8.000 empresas fugadas de Cataluña, en silencio por miedo a represalias y boicots

El 6 de octubre de 2017, Artur Mas, expresidente de la Generalitat, participa en un mitin y afirma que «los bancos harán cola para venir a la Cataluña independiente; somos la Dinamarca del Sur». Mas, ante un público entregado, ante las advertencias de diversos agentes económicos sobre las consecuencias de una declaración unilateral de independencia exige «que no nos traten como tontainas, los bancos se van a pelear para estar en Cataluña». Veinticuatro horas más tarde, el 7 de octubre, a 48 horas de la declaración de independencia de Puigdemont, Caixa Bank y el Sabadell se subían al Euromed y se iban a Valencia y Alicante, respectivamente.

La salida de los principales bancos catalanes –luego se les unió Mediolanum– era un mazazo para el separatismo. La Caixa había permanecido en Cataluña incluso durante la Guerra Civil (1936-1939) y el Sabadell era el banco del empresariado tradicional catalán, de la patronal vallesana CECOT. Desde entonces, los líderes separatistas se la tienen jurada a Isidre Faine, al que acusan, sin decirlo públicamente, de ser responsable final de la decisión y esperan que su jubilación «más pronto que tarde», según ellos afirman, les permita reconquistar Caixa Bank y forzarla a volver a Cataluña.

Los cambios que desde 2017 ha experimentado Caixa Bank, en especial la absorción de Bankia, no desanima a los proceres independentistas. El último invento de la vicepresidenta Montero para satisfacer el insaciable apetito del independentismo es forzar a las empresas a que tengan su sede allí donde tienen la mayoría del negocio. Ni en Waterloo, ni en Ginebra ni ninguna terminal separatista han caído en la cuenta que en ese caso Caixa Bank debería mudarse no de Valencia a Barcelona, sino a Madrid.

De la negación al castigo

El independentismo catalán en el tema de la salida de empresas ha pasado por varias etapas. Primero negó que dicha salida se estuviera produciendo, luego Jaume Giró afirmó en el Parlament en un debate con Alejandro Fernández (PP) que era «ficticia y que no afectaba en nada a la economía catalana», para finalmente exigir que las empresas retornen a Cataluña, lo que en la práctica es reconocer que efectivamente el éxodo sí ha existido.

Caída en la creación de empresas

Más allá de la estampida de empresas, los efectos del procès para el tejido empresarial catalán son más profundos. Desde 2017, la creación de empresas en Cataluña ha caído un 6 %, mientras en la Comunidad de Madrid crecía un 7 %. Solo en 2018, el año siguiente a los meses negros de septiembre a diciembre de 2017, se fueron de Cataluña 25 empresas con una facturación superior a los 100 millones de euros anules y otras 2.812 compañías con un volumen de negocio de la friolera de 14.900 millones anuales.

De las siete empresas del IBEX con sede en Cataluña, cinco (Inmobiliaria Colonial, Naturgy, Cellenex, Banco de Sabadell y CaixaBank) se fueron y dos se quedaron (Fluida y Grifols). La sociedad anónima más antigua de España, Cordoniu, fundada en 1551, en manos de la familia fundadora, tomaba la dolorosa decisión de abandonar Sant Sadurní D’Anoia, capital del cava, para exiliarse en Haro (La Rioja).

No solo las empresas salían a toda velocidad de Cataluña. La Cámara de Comercio Internacional también se montaba en el puente aéreo, sin billete de vuelta, camino de Madrid.

Irse de Cataluña, la decisión más difícil de la vida de los empresarios

Grandes marcas que han forjado durante década la imagen de Cataluña como lugar de emprendimiento cambiaban de sede de forma precipitada ante el temor de una salida de Cataluña del espacio del euro y de un colapso institucional. Endesa distribución, Donuts –fundada por la familia Costafreda–, Embutidos Argal, Pirelli –la empresa más importante de Manresa en el corazón de Cataluña–, Allianz, Cementos Molins, propiedad de la familia homónima, Volotea, Servihabitat, Zurich, Pastas Gallo –nacida del esfuerzo de la familia Espona–, AXA, La Bruixa d’Or del genial Xavier Gabriel (DEP), Divina Pastora, Applus, Planeta de la Familia Lara, Occidente, Edrams, San Miguel –clave en la vida económica de Lérida–, MRW –que creció gracias al esfuerzo de la familia Marín–, Hummel, G-Star o Jamaica Coffe Shop pasaban por las colapsadas notarías de Barcelona tras tomar una decisión dolorosa y noches sin dormir.

La ola de populismo separatista, la toma de las calles, la quiebra de las instituciones, la huelga promovida desde la administración autonómica del 3 de octubre, la radio pública pidiendo que se llamara por teléfono para señalar por dónde discurrían los coche de la Policía Nacional y la Guardia Civil para poder bloquear su paso, el escrache a la comitiva judicial en la consejería de economía y el anuncio de independencia el 9 de octubre llevó a centenares de familias que habían hecho de Cataluña la punta de lanza económica de España a tener que abandonar su sede, mover empresas y, en muchos casos, su domicilio por culpa de las decisiones de unos políticos a los que habían votado y apoyado financieramente.

No solo las grandes marcas cotizadas o las empresas ubicadas en Barcelona tuvieron que salir de Cataluña para evitar que sus negocios se fueran al traste. La mayoría de las 8.000 empresas, que hoy siguen saliendo a una media de dos diarias, son PYMES que buscan en otras comunidades seguridad jurídica, estabilidad normativa, agilidad administrativa y una fiscalidad menos voraz.

No solo motivos empresariales, también laborales

Los motivos por los que las empresas salieron en tromba en 2017 y 2018 y luego con un goteo continuo tienen que ver con el negocio, pero también con motivos laborales y de seguridad social. En octubre del 17 el vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, afirmó que el último trimestre de año las empresas catalanas pagarían tanto sus tributos como cotizaciones sociales a la Agencia Tributaria Catalana. La declaración fue posterior a meses de inauguraciones constantes de oficinas de la mencionada agencia por todo el territorio catalán. Este anuncio creaba una situación de inseguridad jurídica y doble fiscalidad. ¿Dónde liquidar el último trimestre de IVA a la Agencia Tributaria o la catalana? ¿Dónde ingresas las cotizaciones y retenciones de los trabajadores? ¿Qué pasaba si había independencia con todo lo cotizado?

Las incertidumbres, la falta de respuestas y la timorata posición de Moncloa precipitaron la toma de decisiones. Hay que tener presente que la aplicación del artículo 155 de la Constitución que deponía de sus cargos a los responsables del desaguisado no se llevó a cabo hasta la segunda declaración de independencia, a finales de octubre, cuando empresas como CaixaBank ya llevaban tres semanas fuera de Cataluña.

Salidas en silencio

El doloroso momento de la deslocalización ha tenido un elemento en común en las 8.000 empresas, fueran cotizadas o no: el silencio. Las cotizadas han tenido que hacer el preceptivo comunicado a la CNMV. Del resto de empresas ninguna ha emitido una nota de prensa ni ha dado una sola entrevista parar exponer sus motivos. Meramente al mes siguiente sus clientes han pasado a recibir las facturas con una nueva dirección que en la mayoría de ocasiones pasaba desapercibido por el cliente.

¿Por qué una decisión tan relevante para una empresa como cambiar de sede no se hace con publicidad? El motivo es obvio: el temor al boicot. Incluso empresarios identificados con el independentismo, como los propietarios de la cadena de supermercados Bon Preu, movían su canal de inversión a Madrid, pero lo hacían en silencio para evitar una campaña de boicot. La agresividad de los líderes separatistas y la convicción con la que hablaban del paso «de la ley a ley» llevaban y siguen llevando a los empresarios a la actuación prudente y sin ruido.

En 2017 todos los medios de comunicación buscaban directivos de empresas que explicaran ante una cámara su decisión. Todos sin excepción declinaron y hoy siguen sin hacerlo. Caixa Baink celebra con toda normalidad sus juntas y ruedas de prensa en Valencia y la situación se había normalizado hasta que el vicepresidente de Junts, Josep Rius, ha reabierto la caja de los truenos.

Todas las CCAA sin excepción han recibido empresas catalanas

Según el Colegios de Registradores no hay comunidad autónoma de España que no haya sido receptora de empresas catalanas. Desde octubre de 2017 hasta hoy a Madrid han migrado 4439; la sigue la Comunidad Valenciana, que ha albergado 1048 empresas; Andalucía 891; Aragón 600; Baleares 566; País Vasco 266; Galicia 213; Castilla y León 188; Canarias 178; Castilla-La Mancha 144; Murcia 122; Navarra, 113; Extremadura 66; Asturias 56; Cantabria 54; La Rioja 51; Ceuta y Melilla 5.

Hay sectores como el hotelero que con la salida de Hotusa, Unico Hotels, HG, Continental, Derby Hotels, Axel y AC Hotel Barcelona han pasado casi todo su foco de decisión y poder a otros lugares de España. La última salida es reciente: la sede social del emblemático Hotel Sofia de la Diagonal barcelonesa también se ha ido a Madrid.

Algunas empresas de las que se han ido son grandes marcas y corporaciones aunque no sean cotizadas, como es el caso de Logista Pharma, que movió su sede de Sant Andreu de La Barca a Leganés, o Kongberg Maritime (la antigua Rolls Royce), de Constantí (Tarragona), donde llevaba 30 años, va a Villajoyosa (Alicante). También se ha mudado a Madrid Motores General Electric o empresas de la notoriedad de Gas Gas, Instituto Oftalmológico Tres Torres, Inmobiliaria Sans Condeminas e incluso la empresa de derechos de imagen del exjugador del FC Barcelona Bojan Krikic. El independentismo desprecia a los empresarios afirmando que todos los directivos de estas empresas tomaron la decisión de salir de Cataluña presionados por la Casa Real y engañados por De Guindos.

Un alud de pymes con sede en municipios alejados de Barcelona y pringados por un ambiente político separatista tampoco han sido ajenas a la salida de Cataluña. Por ejemplo Pizza artesanal salió de Malgrat de Mar, municipio donde los guardias civiles alojados en hoteles fueron acosados por los CDR, a Roquetas de Mar (Almería); pymes como Transportes Medoge se deslocalizaron de Palafolls, en el linde entre Barcelona y Gerona, a Monzón (Huesca), Losafid Managment de Linyola (Lérida) a Biescas (Huesca), SRAN Mundo de Tortosa, un municipio gobernado por Junts, a la Pobla de Vallbona (Valencia), Noway Europea de Igualada, una capital de comarca de mayoría claramente independentista a Cuarte de Huerza (Zaragoza), la cosmética All Sins de El Masnou, gobernado por ERC a Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real).

Alcobendas, un hub de empresas excatalanas

Casi el 50 % de las empresas huidas de Cataluña han optado por Madrid, pero no todas han apostado por la capital. Casi 1.000 de ellas se han ubicado en Alcobendas. Es el caso de empresas como Tech Data España, Ballenoil o Ibercar Cadi.

También ha habido algunos regresos y empresas que se han reubicado en Cataluña

Si bien 8.000 empresas han salido de Cataluña, otras 3.000 han cambiado su domicilio a la comunidad catalana. Algunas de las que se deslocalizaron han vuelto. Es el caso de MG Destilerías, que ha regresado a Vilanova i la Geltrú tras cinco años en Zaragoza o la empresa de mallas fruteras Daumar, que ha vuelto a Cataluña tras cinco años en Valencia.

Los 3.000 casos de cambios de domicilio a Cataluña ponen de manifiesto la inviabilidad de sancionar a empresas por su cambio de domicilio o la dificultad legal y práctica de regular o limitar las decisiones empresariales.