La presencia del Estado en Cataluña, bajo mínimos

«Estamos ante una situación dramática». Es la denuncia que hace el sindicato de funcionarios CSIF del panorama de los servicios públicos que el Estado ofrece en Cataluña. Estamos hablando de la DGT, del SEPE o de las oficinas de la Seguridad Social. Faltan muchas plazas por cubrir, Cataluña no atractiva, y a esto hay que añadir que en un plazo de diez años se van a jubilar un 60% de los empleados públicos que el estado tiene en esta comunidad autónoma. En definitiva, el Estado languidece en Cataluña.

Así lo explica a El Debate Rafael Sánchez, responsable del sindicato en la provincia de Gerona. Un ejemplo de la situación está en la Dirección General de Tráfico. La plantilla actualmente la forman 298 personas, incluidos interinos, mientras que Cataluña debería disponer de 452 plazas que están dotadas presupuestariamente. O lo que es lo mismo, solo están cubiertas un 65% de esas plazas. En la provincia de Lérida la situación está algo mejor, al menos en la DGT, pero en Sabadell, por ejemplo, la cobertura se queda en el 58%.

Para el CSIF, en estas condiciones no se puede ofrecer un servicio de calidad. Y a esto hay que añadir que, en verano, las plantillas se reducen a la mitad, con lo que se «disparan los tiempos de espera para absolutamente todo: exámenes teóricos y prácticos, canjes de permisos, expediciones, etc.». Es lo que ocurre, asegura Rafael Sánchez, cuando en lugar estar ocho personas en ventanilla solo hay cuatro, porque «detrás también hay un trabajo que hacer y no se puede dejar».

Y, en el caso de los exámenes, en Cataluña hay una auténtica fiebre por sacarse el carné de conducir en Cuenca, habida cuenta del tapón que hay en esta comunidad. Tráfico tarda una media de 15-20 días para dar fecha para el examen teórico. En el caso del práctico, se alarga a los dos meses, mínimo. La lista de espera es de unas 60 mil personas.

¿Y cuáles son las razones? Cataluña no es atractiva por el alto nivel de vida y porque los funcionarios de la DGT «son los peor pagados de todas las Administraciones competentes en esta comunidad». Para Rafael Sánchez, en Cataluña, ser funcionario del Estado, presupone «ser pobre aun teniendo un trabajo estable».

Y desde el CSIF facilitan estos datos. Los operadores de información, que son los encargados de atender a los ciudadanos que llegan a las ventanillas de las Jefaturas Provinciales, cobran poco más de 1.200 euros al mes, cuando el salario medio en Cataluña, el año pasado, estaba situado en unos 2.052 euros mensuales. Y para estos puestos de atención al público existen, en teoría, 254 puestos, pero solo están ocupados 115. O lo que es lo mismo, menos de la mitad. «Blanco y en botella», dice Sánchez.

Plaza poco atractiva

Y el problema no es que no se cubran las convocatorias, sino que, a la mínima oportunidad, estos funcionarios se marchan a otra comunidad. Un ejemplo. En la DGT se nombraron, asegura este responsable del CSIF, 24 personas que sustituyeron a 24 interinos, por lo que «el nivel de subida fue ninguno». Y en febrero, explica, salió una convocatoria del SEPE «y no se cubrió ninguna plaza». Y además, asegura, «se fueron tres compañeros» y «cada vez que sale un concurso de traslados, aparecemos en negativo».

Y se puede dar el caso que se tengan que cerrar oficinas, o que funcionen alternativamente con personal que va de una a otra. «A lo mejor en una ciudad se abre tres días, y en otra, dos», dice Sánchez. Es lo que está pasando, por ejemplo, con las oficinas de la Seguridad Social en algunos municipios de Gerona, en La Bisbal y Sant Feliu de Guíxols.

¿Cuál sería la solución? Para Sánchez, está claro: «o se equiparan los salarios con las otras administraciones, o no habrá remedio». Es la única forma, asegura, de atraer al opositor local, que prefiere optar a un puesto en la administración local o en la autonómica, donde los salarios son mucho más altos.