Más presión para los profesores universitarios de Cataluña para que usen el catalán

Desde hace ya algunos meses, los profesores de las universidades catalanas están recibiendo comunicaciones en las que se les insta a acreditar que disponen el nivel C1 de catalán para poder obtener una plaza permanente o para poder promocionar. Es la medida que tomó la consejería de Universidades para «proteger» el catatán ante su «retroceso», en palabras de la entonces responsable del departamento, Gemma Geis. Se prevén algunas excepciones, como, por ejemplo, para el profesorado visitante, el emérito y el profesorado honorario, y también para los profesores que sólo hagan investigación o docencia en lenguas extranjeras.

«Me pongo en contacto contigo sobre el requisito de competencia en lengua catalana que tienes que acreditar». Así empieza un correo que han recibido profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y en el que se les recuerda que en base a la Ley de Política Lingüística, y el decreto sobre la acreditación de conocimiento lingüístico del profesorado de las universidades del sistema universitario de Cataluña «se establece que el profesorado permanente de las universidades catalanas tiene que demostrar el nivel C1 de competencia en lengua catalana en el momento de obtener una plaza permanente, o bien en el plazo posterior de dos años».

Como decíamos, ese correo que mencionábamos es de la Autónoma de Barcelona, y este de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC): «Iniciamos una campaña, hasta el 17 de marzo de recogida de certificados de catalán e inglés de todo el PDI». También se les explica a los docentes en el mensaje qué certificados tienen validez acreditativa y que estos documentos se incorporarán «a la base de datos del personal».

Más catalán, más financiación

Esta misma universidad, por cierto, envió otro mensaje a los docentes en el que se les venía a insistir en la importancia de dar más clases en catalán, pero por un trasfondo económico: más catalán, más dinero. En concreto, se decía: «Por favor, es importante que reflejemos la realidad, ya que el presupuesto que recibimos en parte está relacionado con el idioma de impartición». Y acto seguido se recordaba «el compromiso por parte de las universidades catalanas de incrementar la docencia de grados en catalán para alcanzar el 80 % en 2025». Este era un «encargo» que llegaba directamente desde el Vicerrectorado de Calidad y Política Lingüística de la UPC, según reconocía la dirección de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de Castelldefels, que envió el mail.

Y los profesores de la Universidad Pompeu Fabra también han recibido su correspondiente correo electrónico, que va en la misma línea: «El 27 de mayo la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña, de la que forman parte todos los rectores de las universidades catalanas, aprobó el Plan de Fortalecimiento de la Lengua Catalana en el Sistema Universitario y de Investigación de Cataluña. Entre otros acuerdos, se incluye el acuerdo por el que desaparece la asimilación como vía para cumplir con el requisito de acreditar el nivel de competencia lingüística en catalán y sólo se podrá acreditar la suficiencia lingüística mediante títulos y pruebas oficiales».

Son sólo algunos ejemplos, y se podría seguir hasta completar la ronda en todas las universidades públicas catalanas. «Es parte de una política que hace años que se está produciendo. Ya hemos recibido comunicaciones en los últimos tiempos, pero no es nada nuevo», nos dice Juan Carlos Aguado, profesor de la UPC. Este docente nos recuerda el mail que recibieron hace unos meses en el que ya se intuía una «presión sutil» para que utilizaran el catalán porque «se venía a decir que si dais las clases en catalán recibimos más dinero, y si no lo hacéis, recibiremos menos».

En cualquier caso, Aguado dice que se trata de una política «contradictoria» la de los rectores, que han aprobado declaraciones defendiendo, por un lado, la inmersión lingüística y que no se apliquen porcentajes en educación primaria o secundaria, pero, en cambio, «aprueban planes para pasar de un 70 % en la educación superior, al 80 % de catalán».

Medida «injusta y discriminatoria»

Aguado posee el nivel C1 de catalán y el C2 de inglés. De hecho, es en esta última lengua en la que imparte habitualmente sus clases. Él sí ha presentado el certificado de inglés porque «tiene sentido, porque no es una lengua obligatoria» y, porque en su caso, «me lo saqué hace muchos años, antes incluso de estar en la universidad, y es normal que no lo tengan». En cambio, no ha enviado el de catalán. Nos dice que se ha negado a mandarlo «porque me parece discriminatorio e injusto, porque no se pide lo mismo para el castellano», lo que, a su juicio, «es otra forma implícita y sutil de decir que la tendencia es que todo se tiene que hacer en catalán y, si no, no se puede dar docencia. No se ha llegado a este punto, pero la idea es llegar ahí», precisa.

Para este profesor de la UPC es evidente que se pide el certificado por «presión social» y como advertencia a los docentes: «Los profesores que no sois permanentes estáis en riesgo de perder la plaza; y también los que podríamos promocionar, porque teóricamente es obligatorio el certificado. Yo lo tengo, no me preocupa, pero me parece injustificable pedir eso». Por este motivo, es más partidario de que se exijan «conocimientos pasivos». Es decir, «si un alumno pide intervenir en catalán está en su derecho y debemos entenderle, pero no pedir un nivel C1, que es un nivel bastante alto. Él está en su derecho y nosotros también de responderle en el idioma que sea de nuestra elección». Es lo que recoge el Estatuto de Autonomía, que recoge que profesores y alumnos pueden utilizar la lengua que prefieran, por lo que sería suficiente comprender al otro.

Pero para Aguado, la cuestión de la lengua se ha acabado convirtiendo en una «visión política que se intenta imponer». Después del fracaso del «intento de secesión», explica, «se intenta mantener la tensión: el nacionalismo, agrupado bajo la bandera de la lengua».

Malo para la enseñanza y el catalán

Para Miquel Viñas, Catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UB, lo «curioso» de la situación es lo mal que está evolucionando esta cuestión de la lengua. De entrada, porque desde el punto de vista social cree que en general «no hay conflicto lingüístico» y «la mayoría pasamos del castellano al catalán sin dificultad y casi de modo inconsciente». Pero en la universidad, añade, están sometidos a dos tipos de «presión» que, a su juicio, son negativas desde el punto de vista académico, pero también para el catalán.

Para Viñas, «colocar un listón relativamente alto de catalán, como el C1, en el que hay cosas muy complicadas gramaticalmente, obliga a los profesores nuevos a hacer un esfuerzo grande para estudiarlo y no hacer en esas horas lo que deberían hacer, que es investigación y docencia». Eso de entrada, porque luego está la posibilidad de que no se consiga el efecto deseado y se llegue a la «desafección». Para este catedrático, «cuando se quiere defender algo, lo mejor es que la sociedad lo vea como algo positivo, y no como una imposición a cara de perro».

«Imagen demoledora»

Y toda esta situación también acaba perjudicando la imagen de las universidades catalanas. Viñas recuerda que la Generalitat apadrina un programa denominado Serra Húnter, para la captación de talento. La mayoría del tribunal, cuenta, está formado por catedráticos o profesores de universidades de otros países. Y la mayoría de profesores que ganan una plaza, las personas seleccionadas, no son españolas. Entonces, explica, «traemos a un señor extranjero con un currículum extraordinario para que haga investigación, esencialmente, y algo de docencia. Pero le obligamos a aprender el catalán, con lo que se dedica dos o tres años a estudiarlo, porque su continuidad en el puesto de trabajo depende de tener el nivel en lengua catalana. Imagínese la imagen que damos en el mundo, es absolutamente demoledora. En el resto del mundo, se tiende a usar menos las lenguas locales y más a usar el inglés, que es la lengua franquicia, al menos en ciencia».

Y lo mismo pasa con los estudiantes extranjeros, con los Erasmus. El catedrático de la UB recuerda que normalmente estos alumnos «van a España a estudiar» y, por lo tanto, «muchos saben castellano suficiente para seguir un curso, pero pocos o ninguno catalán. Y cuando tienes estudiantes de estos te piden castellano. Y curiosamente con los estudiantes nunca hay problemas, al menos en mi entorno. No hay absolutamente ningún conflicto lingüístico, salvo el que quieren crear».

Y otro problema de las universidades catalanas para Viñas es la «confusión» que se ha generado en relación a los claustros, algo que para este profesor ya hace tiempo que se viene produciendo, pero ahora «se ha llegado al summum porque el claustro se dedica a organizar soflamas o pronunciamientos públicos sobre cuestiones del ámbito político con el que una parte importante de la comunidad universitaria no está de acuerdo. Y no se puede decir la universidad tal se pronuncia a favor de un determinado posicionamiento, porque la universidad no tiene opinión, sino sus miembros». En cualquier caso, Viñas deja claro que los claustros «no son organismos de representación política, sino órganos colegiados de gobierno y su función es ayudar al rector a gobernar la universidad, y si el rector no lo hace bien llamarle la atención».

Temor de los docentes sin C1

Muchos profesores universitarios muestran su hartazgo en privado con las políticas lingüísticas de la Generalitat. «Hay mucho malestar» que manifiestan, como decíamos, en privado, pero no en público, especialmente los que no cuentan con el C1 de catalán «por temor a las implicaciones que esto pueda tener. No solo los laborales, sino también muchos funcionarios que tienen sus lógicas aspiraciones de ascenso profesional», nos explica la profesora de Comunicación de la UAB y portavoz de Universitarios por la Convivencia, Isabel Fernández Alonso.

Para esta docente, «resulta particularmente inaudito que se reclame el C1 a docentes que han obtenido su plaza hace años y jamás han tenido problemas por motivos lingüísticos. ¿Cuál es el fundamento jurídico de esta, normalmente sutil, petición?», se pregunta. Para Fernández Alonso, «lo que parece evidente es que estos delirios identitarios van a generar el efecto contrario al que persiguen sus impulsores. Cada vez observamos más casos de profesores que impartían sus clases en catalán y, debido a esta presión, han optado por anunciarlas en español. Así las cosas, la nueva estrategia es condicionar la financiación de las universidades a que se impartan más horas en catalán». Eso último, por ejemplo, es lo que se reconocía desde la dirección de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de Castelldefels.