Los frentes judiciales de la alcaldesa de Barcelona

Falta poco más de un mes y medio para las elecciones municipales y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tiene abiertos tres focos judiciales: uno en relación a las llamadas 'superilles'; otro por subvenciones a entidades afines y el tercero por presuntas coacciones al fondo inversor Vauras, propietario del Bloc Llavors. La alcaldesa ha denunciado que detrás de la mayoría de denuncias que ha recibido están los lobbies y las grandes empresas, que siguen este «patrón», según ella, «hacen un mal uso del sistema judicial» para evitar que el equipo de gobierno municipal lleve a cabo unas políticas que les molestan.

'Superilles'

Hace sólo un par de semanas, el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona decidió admitir a trámite una querella contra la alcaldesa de Barcelona y contra la teniente de alcalde de urbanismo, Janet Sanz, por un delito de urbanismo y otro de malversación, por las llamadas 'superilles' del Eixample, el proyecto estrella de Ada Colau. La prueba de la importancia que le da la alcaldesa, es que ha forzado los tiempos para que las obras estén acabadas antes de las elecciones municipales. Y a falta de una inauguración oficial, celebró el pasado 25 de marzo una «fiesta» de les 'superilles', aunque las máquinas sigan trabajando. Un acto que la oposición criticó por electoralista.

Detrás de esta querella están Josep Antoni Acebillo, que fue arquitecto jefe del consistorio durante la etapa de Pasqual Maragall como alcalde, y los abogados Francesc Jufresa y Ferran Grasas. Se da la circunstancia de que el juez admitió a trámite esta querella pocos días después de que la fiscalía archivara la denuncia de los mismos querellantes y de la plataforma Salvem Barcelona. De momento, no se ha fijado ninguna fecha para la declaración de Colau ni de la teniente de alcalde.

En el escrito, los querellantes dicen que Colau ha podido cometer «una infracción normativa manifiesta de la ley del suelo que puede tener efectos devastadores», tanto para particulares, como para comercios en general, e incluso, generar «problemas de accesibilidad a los propios domicilios de servicios básicos». En la denuncia se dice que esta situación puede afectar al erario público «porque sólo en concepto de arrancado del asfalto y su eventual reposición» superaría unos gastos de 100 millones de euros.

Por este motivo, piden que se paralicen de forma cautelar las obras, para evitar que se consumen los delitos y los perjuicios que se puedan causar. Los dos abogados y el exarquitecto municipal denuncian que se está «transformando sustancialmente, por no decir eliminando, unas vías públicas esenciales de la ciudad». Y es que efectivamente, se está procediendo a la peatonalización de algunas calles, lo que elimina la circulación de vehículos por estas calles. Y estos cambios, a su juicio, requieren la modificación del Plan General Metropolitano.

Coacciones a un fondo de inversión

A mediados de marzo Colau sí tuvo que declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona por presuntas coacciones al fondo de inversión Vauras. Sólo unos días antes también lo hicieron dos concejales del consistorio, Lucía Martín y Marc Serra, y una funcionaria. En la querella presentada por la empresa, se explica que, en dos reuniones, en octubre de 2019 y febrero de 2020, los dos concejales y la funcionaria habrían presionado al fondo para que cediera viviendas sociales a cambio de no paralizar determinadas licencias de obras o desbloquear las que ya tenía paralizadas en otros inmuebles de la ciudad. Según la querella, estas denegaciones o cambios serían consecuencia de no haber cedido pisos sociales en el 'Bloc Llavors' o no haber ofrecido un alquiler social a seis familias, que según Vauras, no habían podido acreditar su vulnerabilidad. Lo cierto es que el consistorio sancionó con 427 mil euros al fondo inversor.

La alcaldesa negó ante la juez que interviniera en los procesos sancionadores contra el fondo inversor, de la misma forma que tampoco intervino en concesiones de licencias a la empresa, ni participó en reunión alguna con los representantes de Vauras. Colau también negó, a preguntas de la fiscalía, que hubiera dado instrucciones a los Mossos, a través del que fuera consejero de Interior, Miquel Buch, para entorpecer el desahucio del 'Bloc Llavors'. También negó que diera indicaciones a los Servicios Sociales para intervenir en el procedimiento y que los expedientes sancionadores a Vauras los tramitó el Instituto Municipal de Vivienda a propuesta de los servicios jurídicos.

Una declaración ante el juez que le sirvió a Colau para apuntar en otra dirección, hacia el Gobierno, y especialmente contra la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que acusó de ser «portavoz de los lobbies inmobiliarios», y, por lo tanto, de «querer descafeinar» al máximo la ley que limita los precios del alquiler, o de paralizar su tramitación. De hecho, hizo un llamamiento al presidente Pedro Sánchez, para que «cumpla su palabra» y «ponga orden en esta selva inmobiliaria». En definitiva, ha dicho, que «demuestre que el presidente es él, y no la señora Calviño o el señor Clos» y garantice el derecho a la vivienda y proteja a los más vulnerables.

Subvenciones a entidades afines

La alcaldesa de Barcelona tiene otro frente judicial abierto, la causa por la concesión de subvenciones a entidades afines. La Audiencia de Barcelona ordenó que se reabriera la investigación al entender que la alcaldesa pudo cometer un delito de prevaricación al permitir que se otorgaran ayudas de forma directa a entidades como la plataforma de Afectados por la Hipoteca, el observatorio DESC o la Alianza contra la Pobreza Energética, sin estar debidamente justificadas. En algunas de estas organizaciones, Colau no sólo colaboró, sino que también trabajó. Todo ello responde a una querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, y que cifra la presunta malversación en 80 millones de euros.

Colau tuvo que declarar en los juzgados por esta cuestión. Entonces, defendió su gestión. Aseguró que estas ayudas públicas ya se daban antes de que ella entrara en el Ayuntamiento y que, en cualquier caso, no las tramitaba. También explicó que el secretario general del consistorio tampoco vio nada ilegal por el hecho de que Colau se abstuviera en la votación para aprobar estas subvenciones, precisamente porque ella no intervino en su tramitación.

Lo cierto es que el juez decidió archivar la causa al considerar que la alcaldesa había delegado parte de sus funciones, como la concesión de subvenciones a otros cargos municipales y no constaba que ella hubiera dado indicaciones en relación a esta cuestión. Sin embargo, en noviembre, la Audiencia ordenó al juez instructor que siguiera la investigación contra Colau.

Y todo ello sin olvidar que el juicio que tiene pendiente la alcaldesa por las oposiciones para colocar a altos cargos municipales y afines a su partido. Se celebrará en 2025. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona admitió a trámite un recurso de la asociación Llibertats contra estos procedimientos de selección de personal impulsados por el Ayuntamiento. Procesos a los que se presentaron personal de confianza de Ada Colau y otros cargos afines a los comunes. En total, 17 personas. La magistrada ha fijado el juicio para el 2 de abril de 2025. El ayuntamiento deberá aportar el expediente administrativo quince días antes de la celebración de la vista.