Andorra exigirá, por ley, un nivel mínimo de catalán para poder residir en el país

El gobierno de Andorra está trabajando en una nueva ley por la que se que quiere exigir que los nuevos residentes, y también aquellos que quieran renovar el permiso para vivir en el país, tengan un nivel mínimo de catalán. La intención es que puedan demostrar que tienen un nivel básico, como un A2, y aquellos que no puedan acreditarlo, tendrán que seguir un curso de 30 horas en los centros de catalán de Andorra. Será entonces cuando se les podrá renovar o dar la residencia.

Así lo ha avanzado el Diari de Andorra, que explica que se está trabajando a tres bandas entre el ministerio de Cultura, el de Educación y el de Interior, porque incorporará un artículo para modificar la ley de Inmigración y añadir el nuevo requisito para los permisos de residencia. Se da la circunstancia de que la aplicación de la nueva normativa coincidirá con el periodo de renovación de unos tres mil permisos de residencia.

Hay que tener en cuenta que el idioma oficial de Andorra es el catalán, y según el ejecutivo del país, cada vez se dan más casos en que la primera atención al público, especialmente en sectores como el comercio y la restauración, se hace directamente en español. De ahí que se busque la colaboración de otros ámbitos y sectores para incentivar el uso del catalán, como es el caso de la Unión Hotelera de Andorra, la Cámara de Comercio y la Confederación Empresarial Andorrana. A los temporeros no se les aplicará esta nueva normativa, aunque se buscarán otras ´formulas' para que puedan aprender catalán.

Debate abierto

Lo cierto es que el debate y la polémica están servidos. Los empresarios temen que esta medida suponga un «freno» para encontrar mano de obra. De ahí que se pida que este requisito no se aplique para la primera autorización de residencia, para los recién llegados, sino a partir de la primera renovación, es decir, al cabo de un año. Advierten que, a la práctica, y si se exige desde un primer momento, puede ser un filtro para que sólo vayan a trabajar al país catalanes. En cualquier caso, consideran que la formación es fundamental y creen que el gobierno debería poner más medios y recursos para garantizar que los trabajadores tengan esas nociones de catalán.

Desde la vertiente política, Concòrdia y el PS defienden la medida. Unos, Concòrdia, porque consideran que «proteger el catalán es proteger la identidad andorrana», y también apuestan por imponer sanciones cuando no se cumpla la normativa en rótulos o menús de restaurantes, por ejemplo, siguiendo la vía catalana. Para los socialdemócratas, la nueva ley no tiene por qué influir en la llegada de mano de obra, y también consideran que los empresarios se tienen que implicar motivando a los trabajadores para que aprendan el catalán y lo vean como un incentivo.

Desde Andorra Endavant, creen que se debería exigir ese mínimo a los trabajadores de cara al público, pero no a todos, porque, entre otras cuestiones, lo que puede provocar es que abandonen el país los residentes de alto poder adquisitivo. Y los liberales señalan que hay una importante falta de mano de obra en determinados sectores como es el de la restauración, y poner ese requisito de catalán puede suponer un freno a la llegada de trabajadores.

Se trata de una iniciativa del gobierno andorrano que casualidad, o no, coincide prácticamente en el tiempo con la apertura de la «embajada» de la Generalitat en aquel país. El objetivo según aseguró la consejera de Exteriores, Meritxell Serret, era estar «más presente» en Andorra, teniendo en cuenta la «singularidad» y las relaciones «históricas» y de «máxima proximidad» con el país. Hay que tener en cuenta que en Andorra viven unos 16.000 catalanes, una de las comunidades de catalanes más numerosas.