Denuncian ante el Supremo a tres líderes de Sumar por coacción, fraude y financiación ilegal

Asens, Pisarello y Badia, hoy líderes de Sumar y personas clave en las negociaciones con Puigdemont y como apoyo imprescindible de Francina Armengol en su polémico y arbitrario proceder al frente de la Mesa del Congreso, deberán responder, si el juez admite la querella a trámite, de sus actos como concejales del Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2017 que llevaron a la quiebra a Open Camp, el primer parque temático deportivo del mundo que se ubicó en el Anillo Olímpico de Barcelona en la montaña de Montjuic. La querella se ha presentado en el Supremo por delitos de coacción, extorsión, falsedad, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal.

280 personas al paro

Open Camp se vio obligado a cerrar sus puertas un año después de abrir por la obsesión ideológica de los Comunes, Sumar en Cataluña, contra el turismo y las empresas privadas. A su cierre, más de 280 personas, entre empleo directo e indirecto, perdieron su trabajo y 95 empresas sufrieron pérdidas por valor de casi 42,5 millones de euros.

En junio de 2014, la empresa Gaudí Innovation, un conglomerado de inversores liderado por Paco Medina, cerró un contrato con el Ayuntamiento de Barcelona, en esos días en manos de Xavier Trías (CiU), para crear un parque temático de actividades deportivas en la zona olímpica de Barcelona. La iniciativa daba salida al abandono que sufrían las instalaciones olímpicas que tras los Juegos del 92 solo habían tenido como actividad estable la presencia del RCD Espanyol mientras el club catalán construía su nueva sede de Cornellá-El Prat.

La iniciativa fue muy bien recibida tanto por medios de comunicación como agentes sociales y partidos políticos. Todos excepto ICV (luego Comunes-Sumar) acudieron a la presentación, pero en verano de 2015 Ada Colau se hace con la alcaldía de Barcelona y declara su intención de detener la actividad de Open Camp, al que califica de «proyecto contrario al bien común».

Coacción para contratar a dedo a afines y organizar exposiciones de ideología comunista

La querella presentada contra los líderes populistas de ultra izquierda se basa en que a partir de ese momento Asens, Pisarello y Badia, valiéndose de su posición de poder en el Ayuntamiento de Barcelona, empezaron a tomar decisiones que tenían como fin indisimulado provocar el colapso del proyecto y su cierre.

Entre las medidas arbitrarias que cita la querella consta el impedir la comercialización de espacios publicitarios para generar ingresos, la exigencia de contratar a personas próximas al equipo de Colau sin tener en cuenta si su capacidad profesional les hacía aptos para dichos puestos, la imposición de paralizar el museo del deporte paralímpico para que el mismo fuera sustituido por una exposición auspiciada por Izquierda Unida conmemorativa de la Olimpiada Popular de 1936, vetos desde el Ayuntamiento a partners internacionales y colaboradores del proyecto, la modificación unilateral en 2016 del contrato suscrito en 2014 con una condiciones que llevaban al proyecto indefectiblemente al naufragio o la imposición de que los turistas pudieran acceder gratis a las instalaciones.

Todas estas medidas llevaron a Open Camp al cierre y, en consecuencia, las instalaciones olímpicas volvieron a estar abandonadas hasta que esta temporada el FC Barcelona ha pasado a jugar en Montjuic mientras se realizan las obras de su nuevo estadio. Colau y su equipo no tenían un proyecto alternativo, solo querían destruir una iniciativa privada que dinamizaba un espacio público en desuso.

La querella a lo largo de 136 folios relata 87 actos concretos contra Open Camp promovidos desde el gobierno municipal de Colau y la acompañan 225 documentos probatorios, así como aporta 16 testigos.