadie se atreve a discrepar», y menos aún «los que nos oponemos a esta política extrema, nacionalista. Somos minoría y la gente no quiere complicarse la vida con sus compañeros en el día a día, quiere trabajar y hacer su trabajo, llegar a casa y no tener más problemas. El silencio no significa asentimiento, tampoco es eso. Pero hay un régimen coercitivo, que te silencia, que te impide expresarte libremente, porque corres el riesgo de ser señalado, de ser un maldito. Es así», nos cuenta Dolores Agenjo.

La exdirectora cree que entre un jefe directo, «que sabes que puede actuar contra ti», y unos jefes que están muy lejos, en Madrid, «y que piensas que no van a tomar medidas porque son impopulares», la mayoría opta por «obedecer a quien tiene más cerca, a quien ve con más posibilidades para coaccionarle, para hacerle la vida imposible. Es humano». Eso sí, Agenjo dice que otra cosa es que los tribunales requieran a los directores. En estos casos, señala, todos obedecen a los jueces, porque «ningún González Cambray, por muy consejero que sea, puede obligar a un director a incumplir la ley y enfrentarse a un tribunal».

Agenjo también considera que los padres que reclaman más educación en español son unos «héroes» porque saben que se enfrentan a un proceso muy largo y con muchas dificultades que incluye el acoso no sólo a ellos, sino también a sus hijos. Y lamenta que con este sistema de inmersión lingüística lo que se busque es la «sustitución lingüística en lugar de la convivencia lingüística. «Segrega y no favorece la cohesión porque divide a los niños entre aquellos que pueden educarse en su lengua materna y los que no. Eso es una injusticia como una casa, una aberración», resume Agenjo.

Jordi López

Jordi López es uno de esos padres «héroes» a los que se refería Agenjo. Él vive en El Prat (Barcelona) y ha conseguido que dos de sus hijos reciban más educación en español. Uno de ello, además, tiene necesidades educativas especiales y a pesar de tener informes de expertos que avalaban que lo mejor para el pequeño es que estudiase en su lengua materna, tuvo que luchar en los tribunales para que le reconocieran ese derecho.

Lamenta que este tema, el de la situación lingüística en las escuelas catalanas llegue a Europa, porque eso implica que hay «un gobierno de España que no hace nada» y, por lo tanto, «los padres, las familias o las asociaciones tenemos que buscar amparo fuera de donde nosotros vivimos». Jordi también ha denunciado ante el Parlamento Europeo que la Generalitat incumple reiteradamente las sentencias judiciales que obligan a que haya más castellano en las aulas de Cataluña.

«Pero la maquinaria de la Generalitat es muy poderosa», nos explica y de momento lo que está haciendo «es poner al castellano en un segundo o tercer plano. A veces, incluso, hasta después del inglés», precisa Jordi. Es consciente de las dificultades que supone luchar contra «ese monstruo» Pero ¿qué no hacemos los padres por nuestros hijos? Se pregunta. En este caso se trata de lugar para que estudien también su lengua materna, en igualdad de condiciones que el catalán.

Es consciente de que es un trabajo «de picar piedra», de conseguir pequeños avances «y poco a poco». Aunque la realidad es que, por ahora, los centros escolares hacen todas las asignaturas en catalán menos la asignatura propiamente de lengua y de literatura castellana. Eso es así excepto en las escuelas en las que se aplican las medidas cautelares relativas al 25 % de español. Y ahí Jordi se acuerda del consejero de Educación, Josep González Cambray, que ha hecho lo imposible para que no cumplan. Ha aprobado la Generalitat, y también el parlamento catalán, normativas parra que resulten inaplicables los porcentajes en la enseñanza de lenguas, y, por lo tanto, no tenga que obedecer a los tribunales. Recuerda Jordi que el consejero dijo que «en ningún centro de Cataluña se aplicaría ese 25 %. Pues mira, se lo ha tenido que comer».

Y también deja claro que todos los directores no han tenido más remedio que obedecer también «porque les iba el cargo». Jordi no duda de que van a seguir intentando ponerles trabas, «pero soy optimista y conseguiremos que haya más español, seguro». Además, ahora hay otra vía que han abierto los tribunales. Y es que en las últimas sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha dictado sobre esta cuestión, ya no menciona en ningún momento porcentajes, sino que siempre se ha referido a «una o unas asignaturas troncales en español». Aun así, encuentra muy triste que tengan que ser los jueces «los que le digan a la consejería que las dos lenguas deben estar en igualdad de condiciones en los centros escolares, y que no sea el propio departamento el que respete los derechos de todos los estudiantes y de todas las familias».

También dice Jordi que no hay más familias que reclaman ese derecho «por miedo a las represalias». Él deja claro que «hay que seguir luchando. El camino no es fácil, pero hay que tirar para adelante, por todos los niños, para que tengan este derecho, aunque haya consecuencias por el hecho de enfrentarse a un gigante como lo es la Generalitat. Claro que nos surgen dudas cada vez que dejamos a nuestros hijos en el colegio, porque visto el talante de esta gente no sabemos cómo van a actuar con nuestros hijos. Pero hay profesores y directores que son profesionales. Yo he tenido suerte. Reconozco que otros, no».