La amnistía que exige Puigdemont para investir a Sánchez afecta a 3.301 personas

La lista de peticiones que Puigdemont, ERC, Bildu, Sumar, BNG y PNV realizan a Pedro Sánchez a cambio de su investidura no para de crecer, pero entre las más llamativas está la exigencia de Junts y ERC de una amnistía. Según la información de VozPopuli, el PSOE habría admitido este viernes que la amnistía forma ya parte de las negociaciones.

La petición de los socios independentistas de Sánchez se basa en su posición política de que la justicia española está politizada y que los jueces son todos de derecha o incluso de ultraderecha y que sus decisiones son prevaricantes y tienen por objetivo frenar los legítimos anhelos de libertad del «pueblo catalán y vasco».

Este argumentario, que ha sido comprado ante el pasado por Podemos, luego por Sumar y al que el PSOE se ha sumado poco a poco con entusiasmo indisimulado, lleva a los independentistas a suponer que ha habido una conspiración político-policial-jurídica para perseguir a miles de ciudadanos solo por su ideología y ahora, en consecuencia, para votar la investidura de Sánchez los independentistas exigen «acabar con la represión y una amnistía».

Puigdemont y Aragonés pretenden que se decrete sobre la imaginaria idea de la persecución política para dar el 'sí' a la investidura de Sánchez. Òmnium Cultural realizó un informe que afirma que hay «3.000 represaliados». Laura Borràs en un discurso cuando aún era presidenta del Parlament, cargo del que fue removida por una condena de corrupción pero que Ómnium incluye entre los represaliados, en concreto la cifra en 3.301 personas perseguidas por su ideología.

No todas las personas incluidas en la lista de Òmnium tienen causas pendientes con la justicia, con lo cual no todas ellas estarían afectadas por una posible amnistía fruto de un acuerdo entre Pedro Sánchez y Junts. En realidad, si repasamos los datos, son solo un ínfimo porcentaje del dato sobredimensionado que usa el independentismo con el objetivo de presentar a España como un país totalitario y nostálgico del franquismo.

La idea de la amnistía no es nueva. Junts presentó en el Congreso de los diputados la pasada legislatura una proposición de ley de amnistía en cuya exposición de motivos afirmaba que «en noviembre de 2020 había 2.800 personas que han estado encausadas o lo continuaban estando por algún delito que se deriva de la participación en actos relacionados con el 9 de noviembre de 2014 o el 1 de octubre de 2017». La cifra que Junts elevó a propuesta legislativa incluye a las personas que participaron en actos de movilización o protesta previos o posteriores al referéndum.

La lista es exagerada dado que la misma incluye a personas ya absueltas, así como a más de 1.000 presuntos heridos sin ninguna causa legal pendiente. Òmnium informó en su momento que la lista de presuntos represaliados está realizada en coordinación con la oficina de derechos civiles de la Generalitat de Catalunya y de la Sindicatura de Greuges (el defensor del pueblo de Cataluña), todas ellas instituciones interesadas políticamente en alimentar el relato exagerado e hiperbólico de que en Cataluña había habido una actuación policial desmesurada y una justicia desbocada persiguiendo a ciudadanos libres que solo manifestaban en público su ideología.

La lista de Ómnium que Junts quiere utilizar para base de negociación con el PSOE también incluye 308 personas detenidas entre septiembre y octubre de 2017, pero no hay datos sobre cuántos de ellos tienen aún alguna causa abierta. La lista incluye casos como concejales de la CUP que se negaron a ir a declarar por ceder locales municipales, personas detenidas frente a la Consejera de Economía durante el asedio liderado por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, una vecina de Viladecans ya absuelta y 241 personas detenidas por las protestas posteriores a la sentencia del procés en 2019, y también a 21 detenidos por la operación Volhov, un caso de corrupción y blanqueo de capitales en el que están presuntamente implicados lideres de Tsunami Democràtic como Xavier Vendrell, ex líder del Movimet de Defensa de la Terra, el brazo político de la banda armada ya disuelta Terra Lliure, y posteriormente ex secretario autonómico de la Generalitat por ERC, persona muy vinculada a Petro, el actual presidente colombiano.

La lista también de Òmnium es inacabable e incorpora casi 200 personas identificadas por los cortes de la autopista AP7 a la altura de la frontera con Francia tras la sentencia del procés. Òmnium también incluye en la lista 712 alcaldes a los que el fiscal general del Estado pidió que se investigara por presunta cooperación en la organización del referéndum ilegal. La mismísima Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), otro organismo de propaganda del independentismo, reconoció que la mayoría de diligencias contra esos alcaldes ya han sido archivadas. Es más, frente a las denuncias de represión, la AMI afirma que en realidad solo 78 de los alcaldes, un 10,9% fueron investigados y de ellos 62 casos ya han sido archivados.

El único alcalde condenado por el referéndum ilegal del 1 de octubre fue el de Agramunt (Lérida), los otros han sido absueltos, como el caso de la alcaldesa de Roses y en otros casos las querellas han sido archivadas.

Entre los represaliados, Junts y Òmnium incluyen a los consejeros autonómicos afectados por la reclamaciones económicas que ascendían a 4,1 millones de euros por los gastos de celebración del 1-0, pero en este caso tampoco hay represión alguna, dado que el propio Òmnium reconoce que la llamada «Caixa de solidaritat», una cuenta corriente en la que la población simpatizante del separatismo podía aportar dinero, cubrió esa cantidad.

En definitiva, Puigdemont pide a Sánchez una amnistía sobre 3.301 personas que en realidad en el 95 % de los casos son simplemente una ensoñación separatista.