Carles Puigdemont y Toni Comín, en una imagen de archivo

Carles Puigdemont y Toni Comín, en una imagen de archivoEuropa Press

Ley de Amnistía

Junts presume de haber conseguido la Ley de Amnistía «sin pagar ningún precio político»

Comín asegura que con la aprobación de la norma «el Estado español rectifica y el independentismo gana»

Desde Venecia, el candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, ha sacado pecho por la labor de su partido en la aprobación de la Ley de Amnistía. «Es una Amnistía conseguida a cambio de siete votos por una investidura, pero sin pagar ningún precio político», ha presumido.

En declaraciones a los periodistas, Comín ha puesto en valor que la ley qse ha aprobado cuando Junts ha sido necesario y no antes, según él. Lee lo sucedido en el Congreso como que «el Estado español rectifica y el independentismo gana».

Para Comín, «la Amnistía es una gran victoria» tanto por la dimensión personal como por la política. Con todo, ha advertido de que Junts no renuncia a la declaración de independencia ni a la legitimidad del 1-O.

Asimismo, ha apuntado que la Amnistía «es el reconocimiento implícito por parte del Estado de que se equivocó, y mucho» y que la judicialización fue un error.

«Eurodiputados exiliados»

«Hemos sido víctimas de represión. Hemos intentado siempre, por un lado, no dramatizar nuestra situación, pero, por otro, no normalizarla. Ha sido un error político normalizarla», ha señalado el también exconseller de la Generalitat, que se verá beneficiado personalmente por la aprobación de la Ley.

En este sentido, ha asegurado que, junto a los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont y Lluís Puig y la eurodiputada Clara Ponsatí han sido «los únicos eurodiputados exiliados de todo el Parlamento Europeo».

«Era un testimonio demasiado incómodo de la persecución penal, de la deriva represiva, de la deriva autoritaria del Estado español», ha afirmado, y ha asegurado que han puesto, a su juicio, las bases narrativas de la Amnistía con su --textualmente-- lucha ante los tribunales internacionales.

Finalmente, ha sostenido que los jueces deben aplicar la Ley sin «nada que opinar» y que si presentan cuestiones de constitucionalidad con ánimo de retrasar su aplicación estarán prevaricando, en sus palabras.

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