El presidente de la Generaliat en funciones, Pere Aragonés
Sociedad
La «lista negra» de Aragonès indigna a los provida en Cataluña: «Es el legado de un fracasado político»
El presidente del Gobierno en funciones, Pere Aragonès, se pasó toda la campaña electoral vendiendo como uno de los logros de su ejecutivo haber «garantizado el derecho al aborto» en toda Cataluña. Tras la debacle sufrida por su partido en unos comicios que él mismo convocó, Aragonès decidió morir matando, y este martes –un día después de que arrancase oficialmente la nueva legislatura– anunciaba la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia que se nieguen a practicar abortos.
Se trata de una «lista negra» de médicos y enfermeros provida que la Generalitat aprobó por decreto y que aseguran que será «confidencial», aunque sí lo podrán consultar los directores o gerentes de los centros sanitarios «en el ámbito de sus competencias». El anuncio, realizado a través de un comunicado de la Generalitat, ha encendido al movimiento provida en Cataluña, que ven cierta malicia en la decisión, presentada sin bombo ni platillo y en los últimos estertores del ciclo político.
«El agravante es hacerlo en tiempo de descuento, con la sociedad y los medios pensando en otras cosas», lamenta el médico oftalmólogo José María Simón, ex presidente de Metges Cristians de Catalunya y de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Cristianas. «En lugar de promocionar buena obstetricia y buenas ayudas, se fastidia al objetor de conciencia», añade.
«Es curioso que lo hagan cuando el gobierno ya está recogiendo papeles, como queriendo que el próximo se lo encuentre ya hecho», añade Xavier Puigdollers, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universitat Abat Oliba CEU.
Un año después
La creación de este tipo de registro de objetores de conciencia fue uno de los puntos más polémicos de la reforma de la Ley del Aborto promovida por el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero y aprobada en febrero del año pasado. Los profesionales sanitarios veían en este tipo de lista un riesgo para su libertad. «Lo que es un derecho se puede convertir en obligación», señala Puigdollers.
«La objeción –recuerda Simón– es un derecho humano, está en la Constitución y se puede poner en práctica siempre y en cualquier momento», y añade que, por tanto, un médico que no constase en la lista podría objetar igualmente en cualquier momento.
El médico traía a colación una reflexión de hace unos años, pero aplicable al caso actual: «Sería más operativo crear un registro de médicos aborteros; son muchos menos, se controlaría quizá mejor lo que no deja de ser un delito y así se evitarían presiones hacia los médicos que respetan la vida humana».
Según recoge Newtral, Cataluña era una de las seis comunidades que no tenían implementado el registro de objetores a la interrupción voluntaria del embarazo –eufemismo usado por la ley para no hablar de «aborto»– que contempla la reforma de la ley impulsada por Montero. En 2021, el gobierno catalán ya creó un registro similar para los objetores a la eutanasia.
El legado de un «fracasado»
También se pronunció en contra de la iniciativa de la Generalitat el presidente de e-Cristians –recientemente rebautizado y relanzado como Corriente Social Cristiana–, Josep Miró i Ardèvol. «Es el legado de un fracasado político», lamenta, y añade que la lista «es contraria al ejercicio de un derecho reconocido» y también «una forma de atemorizar a los profesionales sanitarios vinculados del sector público, que son la mayoría».
Josep Miró i Ardèvol, en una imagen de archivo
Miró i Ardèvol considera que es, además, «la constatación de cómo la ideología del aborto genera una política de represión», y lanza un recado a Aragonès: «Si quiere hacer listas negras, que las haga de quienes están predispuestos a hacer abortos».
Ley del aborto catalana
A principios de este mes de marzo, la CUP registró una proposición para que el Parlament debatiese una ley del aborto catalana que eliminase la figura del objetor de conciencia. Entre otras medidas, la propuesta de los anticapitalistas incluía también la libre determinación del aborto y el método, así como su eliminación del Código Penal y que se puedan practicar abortos en los centros de Atención Primaria.
Según informaba El Periódico, ERC y Junts estaban dispuestos a permitir la tramitación del texto, con enmiendas a los artículos. No obstante, unos días después, Aragonés convocaba elecciones anticipadas, abortando esta iniciativa parlamentaria. Falta ver si en la nueva legislatura la aritmética parlamentaria y el interés de los partidos hacen que se retome esta idea.
El año pasado, el departamento de Salud de la Generalitat informó de que un 44 % de los ginecólogos catalanes se han acogido a la objeción de conciencia para no practicar abortos. Cabe recordar también que Cataluña es –según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad– la comunidad autónoma en la que se practicaron más abortos legales durante el año 2022.
En concreto, fueron 20.790 abortos, el 21,15 % del total en España. La mayoría (77 %) tuvieron lugar en Barcelona. Son más abortos de los que «tocarían» por población, ya que Cataluña concentra el 16,4 % de la población española.
