El ayuntamiento de Vic abre un buzón para que los vecinos delaten a los comercios que atienden en español

El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) ha puesto en marcha un «buzón ciudadano» para recoger denuncias lingüísticas. Esta iniciativa, dicen desde el consistorio, es una «vía de comunicación» para que los ciudadanos vehiculen «cualquier queja o sugerencia con relación al uso del catalán y sus derechos lingüísticos». Y deja claro que «el fomento de la lengua catalana es más fácil si todos participamos». El alcalde de Vic es Albert Castells, de Junts.

Se trata de una iniciativa que ha puesto en marcha la concejalía de Lengua del Ayuntamiento de Vic, y, por ejemplo, desde la página web del consistorio, se puede acceder a ese buzón, cuando se ‘pincha’ en el epígrafe «Ayúdanos en el uso del catalán». En definitiva, lo que se pretende también es que los ciudadanos puedan presentar «denunciar lingüísticas», o lo que es lo mismo, que se puedan denunciar y señalar a aquellos comercios que rotulen o atiendan en castellano, o en el caso de un restaurante, por ejemplo, que su carta no esté en catalán. Y la intención es multarlos, a partir de septiembre.

Es lo que ha explicado a El Debate el diputado del PP en el Parlament, Pau Ferran, que es de Vic, y que considera una «barbaridad» esta medida. Ferran destaca que si el objetivo fuera promocionar el catalán, «todos podríamos estar de acuerdo», pero el problema, añade, es que se acaba convirtiendo siempre en una campaña «para perseguir el castellano». Y al final, añade, lo que se consigue es que se convierta el catalán «en una lengua antipática». Y un ejemplo es el último estudio del Observatorio de la Juventud de Cataluña, que recoge que solo un 25 % de los jóvenes catalanes utiliza el catalán como lengua prioritaria.

Ferran, en cualquier caso, recuerda que el español es una lengua oficial de Cataluña, y se ha preguntado qué es lo que se va a hacer con esos comercios que hay en Vic, en barrios como El Remei y Cases Barates, donde «no hay ni un solo comercio que tenga rótulos en catalán o castellano, porque todo está en árabe». Y esto, asegura, sí que puede generar un problema «grave de comprensión», teniendo en cuenta que la mayoría de la población de Vic no domina el árabe, a diferencia del castellano.

Y más allá de esta cuestión, el diputado popular lamenta que el consistorio centre sus esfuerzos e invierta los recursos públicos en cuestiones como esta, cuando en la ciudad hay problemas mucho más graves, como puede ser la delincuencia o la ocupación ilegal de viviendas.

Plan de Acción por el catalán

Este buzón de denuncias lingüísticas es una medida más de las que ha impulsado el Ayuntamiento de Vic para «fortalecer la lengua catalana». De hecho, ha elaborado un plan de acción que incluye cláusulas lingüísticas para las contrataciones públicas para «velar» por el uso del catalán. Y eso que, según reconoce el propio equipo de gobierno municipal, la situación en Vic sobre el uso de esta lengua no está «tan mal», pero ya se están detectando «señales de alarma».

Estas señales, según ha explicado la concejal de Lengua de la capital de Osona, Bet Piella, se dan en comercios o en los patios de las escuelas, donde el catalán sigue siendo la lengua «vehicular» en el municipio, «pero se está empezando a perder». Y antes de que sea demasiado tarde han decidido pasar a la acción e impulsar ese plan que contempla, entre otras cuestiones, conocer los usos lingüísticos de la ciudad en un informe, enfocado sobre todo en los patios de las escuelas, que se está convirtiendo es una de las grandes obsesiones del nacionalismo catalán. Es decir, que los niños utilicen la lengua catalana más allá del aula.

La cláusula lingüística también se tendrá en cuenta a la hora de conceder subvenciones, porque se premiará a aquellas empresas que «que tengan conciencia por la lengua y quieran ofrecer sus servicios a la ciudad», ha dejado claro la concejal que se encarga de velar por el uso del catalán.

De lo que se trata, asegura, es de que los proveedores sean «conscientes de que para presentarse a concursos se premia la lengua, y que esto tenga un efecto en la cadena para que los ciudadanos se sientan mejor atendidos». Lo que les gustaría es que otros ayuntamientos también dieran este paso. Algunos ya lo han hecho, como es el caso del de Gerona, que también ha aprobado recientemente que se exija a las empresas con contratos públicos que utilicen el catalán y que haya penalizaciones para las que incumplan.

Desde el PP van a analizar estas medidas por si incumple la normativa, y, si es así, acudirán a los tribunales, según ha avanzado Pau Ferran, que considera que no se puede utilizar la lengua «como un elemento discriminatorio», y, por lo tanto, no puede haber una «penalización» por el hecho de que la documentación de una empresa, por ejemplo, esté en castellano.

Y es que el plan del consistorio es claro: revertir «el actual retroceso del uso del catalán y contrarrestar las normas sociales que favorecen el cambio al castellano», además que tiene como objetivo «garantizar el derecho a vivir en catalán, promover el uso de la lengua en todos los ámbitos y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de no cambiar de lengua».