El año en que dos militares masones intentaron derrocar la monarquía desde Santa Coloma

El hecho que relataremos en este artículo está vinculado a un acontecimiento que tuvo lugar en junio de 1884. Un acto que dos oficiales pagaron con su vida.

Hacía diez años antes que habían fracasado la Primera República y el de Amadeo en Saboya. Habían acabado la III Guerra Carlista, la Guerra de los diez años en Cuba y la sublevación cantonal. Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar ya eran historia, y también el golpe de estado de Manuel Pavía y el pronunciamiento de Arsenio Martínez Campos que restableció la monarquía.

Por tanto, se puede afirmar que en 1884 existía cierta estabilidad política y social en España. Se habían fundado el PSOE y el Partido Liberal, se autorizaron las asociaciones obreras, hubo elecciones generales. El rey Alfonso XII se casó en primeras nupcias con María de las Mercedes de Orleans y en segundas, con María Cristina de Habsburgo-Lorena. Sin embargo, algún corpúsculo militar aún anhelaba derrocar la monarquía y reinstaurar la república.

Así, el 27 de junio de 1884, el coronel Ramón Ferrándiz de la Plaza y el capitán Manuel Bellés Casanova intentaron una sublevación contra la monarquía. Ambos formaban parte de un batallón de Reserva establecido en Santa Coloma de Farners (Gerona) y de la Asociación Republicana Militar. Ambos, también, eran miembros de la masonería.

La acción formaba parte de un complot ideado por el capitán de carabineros Higinio Mangado Morales, por iniciativa del exministro de Fomento y presidente del Gobierno Manuel Ruiz Zorrilla. Al fracasar el levantamiento, Bellés y Ferrándiz huyeron hasta Castellfollit de la Roca. Ahí fueron localizados y trasladados a Besalú. De ahí a la cárcel de Gerona, donde los sentenciaron a muerte.

Movilización contra la pena

Aquel intento de levantamiento y la condena a muerte tuvo repercusión a nivel social en Cataluña. Cuando se supo que los habían sentenciado a muerte, la prensa catalana y la sociedad civil se unieron para conseguir el indulto de los dos militares.

La movilización fue total. Los industriales cerraron las tiendas y pusieron un cartel que decía: «Cerrado como manifestación de luto. ¡Perdón para los condenados de Santa Coloma de Farnés!». El jurista y director del periódico La Renaixença, Francesc Riba i Lledó, le pidió al alcalde de Barcelona, Alberto Faura Aranyó, que le transmitiera al Gobernador la solicitud de indulto en favor de los condenados.

Riba hablaba en nombre de la Barcelona industrial, «ajena a toda mira política». El alcalde Faura redactó un telegrama:

Luego Riba i Lledó se dirigió al Gobierno Civil, que en aquel momento estaba en la Plaza Palacio, hoy en día Pla de Palau. Lo recibió el gobernador interino Eduardo Zamora Caballero. La respuesta fue contundente por parte de este. El mantenimiento de la disciplina militar obligaba al Gobierno a mandar que se cumpliera la sentencia, y que una vez lo había declarado así, no creía conveniente telegrafiarle en el sentido indicado”.

Hubo algunos disturbios leves al conocerse la contestación de Eduardo Zamora, pero poco después se restableció la calma. La manifestación ciudadanos se disolvió en la Plaza de la Constitución, actual Plaza San Jaime. Se colgaron en muchos balcones crespones negros, en señal de luto. También cerraron todos los teatros barceloneses. El Gobernador interino hizo llegar a los diarios barceloneses la siguiente nota:

En Gerona también hubo manifestaciones a favor de ellos. Pasearon por las calles de la ciudad a los 7 hijos del capitán Bellés, para ablandar el corazón de los militares. A parte del telegrama del Ayuntamiento de Barcelona, también hicieron lo mismo la Asociación Arqueológica Barcelonesa, la sociedad Bolsín Catalán, los periódicos Crónica de Cataluña, El Diluvio, La gaceta Universal, La Campana de Gracia, La Publicidad, La Vanguardia, La Correspondencia Catalana, La Renaixença, La Última Hora, La Libertad, Los Negocios, El Busilis, El Demócrata. Todos ellos pidieron el indulto.

Manuel Bellés Casanova y Ramon Ferrándiz de la Plaza fueron ejecutados a las ocho de la mañana del 28 de junio de 1884, fuera de las murallas de Gerona, cerca del antiguo hospital militar. Como escribía La Vanguardia, «ni el desconsuelo de las viudas, ni el amargo llanto de los huérfanos, que quedan en el mayor desamparo, ni las instancias reiteradas de la prensa, de corporaciones, de entidades y autoridades, ni las súplicas de la opinión pública, que unánime se ha pronunciado en favor de aquellos infelices, nada ha podido vencer la tena insistencia del Gobierno en aconsejar al rey por esta vez no hiciera uso de la más bella de sus prerrogativas».

En 1889 el Ayuntamiento de Gerona erigió un monumento funerario, realizado por F. Planes, por suscripción popular, en el cementerio, donde fueron enterrados los dos oficiales. También les dedicaron una calle.