Cataluña acapara ya el 40 por 100 de las okupaciones ilegales de toda España

Dicen que la felicidad va por barrios. Y eso es lo que está pasando a los vecinos de la Bonanova, que respiran más tranquilos tras el desalojo de dos inmuebles que estaban ocupados de forma ilegal desde hacía años: el Kubo y La Ruïna. Una situación que ven con cierta ‘envidia’ otros vecinos, los de Sants, y especialmente los que viven en la zona próxima a Can Vies, un edificio que está ocupado desde 1997. Estos vecinos dicen que viven un auténtico calvario, porque allí, las fiestas son continuas y esa situación provoca problemas de convivencia. Pero ningún gobierno municipal ha querido hacer frente a este problema.

Sin ir más lejos, para el próximo 16 de diciembre ya se ha preparado una de esas fiestas, que lleva por título «Queerputiaños». Los beneficios, según sus impulsores, irán para diferentes colectivos trans. Se han preparado diferentes actos. Al mediodía habrá un recital poético, a las 13 una actuación a cargo de Dj Pluma; a las 14 habrá comida, posteriormente una «siesta colectiva» que durará hasta las 16, cuando empezará una «carajillada popular» con bingo musical incluido; a las 17 habrá una presentación del Archivo de Memoria y Afectos del Trabajo Sexual de Barcelona; a las 19 un taller de salsa y a las 20:30 habrá actuación de la DJ Rebel Glitter.

Y este fin de semana los vecinos no se han librado de una fiesta. Estaba prevista para el sábado, pero decidieron anularla para participar en la manifestación convocada en protesta por el desalojo de la Bonanova.

En cualquier caso, el problema viene de lejos. En 1997 algunos jóvenes okuparon ese edificio abandonado en el barrio de Sants de Barcelona. Lo llamaron Centro Social Autogestionado, y según ellos, se dedican a «tejer» barrio, ofreciendo cursos, charlas y ayuda a quien lo necesita. En 2014 y con una sentencia judicial en la mano, el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ordenó su desalojo. Pero tras días de violentos altercados con los okupas, decidió parar el desalojo para «no crear un incendio más grande». Trias aseguró que «no negociaremos nunca con la gente violenta, pero sí con la gente que representa a Can Vies».

Hace sólo unos días, Trias aplaudía la actuación de los Mossos en el desalojo del Kubo y La Ruïna y mencionó el caso de Can Vies: «hay veces que intentas hacer las cosas bien hechas y te salen mal. Yo hice el desalojo de Can Vies y me salió fatal». Aunque los vecinos aseguran que ésta no es la descripción correcta. «No le salió mal. Te sale mal si haces el desalojo y las cosas se tuercen, pero es que no se desalojó», recuerda Juan.

Venta de comida y alcohol

Hay que tener en cuenta que los edificios de la Bonanova pertenecen a la Sareb, mientras que Can Vies es propiedad del Ayuntamiento, y sería el propio consistorio, apunta este vecino, el que «tendría que liberar este edificio para que los vecinos puedan estar tranquilos». Y es que lamentan que se ha «privatizado» un lugar que es público para que lo utilicen «sólo unos pocos y con el beneplácito del consistorio».

Los vecinos explican que han tenido una reunión con los nuevos responsables del distrito de Sants. Dice que hay cierta diferencia con el anterior gobierno municipal, aunque creen que, por el momento, «no tienen intención de mover ficha». Pero como mínimo, explica, Juan, «están claramente a favor de acabar con la ocupación, aunque no hay planes a la vista para Can Vies».

Este vecino dice que el anterior concejal, Marc Serra, de los comunes de Ada Colau, les instó a que mediaran con los okupas. Es decir, apunta Juan, «nos ponía al mismo nivel a los vecinos que pagamos impuestos, con los okupas. Nos decía que mediáramos para que llegáramos a un acuerdo sobre el número de fiestas que celebraban y los horarios. Pero es que no tendría que organizarse ninguna fiesta», precisa este vecino.

Y no sólo eso. Juan se pregunta quién da el permiso para que en Can Vies se puede vender alcohol y comida, porque «no son ni bar, ni restaurante, ni discoteca. Todo lo que se vende aquí es ilegal. ¿Pero quién da permiso para eso, para que venga incluso el camión que pone los barriles de cerveza? Y encima, la venden».

Los vecinos acumulan las llamadas al teléfono de emergencias alertando de los ruidos y de las molestias. Algunos tienen el registro y acumulan centenares de avisos sin que haya habido ninguna reacción por parte del ayuntamiento. «Hay un problema grave y por mucho que digan que no molestan, no es cierto. Que pregunten a los vecinos que están puerta con puerta», denuncia Juan.

Cataluña, líder en okupaciones

Hay que tener en cuenta que Cataluña sigue liderando el ranquin en España de okupaciones de viviendas. Según datos del Ministerio del Interior, en esta comunidad autónoma, entre enero y agosto, tuvieron lugar dos de cada cinco casos del total de okupaciones que se producen en España, y eso que la cifra ha mejorado ligeramente.

Concretamente en Cataluña, en los ocho primeros meses del año, se han contabilizado 4218 ocupaciones ilegales de las 10345 registradas en el conjunto del país. Pero la distancia sigue siendo muy grande con relación a otras comunidades autónomas, como Madrid (1.205 okupaciones); Andalucía (1.607) o Valencia (1134). O lo que es lo mismo: Cataluña suma más que las otras tres comunidades juntas.

¿Y qué ha provocado esta situación? «La impunidad que hay en Cataluña con el sistema de ocupación en general». Es lo que asegura la abogada María José Tarancón. De hecho, en esta comunidad autónoma se han impulsado normativas que, de alguna forma, han amparado la ocupación ilegal. Así, por ejemplo, en febrero del año pasado el Parlament aprobó la ley antidesahucios, que recogía la obligación de los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a personas «vulnerables».

Y no sólo eso. Toni Miranda, que es presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación, deja claro que ahora es un negocio, «un estupendo negocio ilegal» y que tiene varias variantes. Por ejemplo, dice, «ocupar una vivienda y al propietario se le dice que 'si quiere sacarme de aquí, me paga 7.000 euros'. Hay gente que ha vivido así muy bien, que ha conseguido unas rentas estupendas durante el año a base de extorsionar a propietarios».

Pero hay otras formas que incluyen «a toda una variante de actos delictivos», y que está ocurriendo, añade, porque con ese conjunto de leyes permisivas con la ocupación, se ha creado una esfera de impunidad donde se mueve esta gente: da dinero y está amparado por las instituciones y algunos viven gratis. Es un ataque total al estado de derecho, al derecho a la propiedad y causa numerosos daños a los afectados.