La caída de Colau en los últimos cuatro años

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no se encuentra precisamente en su mejor momento para hacer frente a las elecciones municipales. Es lo que se desprende de los datos del último barómetro municipal, de diciembre del año pasado. Entonces, dos de cada tres barceloneses consideraba que la ciudad había empeorado el último año, y la mitad de los ciudadanos consideraba como «mala» o «muy mala» la gestión del gobierno municipal, formado, recordemos, por los comunes y el PSC. Cuatro años antes, esa cifra era algo más baja. Un 43 % de los barceloneses creía que la gestión era mala.

También la valoración de la alcaldesa ha ido cayendo a lo largo de los años. Así, por ejemplo, Ada Colau empezaba su mandato en 2019 con 4,7 de valoración, y lo deja con un 4,1 sobre 10, la peor nota desde que ocupa el cargo (en este caso, datos del barómetro de junio de 2022). Para los barceloneses, la inseguridad es el principal problema de la ciudad. Así lo veían en 2019 y a finales del año pasado. Hace cuatro años a los ciudadanos les preocupaba también el encaje de Cataluña en España, otros aspectos políticos y el acceso a la vivienda. En 2022, cuando los ecos del proceso independentista ya son más lejanos y la pandemia parece que se ha quedado atrás, la limpieza, el acceso a la vivienda, la propia gestión municipal y la gestión del tráfico aparecen como los principales problemas.

Inseguridad

La inseguridad sigue liderando la principal preocupación de los barceloneses. El 24,8 % de los vecinos la sitúan como el problema más grave de Barcelona, la cifra más alta desde 2019. Cuando Colau llegó a la alcaldía, en 2015, ocupaba el quinto lugar. Desde el Ayuntamiento rechazan la imagen de que Barcelona sea una ciudad insegura. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, llegó a asegurar que no hay inseguridad en Barcelona, sino una estrategia de determinados grupos para dar la imagen de que la ciudad es insegura. Pero los datos están ahí.

Si tenemos en cuenta las seis grandes ciudades de España – Madrid, Barcelona Sevilla, Valencia, Málaga y Zaragoza–, la capital catalana se encuentra en segunda posición, sólo superada por Madrid, como la ciudad en la que más infracciones penales se cometen, aunque el crecimiento ha sido mayor que en la capital de España. Han aumentado un 35% en Barcelona frente a un 24 % de Madrid.

Hay que tener en cuenta que 2019 fue un año catastrófico para Barcelona en cuestión de seguridad, y que en 2020 y 2021 aún estaban en vigor medidas para frenar la pandemia. Pero lo cierto, es que en 2022 las cifras se acercan a las de tres años atrás y se registró un aumento importante de los delitos contra la libertad sexual, los relacionados con el narcotráfico, lesiones y riñas tumultuarias.

Yendo más al detalle, y según datos aportados por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, el año pasado se registraron 171.500 delitos contra el patrimonio –sobre todo hurtos, robos con fuerza y robos con violencia–, muchos más que los de 2021 (casi 128.000) y 2020 (116.776). En 2019 se registraron 209.000. Pero lo cierto es que el año pasado se denunciaron, cada día, casi medio millar de robos o hurtos en Barcelona.

El 24,8 % de los vecinos sitúan la inseguridad como el problema más grave de Barcelona, la cifra más alta desde 2019

También suben las agresiones o abusos sexuales, y lo hacen de forma importante, un 18,4 % en el último año, según datos de Mossos y de Guardia urbana. Y en relación a los últimos cuatro años, ese incremento ha sido del 27 %. Y ahora también hay un fenómeno que preocupa especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: el uso de armas blancas. De hecho, los Mossos han activado el plan Daga, destinado a controlar el uso y tenencia de este tipo armas, que se detectan cada vez con mayor frecuencia en peleas en la vía pública. Desde 2019 se ha incrementado un 10 % las lesiones por culpa de agresiones con armas blancas en Barcelona. Y la ciudad acumula una cuarta parte de los incidentes con este tipo que se registran en Cataluña.

Y tampoco ayuda el amparo que a menudo se ofrece desde el Ayuntamiento de Barcelona al colectivo okupa. Desde el Consistorio se ha llegado a financiar una guía que facilita esta práctica. También el Gobierno de Colau ha destinado unos 40.000 euros para arreglar el local okupado de Tres Lliris, en Gracia. Y hay determinados puntos de la ciudad donde la ocupación ilegal está provocando auténticos quebradores de cabeza. Es el caso de Can Vies, o de los dos edificios okupados de la calle Sant Joan de la Salle, en la Bonanova, que han amenazado con quemar el barrio si los desalojan.

Limpieza

Las críticas a la dejadez y la suciedad de Barcelona obligaron a la alcaldesa, tras la pandemia, a preparar un plan de choque para mejorar el aspecto de la ciudad. Y es que cuando los ciudadanos volvieron a la normalidad después del verano de 2021, y una vez pasados los meses más duros de la pandemia, se encontraron con una ciudad dejada, con restos de comida aquí y allá, más pintarrajeada, con bolsas de basura amontonadas y con las papeleras desbordadas.

El Ayuntamiento anunció un plan de choque con una inversión de 70 millones de euros para un plan de limpieza integral, que se prolongará hasta este año. El objetivo era actuar en 350 puntos críticos que estaban en peores condiciones que el resto. Estamos hablando, por ejemplo, del Pou de la Figuera y alrededores, en Ciutat Vella; del área del mercado de Sant Antoni y las calles Manso y Parlament, en el Eixample; la plaza Roja de Nou Barris o la plaza de la Trinitat, en Sant Andreu. El nuevo contrato de limpieza suponía un incremento del presupuesto medio del 14 % y de 400 personas más en plantilla. Se destinarán 2.300 millones de euros en este concepto en ocho años, o lo que es lo mismo, 122 euros anuales por cada barcelonés. Pero, aun así, los ciudadanos no acaban de ver los cambios prometidos.

De hecho, la alcaldesa de Barcelona negaba estos problemas, pero el entonces primer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, pedía disculpas a los ciudadanos porque efectivamente Barcelona estaba sucia: «Espero que en los próximos meses esto se vaya percibiendo de una forma más clara por parte de la ciudadanía, y creo que en los casos en que eso no se ha producido tenemos que pedir disculpas». También decía que «cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar una ciudad, tiene que reconocer cuando las cosas van bien y cuando no van tan bien».

Y en Sant Andreu, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha la recogida de basura «puerta a puerta». ¿En qué consistía el sistema? Los vecinos dejaban unas bolsas homologadas, con chip identificado, entre las ocho y las diez de la noche para que el camión de la basura se las llevara.

El problema es que no se recogían todos los días los mismos residuos. Y los orgánicos, por ejemplo, se recogían tres días a la semana, el plástico, dos y el papel, uno. ¿Resultado? Bolsas de basura amontonadas, ya sea porque los vecinos salían a deshora o porque los operarios no cogían los residuos que no correspondían. En definitiva, problemas de salubridad. Por este motivo, el Ayuntamiento ha decidido parar este sistema y no extenderlo a otros puntos de la ciudad como era su objetivo. De hecho, el Consistorio ha reconocido que la cantidad de basura que se ha arrojado fuera de los puntos de recogida creció el año pasado. Se pasaron de 3 a 5 toneladas semanales.

Vivienda

Ada Colau prometió en 2015 crear «8.000 nuevos pisos de alquiler social», y según datos del propio Ayuntamiento, el parque municipal ha ganado la mitad. El pacto de gobierno con el PSC en 2019 contemplaba la construcción de 1.500 pisos al año. Tampoco se ha cumplido. Para intentar mejorar esta situación, el consistorio ha llevado a cabo políticos que a menudo han estado en el ojo del huracán.

Es el caso, por ejemplo, de la obligación de reservar un 30 % de las nuevas promociones a vivienda de protección pública. También están afectadas las fincas que lleven a cabo una reforma integral. En 2018, el Consistorio calculaba que así conseguiría unas 330 viviendas sociales cada año. Pero el resultado no ha sido el esperado, y a finales del año pasado sólo se habían conseguido por esta vía ocho.

La alcaldesa de Barcelona también insiste en aplicar medidas para que se limite el precio del alquiler, a pesar de que esta estrategia no ha funcionado en Cataluña. Se ha conseguido el efecto contrario precisamente. Según datos del portal inmobiliario Idealista, el alquiler se disparó en la capital catalana más de un 25 % el año pasado y se redujo la oferta. Y según otro estudio de ESADE, la limitación de precios sólo benefició a las viviendas más caras (que bajaron un 5 %), mientras que subieron las más baratas.

El Ayuntamiento también ha optado por otras soluciones rápidas para incrementar el número de viviendas sociales, sobre todo destinadas a los alojamientos provisionales. Se han utilizado contenedores o madera para construir edificios en diferentes puntos de la ciudad.

Movilidad

También se ha visto reflejado en la última Encuesta de Servicios Municipales. Preocupa, y mucho, a los barceloneses varias problemáticas relacionadas con esta cuestión: la congestión de tráfico, las infraestructuras, la gestión y organización del tráfico o la circulación de bicis y patinetes. Circular por Barcelona se ha convertido en una carrera de obstáculos, dicen muchos vecinos y comerciantes.

Ahí está el problema del urbanismo táctico del Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de ganar más espacio para el peatón dejando para los vehículos sólo un carril en algunas calles importantes de Barcelona, como, por ejemplo, en Consell de Cent. ¿Y cómo se ha hecho la delimitación de estos espacios? Se ha pintado la calzada con rayas o dibujos de colores (rojo, azul, amarillo, verde o blanco); también se ha llegado a pintar una especie de mini pista de atletismo, o se han instalado bloques rectangulares de cemento que han sido denunciados por su peligrosidad. Eso, además de las vallas New Jersey que se han usado para delimitar las nuevas terrazas. Y todo ello ha convertido algunas de las calles y cruces de la ciudad en un auténtico galimatías de señales, rayas y pintura de colores. Y a esto hay que añadir la presencia de carriles bici más la circulación de vehículos.

Y la gota que colmado el vaso es su proyecto estrella, el de las llamadas ‘superilles’, especialmente la del Eixample, un proyecto de gran alcance que prevé cambios en las calles Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell y Girona para hacer más ejes verdes. Eso de entrada, porque la idea de Colau es que cuando esté completada toda la reforma se ganen unos 58.000 metros cuadrados para el peatón. Las obras ya están en marcha en Consell de Cent, que se va a peatonalizar, aunque la medida no convence a muchos vecinos de la zona, porque consideran que se van a crear calles de primera, en las que no habrá tráfico; y de segunda, que tendrán que soportar todo ese tráfico que se elimine de las otras vías.

Este proyecto ya le ha costado a la alcaldesa tres querellas, si bien dos de ellas han sido archivadas. El juez ha admitido a trámite una tercera, que ha presentado, entre otros, el que fuera arquitecto municipal de Barcelona en época de Pasqual Maragall, Josep Antoni Acebillo. Denuncia que Colau se está «cargando» el plan Cerdà, además de que va a convertir esta zona del Eixample en una suerte de «ciudad dormitorio» sin prácticamente actividad económica.

Pero el teniente de alcalde Jordi Martí, lo dejaba claro: «Hay que dificultar el uso del coche» en Barcelona. Y es lo que está haciendo el Ayuntamiento con reformas en varios puntos de la ciudad, como en Via Laietana, o la de las ‘superilles’ que lo que hace es, precisamente, reducir el número de carriles destinados al vehículo privado. Y otra muestra de la intención de Colau: ha fichado como número 4 de su lista a Guille López, líder de la plataforma vecinal Eixample Respira y que pide limitar el uso del coche en esta zona de Barcelona.

La alcaldesa del 'no'

El Gobierno municipal de Barcelona es el de la política del 'no': 'no' al turismo, 'no' a la apertura de hoteles, 'no' la ampliación del aeropuerto, 'no' al proyecto del Hermitage, 'no' a los cruceros. En este punto, hay que destacar las propuestas de Ada Colau para que, en el caso de los cruceros, Barcelona sea un puerto base y no de paso, es decir, evitar las escalas. Y también ha propuesto eliminar los vuelos de corto radio que tengan una alternativa en tren. Todo ello, en aras del medio ambiente.

También ha intentado frenar a los hoteleros. Nada más llegar a la alcaldía ya aprobó una moratoria para construir nuevos hoteles. También ha perseguido a los pisos turísticos y recientemente ha mostrado su clara oposición a dos proyectos importantes para la ciudad: la ampliación del aeropuerto del Prat y el proyecto del Hermitage en el puerto de Barcelona.

En medio de todos estos proyectos fallidos, sí hay que destacar la celebración de la Copa América de Vela en Barcelona en 2024, aunque la alcaldesa no es una entusiasta de los grandes eventos. Pero es que el retorno para la ciudad puede ser de casi mil millones de euros.