Las oposiciones de Colau, a juicio

Nuevo revés judicial para Ada Colau. Si durante el pasado mes de marzo, la alcaldesa tuvo que acudir al Juzgado de lo Penal para declarar como acusada de prevaricación y malversación por conceder subvenciones a entidades afines, así como por un presunto delito de prevaricación y coacciones contra el fondo inmobiliario Vauras Investment, este fin de semana se ha conocido la admisión a trámite de una nueva querella contra la edil de Barcelona, quien presuntamente habría ejercido presiones (delito de coacciones) contra la inmobiliaria Juninmo para evitar el desahucio de un inquilino considerado vulnerable y que finalmente no se produjo por el acuerdo entre la propietaria del inmueble y el vecino.

A estos tres procedimientos se suma la querella impulsada por el exarquitecto jefe de Barcelona, Josep Antoni Acebillo, que acusa a la alcaldesa de malversación y delito urbanístico por el proyecto de «superilles» del Eixample, siendo por tanto cuatro las causas penales abiertas contra Ada Colau cuando apenas falta un mes para las elecciones municipales.

Sin embargo, su actuación de la alcaldesa no está siendo únicamente cuestionada por los Juzgados Penales. Esta semana también se ha conocido que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona ha puesto bajo lupa el procedimiento de selección de personal que el Ayuntamiento convocó para presuntamente convertir en funcionarios a cargos de libre designación de la alcaldesa.

La Asociación de Juristas Catalanes en defensa del Estado de derecho y la libertad («Llibertats»), que ya cuestionó la designación de los miembros de la Comisión de Selección responsable del procedimiento –pues «vulneraba el régimen de incompatibilidades, en tanto dicha Comisión está formada por altos cargos del Gobierno municipal que deben su cargo a personas a las que se ha dado acceso a la bolsa de trabajo municipal» y que ya tiene fecha de juicio (abril de 2025)–, también puso en entredicho la lista definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo, donde, además del Concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia –que se vio obligado a renunciar por el escándalo generado–, había hasta 27 miembros de confianza designados por los Comunes (entre otros, Enrique Gornés, jefe de gabinete de Eloi Badia; Tatiana Guerrero, asesora municipal y pareja de Badia; Vanessa Valiño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda; Marc Rius, jefe de gabinete de la Segunda Teniente de Alcalde, etc.).

El juzgado, tras apreciar que el procedimiento podría incurrir en posible desviación de poder, además de incurrir en una grave vulneración del principio de igualdad en el acceso al empleo público, ha admitido a trámite el recurso y fijado la celebración del juicio para el 11 de abril de 2026, prueba, sin duda, del colapso que sufren los juzgados de la capital catalana, y que obligarán a que los barceloneses sigan pagando las hipotecas y favores de Colau mucho más allá de las elecciones municipales.

Y es que, si como vaticinan las encuestas, Colau pierde la alcaldía el próximo mes de mayo, la hasta ahora edil seguirá con numerosas causas judiciales abiertas, penales, administrativas y de otra índole, que obligarán a que los ciudadanos sigan pagando los gastos judiciales en que el Ayuntamiento habrá de incurrir para defender las causas perdidas de Colau.