El laberinto catalán
La Generalitat y el Gobierno, sin presupuesto para 2024: Aragonès y Sánchez negocian apoyarse antes de marzo
ERC se suma a las rebajas fiscales de las autonomías del PP tras acusarlas de 'dumping' fiscal
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, creyó que el acuerdo con Pedro Sánchez por el cual se condonaba a Cataluña 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) iba a facilitar un proceso rápido de aprobación de las cuentas públicas catalanas para 2024. Además, los partidos que apoyaron los presupuestos de 2023 son los mismos que han votado a favor de investidura del líder socialista, pero Barcelona no es Madrid y las negociaciones a cuatro bandas entre ERC, PSC, Comunes y Junts no progresan adecuadamente.
ERC cuenta solo con 33 escaños en el Parlamento catalán y necesita otros 35 para sacar adelante la ley de presupuestos. Los 33 escaños con los que también cuenta Salvador Illa son insuficientes y Aragonès necesita sumar los ocho votos de los Comunes, la marca catalana de Yolanda Díaz, a la ecuación para así alcanzar la cifra mágica de 68 diputados, pero los republicanos se ven en medio de un fuego cruzado entre socialistas y comunes.
En 2023, se firmó un acuerdo el primer día de febrero a tres bandas, ERC, PSC y Comunes, que incluía ciertas concesiones técnicas al PSC para avanzar en el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona, la carretera orbital B-40 y el proyecto lúdico Hard Rock, vecino de Port Aventura, pero la realidad es que diez meses más tarde estos proyectos no han avanzado, los Comunes se oponen a que experimenten progreso alguno y los socialistas no quieren volver a avalar las cuentas sin garantías de que sus prioridades serán atendidas. Illa aspira a ser presidente de la Generalitat y no quiere aparecer a ojos del electorado como subsidiario de ERC.
La apuesta de Aragonès es presentarse a las elecciones como un gobernante eficaz frente a las quimeras de Junts
En este estado de cosas, Aragonès convocó el día antes de Nochebuena a los agentes sociales para forzar a los partidos a llegar a un cuerdo, y el Consejo Ejecutivo aprobó el techo de gasto que alcanza los 36.700 millones, 3.000 más que en 2023. Aragonès, tras la reunión con los agentes sociales, apremió a los partidos a llegar a un acuerdo «urgentemente». El presidente de la Generalitat fijó el horizonte máximo para obtener luz verde a las cuentas de la Generalitat en marzo. No tiene tiempo que perder, dado que a finales de 2024 tendrá que convocar elecciones autonómicas, y su apuesta es la de presentarse como un gobernante eficaz frente a las quimeras de sus adversarios de Junts.
El presidente autonómico catalán cree que puede llegar a un acuerdo de reciprocidad con Sánchez por el cual Rufián y los diputados de ERC en Madrid aprueban las cuentas del Reino a cambio de que los socialistas se comporten de la misma forma en Barcelona, pero este intercambio precisa del visto bueno tanto de Sumar como de Junts, y es ahí donde se complica el camino de los presupuestos. Además, el PSC ha pedido a Ferraz libertad para poder negociar con ERC en clave estrictamente catalana. En ERC descartan que Junts se sume al acuerdo presupuestario, dado que el presidente del grupo parlamentario de los seguidores de Puigdemont en el Parlament ha dicho que «lo de Aragonés es una agonía» y se ha autodescartado del acuerdo.
Aragonès ha tenido una legislatura poco productiva, su escuálida minoría mayoritaria solo le ha permitido aprobar 23 leyes en 3 años y actualmente hay 13 proyectos más atascados en el Parlament que será prácticamente imposible desbloquear en los pocos meses que quedan de legislatura. Con el fin de presionar a los socialistas y los Comunes, el proyecto de presupuesto incluye algunas medidas del agrado de los Comunes como ayudas para el alquiler para mujeres víctimas de violencia de género o incremento del canon del agua para grandes consumidores o viviendas vacías.
Aragonés se suma a la rebaja fiscal tras criticar el «dumping»
Más sorpresa ha causado el anuncio de Aragonès de rebajar el tipo de IRPF para las rentas inferiores a 33.000 del 10,5 % al 9,5 %. Aragonès ha acusado de forma constante a Madrid y otras autonomías que han rebajado el tipo autonómico de IRPF de practicar dumping fiscal.