La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la noche del 28-M, con Jaume Asens y Jéssica Albiach
Podemos exportó el concepto 'lawfare' en 2015 para justificar las arbitrariedades de Colau
Era algo marginal y despreciado por el resto de partidos, y a partir de la visita de Yolanda Díaz y Asens a Bruselas para reunirse con Puigdemont ha sido aceptado por la mismísima Moncloa
Jaume Asens, expresidente del grupo confederal de Unidas Podemos el Congreso de Diputados, abogado y negociador de la ley de amnistía, deslegitima constantemente a los jueces y la justicia española a través de la defensa y promoción del concepto lawfare. En unas declaraciones recientes ha llegado a calificar a parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial de «ultras»: «¿Quién manda en España: el pueblo o unos jueces ultras que se niegan a renovarse y tienen el mandato caducado?» se ha preguntado Asens.
Lawfare y el ataque a los jueces no es algo nuevo inventado por Sumar a raíz de la necesidad de pactar con Puigdemont para conservar el poder. Es un concepto acuñado por Asens y sus compañeros de partido, En Comú Podem, desde el inicio del mandato de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona en 2015. Por aquel entonces, Asens era lugarteniente de Colau junto al actual secretario de la mesa del congreso, Gerardo Pisarello.
Ada Colau y Asens, una vez accedieron al gobierno municipal, no tardaron en cometer numerosas ilegalidades y han acumulado un sinfín de denuncias y querellas, muchas de ellas siguen actualmente su curso aunque Colau fuera desalojada del Ayuntamiento en mayo de este año. La respuesta de los líderes de los Comunes a cada imputación ha sido siempre victimizarse y atacar a los jueces acusándoles de lawfare.
Asens es quien ha adaptado el concepto lawfare a la política española, primero a nivel local para justificar sus tropelías y luego para justificar la exculpación de Puigdemont a quien aconsejó personalmente la huida de España.
Para el exlíder parlamentario de Podemos, lawfare es una especie de guerra sucia en la que se intenta ganar en los tribunales cosas que se pierden en las urnas y que, según él, ha sido a menudo la forma de hacer de la política de la derecha. Mientras lawfare era usado por los portavoces municipales en la Ciudad Condal, era algo marginal y despreciado por el resto de partidos, y a partir de la visita de Yolanda Díaz y Asens a Bruselas para reunirse con Puigdemont ha sido aceptado por la mismísima Moncloa.
Las elecciones municipales sentenciaron políticamente a Colau y Asens tras ocho años de una gestión turistofóbica y defensora de las teorías del decrecimiento, pero las causas judiciales no han sido archivadas, tres de ellas son especialmente graves.
Causas pendientes
En el Juzgado de instrucción 21 de Barcelona se investiga a Ada Colau por prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias.
El objeto de la investigación es la concesión de 3,4 millones de euros en ayudas a organizaciones con las que ella tuvo relación laboral antes de acceder al cargo de alcaldesa, como el Observatori DESC, Enginyers sense fronteres (Ingenieros sin fronteras), Plataforma d’afectats per l’hipoteca (Plataforma de afectados por la hipoteca) o la Associació per la pobreça energètica (Asociación por la pobreza energética).
Las ayudas servían para financiar el gasto corriente de estas organizaciones y, además, se renovó sin procedimiento alguno el convenio con «Dret a l’habitatge i l’energia: empoderament col.lectiu i assesorament juridic social» (Derecho a la vivienda y la energía: empoderamiento colectivo y asesoramiento jurídico social). El 70 % del dinero entregado por el Ayuntamiento se dedicaba al pago de nóminas. Hasta 2021, el Gobierno de Colau no tuvo un plan de subvenciones transparente en Barcelona, a pesar de que cuando se conceden ayudas directas la ley obliga a justificar dichas ayudas, cosa que el Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato de Colau-Asens-Pisarello no hacía.
La segunda de las demandas pendientes es una querella ante la sala segunda del Tribunal Supremo presentada por la empresa Open Camp, que creó un parque temático deportivo en el Estadio Olímpico.
En este caso, los querellados son, entre otros, Asens y Pisarello. El caso es que, en 2013, con Trías como alcalde, Open Camp firmó un contrato con el Ayuntamiento para dinamizar el estadio olímpico de Montjuïc, y al llegar Colau al poder en 2015, en el marco de su cruzada contra el turismo, anunció que no apoyaría el proyecto para en 2021 copiarlo, municipalizarlo y cambiarlo de denominación. Open Camp perdió 15 millones de financiación y reclamó judicialmente contra la administración local.
El último de los casos estrella pendientes que el equipo Colau tiene ante la justicia es de índole ambiental. En este caso es una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente contra Eloi Badia, teniente de alcalde de Colau y presidente de la empresa pública municipal TERSA por un delito contra los recursos naturales y del medio ambiente según los artículos 325.1, 326 y 326 bis del Código Penal. La denuncia tiene que ver con la planta de valoración energética de TERSA y el carbón activado por tonelada de residuo que parece que no se encuentra dentro de los parámetros legales.
Desde 2015, los medios de comunicación y organizaciones cívicas en Barcelona están acostumbrados al concepto lawfare para justificar la arbitrariedad del Gobierno de Colau. Ahora lo que parecía una excentricidad de un partido radical Sánchez lo asume como una realidad. En realidad lawfare es la base de la inseguridad jurídica y una forma de ahuyentar todo tipo de inversión en España.
