Política
La celebración cauta por los primeros amnistiados marca el inicio del esprint hacia la repetición electoral
Los socialistas se preparan para afrontar dos meses de negociación con ERC mientras en Junts siguen las dudas por el regreso de Puigdemont
Enunciada en 1957, la Ley de Parkinson afirma que «el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine». En la política catalana, el tiempo disponible son dos meses –una cuenta atrás que empieza a contar a partir de este miércoles por la mañana, cuando un pleno en el Parlament sin candidatos dé el pistoletazo de salida oficial a la carrera hacia la repetición electoral–, y los partidos tienen intención de hacer cumplir la citada ley no escrita y agotar el plazo.
Así se desprende de lo que unos y otros han ido proclamando en los últimos días y semanas, tanto en público como en privado. La situación es conocida por todos. Por un lado, Salvador Illa (PSC) intentará seducir a ERC con una propuesta de «financiación singular» dictada desde Madrid para asegurarse la mayoría absoluta junto a los Comunes, mientras los republicanos –quebrados internamente en un juego de tronos entre Oriol Junqueras y Marta Rovira– exigen siempre un poco más, un concierto económico calcado al vasco.
Por otro lado, Carles Puigdemont (Junts) tratará de que ERC no apoye a Illa y sí, en cambio, se incline por unirse a un frente independentista con la CUP. El problema es que los números no le dan –necesitaría que los socialistas se abstuviesen–, pero Puigdemont confía en que negar la investidura a Illa y repetir elecciones, tal vez resucitando el fantasma de Junts Pel Si, sería lo más ventajoso para sus anhelos presidencialistas.
La amnistía sacude el tablero
Las cartas están sobre la mesa, pero el comienzo de la cuenta atrás se vio sacudido este martes por la decisión del TSJC de aplicar las primeras amnistías: una veintena de manifestantes en los disturbios ligados al procés, además del exconsejero Miquel Buch y el escolta que este contrató como cargo de confianza para que acompañara al fugitivo Puigdemont en su «exilio».
Tanto la ANC como Òmnium Cultural lo celebraron, pero pidieron que esta no fuera la excepción que confirma la regla. “Se empieza a hacer justicia y a acabar con la persecución y el sufrimiento de tantas familias. ¡Qué gran noticia!", escribía en X el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès.
Una alegría que desde ERC quieren hacer valer, para evitar que el protagonismo de la amnistía recaiga solo en Junts, mientras que los de Puigdemont se muestran mucho más cautos, ya que aún no está resuelta la situación personal del expresidente, que ha prometido –y así lo reiteraba el martes el secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista con Catalunya Ràdio– regresar a Cataluña cuando se celebre el pleno de investidura, incluso si fuera el de Salvador Illa.
Agotar los tiempos
De todas maneras, que nadie espere que el puzle de la investidura o la convocatoria de nuevos comicios se resuelva pronto. El martes, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, reconocía que «todo el mundo querría correr más» pero asume que esto llevará tiempo porque esta negociación «es muy compleja» y exige «cambiar también muchas mentalidades», ya que «desde el 2006 ningún independentista ha apoyado a un no independentista».
Los republicanos aprovechan cualquier micrófono abierto para insistir en que no aceptarán «gato por liebre»: así se expresaba Aragonès en la entrega de los premios de Pimec, a los que no asistió Pedro Sánchez, a pesar de haber confirmado previamente su asistencia.
El tira y afloja entre los dos partidos, con Junts tratando de sabotear la operación, marcará los próximos dos meses en torno al Parlament. El tiempo disponible –de nuevo, Parkinson– para evitar a los catalanes una nueva cita en las urnas.