El sistema de financiación, el recurrente chantaje independentista para condicionar gobiernos del PSOE

Los partidos separatistas catalanes, indispensables para que se pueda reeditar un nuevo Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, están tratando de ser pragmáticos en sus exigencias para investir al líder del Ejecutivo en funciones y, en lugar de poner como línea roja la celebración de un referéndum de independencia, están optando por vías intermedias que el PSOE pueda asumir. Y éstas pasan en buena medida por pedir dinero.

Estos días se ha sabido que Junts, el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española, ha pedido un nuevo estatuto de autonomía que, entre otras cosas, sirva para poner fin a los 20.000 millones de déficit de inversión en infraestructuras en la comunidad autónoma catalana, según ha avanzado El Economista.

Cataluña, a diferencia de País Vasco y Navarra, pertenece a las regiones con régimen común y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntaba poco después a que la reforma de la financiación de las autonomías de ese régimen sería una de las «prioridades» de las negociaciones para tratar de investir de nuevo a Sánchez presidente.

Los secesionistas catalanes han puesto esta propuesta encima de la mesa prácticamente en paralelo a una moción en el parlamento autonómico presentada por el partido de Puigdemont y por ERC que versaba sobre «los agravios económicos y fiscales del Estado español hacia Cataluña». Una manera menos gruesa de replicar el eslogan «Espanya ens roba».

En la misma se pedía la quita de la deuda de la región con el Estado derivada del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) –uno de los principales instrumentos del sistema de financiación autonómico–, que asciende a 71.852 millones de euros. Cataluña, cabe precisar, es la autonomía a la que Montero ha regado con mayor dinero en lo que llevamos de año: 11.628 de los 61.678 millones de euros que suponen el 18,85 % del total.

Llueve sobre mojado

Esta situación es muy similar a la que vivió otro presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. Corría 2008 y, tras las elecciones generales de ese año, trataba de encabezar el Ejecutivo en una segunda legislatura, como finalmente acabó consiguiendo. Entonces, la Convergència i Unió de Artur Mas estaba en la oposición en Cataluña, donde gobernaba el tripartito de José Montilla, pero «ZP» necesitaba de su apoyo en el Congreso de los Diputados.

Mas, quien pasará a la historia como uno de los artífices del procés y del desafío separatista a España, con aquella consulta de 2014, también le puso un precio a su abstención: un modelo de financiación específico para Cataluña. Y es que, como apuntaba el expresidente regional, el Estatut exigía que el modelo catalán tuviese «carácter bilateral» con «el Estado» y no estuviese sujeto «simplemente a la financiación del conjunto de comunidades autónomas españolas».

El pacto cristalizaría más tarde, en 2009, y no exactamente en los términos que pedían los –entonces no tan– separatistas de Convergència. Se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un modelo acordado de manera bilateral por el gobierno catalán y el español, gracias al voto afirmativo de 11 comunidades autónomas. Las otras seis se abstuvieron.

El pacto contenía, por ejemplo, una aportación al sistema de financiación de más de 11.000 millones, de los cuales casi una tercera parte fueron a parar a Cataluña, así como una cesión tributaria de calado que le dio mucho margen de financiación. En 2010, el BOE publicaba la Ley régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña: un total de 16. Zapatero finalmente fue investido con los 169 votos socialistas a favor, 158 en contra –los del PP, ERC y UPyD– y 23 abstenciones –las de CiU, IU, ICV, BNG, PNV, CC y NaBai–.