Enfrentamiento entre ERC, comunes y CUP tras saberse que Aragonès no informó del acuerdo con el Hard Rock

Un acuerdo del que el Govern no informó sobre el proyecto del Hard Rock y por el que el ejecutivo renovó su compromiso con la compraventa de los terrenos en los que se debe ubicar este macrocomplejo de ocio ha enfrentado este miércoles a los comunes y a la CUP con ERC, a las puertas de arrancar la campaña.

El Govern de Pere Aragonès adoptó un acuerdo el pasado 27 de febrero con el que ofrecía garantías al PSC y a los promotores del Hard Rock de que no frenaría la tramitación de este proyecto, que se debe ubicar en Vila-seca y Salou (Tarragona), junto a PortAventura.

Pero en esta ocasión, a diferencia de lo que suele ser habitual, optó por no informar a los periodistas de lo acordado -aunque sí puede consultarse desde entonces en su portal web-, de modo que el tema no ha saltado a la prensa hasta que este miércoles lo ha avanzado el semanario La Directa.

La clave de los fallidos presupuestos

Aprobar el Plan Director Urbanístico (PDU) que debe regular los usos de estos terrenos es una condición que los socialistas ya habían puesto sobre la mesa para validar los presupuestos de 2023 y sobre la que insistieron de cara a la negociación para las cuentas de 2024.

Ello, pese a que los presupuestos -los aprobados en 2023 y los preparados para 2024- no incluían partidas para este proyecto. A finales de febrero, sin embargo, el líder del PSC, Salvador Illa, dio por resuelta la cuestión: pese a que el PDU seguía (y sigue) sin aprobarse, dijo fiarse de Aragonès, que se comprometió en el Parlament a seguir con la tramitación en marcha.

Este miércoles se ha desvelado una parte de la ecuación hasta ahora oculta: las palabras de Aragonès se vieron acompañadas por un acuerdo de Govern que se adoptó el mismo día en el que se rubricó el pacto presupuestario con el PSC y sobre el que el ejecutivo no informó a la opinión pública.

Acusaciones cruzadas

Lo anterior ha enervado a la CUP y especialmente a los comunes, que si no avalaron las cuentas presentadas por Aragonès -lo que precipitó el adelanto electoral- fue precisamente por su rechazo al Hard Rock. Su líder, Jéssica Albiach, ha acusado a ERC de haber «mentido» sobre este proyecto y ha advertido de que la «confianza» entre ambos partidos ha quedado muy «deteriorada».

La consellera de Territorio, Ester Capella, y la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, han asegurado, sin embargo, que tanto los comunes como el PSC eran conocedores del acuerdo adoptado, porque así se les había trasladado durante la negociación presupuestaria.

Capella ha enmarcado la polémica en la proximidad de las elecciones del 12 de mayo, y Plaja ha justificado no haber explicado el acuerdo a la prensa por ser este muy técnico y porque no suele dar cuenta de todos los acuerdos que se adoptan. Tanto los comunes como la CUP han pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que dé explicaciones al Parlament sobre esta cuestión.

Un viejo conocido

La historia de este macrocomplejo de ocio se remonta a 2012 -aunque Hard Rock entró en escena en 2018-, cuando el Govern de Artur Mas lo ideó como alternativa al Eurovegas del magnate Sheldon Adelson, un proyecto que optó por Madrid en vez de por Cataluña, sin que finalmente se llevara a cabo.

Tras múltiples tropiezos y modificaciones, en 2016 se aprobó el PDU para estos terrenos, pero este fue declarado luego parcialmente nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Lo que ahora está en marcha es, pues, la reformulación de ese PDU en virtud de lo dictaminado por el TSJC. A ello se agarra el Govern de ERC, que afirma que no le gusta este proyecto, pero estaría prevaricando si frenara su tramitación.

Una empresa de la Generalitat

El acuerdo de febrero tiene que ver con la compra y venta de los terrenos en los que se debe ubicar el Hard Rock.

La operación es complicada: los terrenos son propiedad de Mediterranea Beach & Golf Community -una filial de CriteriaCaixa, brazo inversor de La Caixa- y su destinatario final deben ser los promotores del proyecto. El Incasòl, empresa pública de la Generalitat, ejercería de puente: en un mismo acto, compraría y vendería los terrenos, por el mismo precio.

El acuerdo de 2020 concretaba que una vez aprobado el PDU -lo que todavía no ha sucedido- el siguiente paso era, en un plazo máximo de dos meses, la firma del contrato de compraventa por 120 millones de euros -una cifra que, solo teniendo en cuenta la inflación, ahora ya sería superior-.

Pero el acuerdo del pasado febrero anula el de 2020, sin apenas concretar detalles, más allá de que se «mantiene» el encargo del Govern al Incasòl.