El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès
Aragonès se despide con un ataque a la vida: «lista negra» de objetores al aborto en Cataluña
El gobierno catalán en funciones ha aprobado por decreto la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia
Un día después de que que se iniciase la nueva legislatura, el Ejecutivo en funciones de Pere Aragonès ha anunciado una suerte de «regalo de despedida»: según ha anunciado este martes en un comunicado, la Generalitat ha aprobado por decreto la creación de un registro de profesionales sanitarios que sean objetores de conciencia sobre el aborto.
Según la Generalitat, se trata de un registro administrativo electrónico que dependerá de la Conselleria de Salud, que será «confidencial» y que “no tendrá carácter público», así como dependerá de la Conselleria de Salud. Sí podrán consultarlo “en el ámbito de sus competencias, los responsables de direcciones o gerencias de los centros sanitarios autorizados para la realización de interrupciones voluntarias".
La Generalitat asegura que «una de las finalidades de la creación de este registro es facilitar a las unidades competentes la información sobre el número de profesionales objetores de conciencia en cada centro sanitario autorizado para la realización de las IVE [«interrupciones voluntarias del embarazo», el eufemismo usado para no hablar de aborto], con el fin de gestionar la correcta prestación sanitaria con criterios de igualdad, equidad y calidad asistencial».
El comunicado también señala que los objetores inscritos no tendrán que incluir el motivo, y que en cualquier momento podrán modificar o revocar su objeción.
Críticas de los médicos
Este tipo de registros están ya presentes en otras comunidades españolas, impulsados por la reforma de la ley del aborto aprobada en febrero del año pasado y promovida por el ministerio de Igualdad capitaneado por Irene Montero. Varias asociaciones profesionales, como el Colegio de Médicos de Madrid, se pronunciaron en contra de esta medida, que consideran una «lista negra» que amenaza la libertad de los médicos.
El presidente de este colegio, Manuel Martínez-Sellés, consideraba en su momento que la objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido internacionalmente en la Carta Europea de Derechos Humanos y garantizado en la Constitución española. En ese sentido, y siguiendo la vía legal, «ninguna normativa» puede regularlo y mucho menos «limitarlo».
