Las claves del preacuerdo en Cataluña entre ERC y PSC: solidaridad fiscal «limitada» y «garantizar» el catalán

Este lunes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) firmaba con los socialistas catalanes un preacuerdo para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El texto se someterá este viernes a una consulta «vinculante» –aseguraba la portavoz Raquel Sans– entre los 8.700 militantes de ERC, que decidirán si lo validan o no.

Mientras tratan de convencer a sus bases para que aprueben el preacuerdo con el PSC, la cúpula de los republicanos ya ha hecho público el texto íntegro del pacto: un documento de 25 páginas que arranca con un preámbulo en el que ambas formaciones se consideran «herederas del catalanismo popular» y que pone el énfasis en la financiación y el impulso al catalán.

Punto de partida

El preacuerdo compra el relato secesionista de un «conflicto político entre Cataluña y el Estado», y señala las diferencias entre «el federalismo de izquierdas y el independentismo de izquierdas», pero aboga por centrarse en aquello que une ambas sensibilidades: a su juicio, «los principios esenciales del catalanismo de raíz popular», que son «nación, progreso y respeto a la voluntad popular».

El texto también habla de «rehacer la confianza» entre los espacios políticos de ERC y el PSC y de que la investidura sirva para «conseguir que Cataluña gane soberanía». Por último, señala el supuesto objetivo del esfuerzo: «Una Cataluña más justa, más próspera, más verde, más feminista y plenamente libre».

Financiación «limitada»

El preacuerdo alcanzado entre el PSC y ERC establece que la solidaridad de Catalunya con el resto del Estado quedará «limitada» por el principio de ordinalidad en un próximo modelo de financiación catalana: «Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben».

El texto recoge los principios del nuevo modelo de financiación de la Generalitat basado «en la negociación bilateral con el Estado», y fija que sea el Govern el que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos, y aumentar sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la UE.

Para formalizar la nueva financiación, el texto concreta que será necesario formalizar este pacto durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat. El documento no usa el término «concierto» para definir el modelo ni detalla qué cuota de solidaridad correspondería a Cataluña.

«Garantizar» el catalán

El preacuerdo también contempla «un fortalecimiento del conjunto de políticas encaminadas a potenciar el uso social de la lengua catalana». Entre estos, el principal es el compromiso de crear un Departamento de Política Lingüística, «con un plan de acción transversal» sobre el resto de departamentos del gobierno catalán.

Asimismo, PSC y ERC se comprometen a aprobar el Pacto Nacional por la Lengua, así como su calendario de ejecución, en los primeros 100 días del nuevo gobierno. También a dotarlo con 200 millones de euros del presupuesto.

El preacuerdo pone énfasis en que se garantice el catalán como lengua vehicular en la educación, tanto en las aulas como en las actividades extraescolares. Además, se insta a «establecer un calendario de capacitación del personal» en los centros sanitarios que «garantice la atención activa en catalán a los usuarios».

El preacuerdo contempla que se debe garantizar que alcancen el nivel C1 de catalán todos los graduados en universidades catalanas de «grados lingüísticamente estratégicos», como salud, derecho, trabajo social y ciencias de la comunicación. De esta forma, deben lograr la «competencia lingüística necesaria para atender a los pacientes y los usuarios del país».

También se prevé un «plan de impulso al catalán en el audiovisual y el entorno digital», en ámbitos como el cine, los videojuegos o las redes sociales. Asimismo, se recoge la voluntad de «garantizar activamente» que los comercios rotulen y atiendan al público en catalán, en la línea de las recientes campañas de denuncia llevadas a cabo por la Plataforma per la Llengua, la «ONG del catalán».

Proyección internacional

El preacuerdo también busca mantener la red de pseudoembajadas catalanas fuera de España: garantiza que se mantendrá el Departamento de Acción Exterior y UE, asegura que se creará el Cuerpo de Acción Exterior y detalla que se ampliará la red de delegaciones por América Latina y Asia, y que «se reforzará» la acción exterior en África.

Además, el documento señala que se promoverá la participación de Cataluña en organismos internacionales como la UNESCO, «como hacen otras realidades nacionales como Flandes o Quebec». También se dice que Cataluña participará en reuniones de la tercera dimensión de seguridad de la OSCE, que se incluirá un delegado de la Generalitat en el Senior Officials Meeting de la Unión por el Mediterráneo y que se garantizará la presencia del CAC en el grupo de reguladores audiovisuales europeos.

Selecciones deportivas

El preacuerdo apunta que el Govern «continuará trabajando para el máximo reconocimiento del deporte catalán en todos sus niveles», por lo que promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones catalanas.

Señala también la creación de una Oficina adscrita al Consell Català de l'Esport que promoverá las selecciones catalanas que, según la Ley del Deporte, pueden participar internacionalmente al haber nacido antes que la federación española correspondiente o tener un arraigo social e histórico en Cataluña.

Conflicto político

En el apartado dedicado al «conflicto político», el preacuerdo apunta a la celebración de un nuevo referéndum, en la línea de lo que advirtió la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en su primera intervención ante la militancia tras regresar de Suiza.

Así, aunque el documento no usa la palabra «referéndum», sí habla de que la «nueva etapa» del «conflicto» ha de abordar «el debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucionalmente y jurídicamente este reconocimiento», así como «la necesidad de que los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean refrendados por la ciudadanía».

Para coordinar este «amplio debate político, social y ciudadano», el preacuerdo contempla que en el primer pleno después de la constitución del nuevo gobierno catalán se impulse «una Convención Nacional para la resolución del conflicto político». Esta estará, dicen, integrada por un «grupo impulsor» presidido por ERC y formado por representantes de los grupos parlamentarios.

El objetivo de este organismo será «promover un debate a nivel político, social y ciudadano» y presentar sus conclusiones al Parlament, así como hacer un seguimiento de la aplicación de la ley de amnistía. Además, se prevé la creación de una oficina creada por el gobierno catalán «que asegure los recursos humanos, técnicos y materiales» para llevar a cabo estas tareas.

Aeropuerto

El preacuerdo de investidura de ERC y PSC prevé «transformar» el Aeropuerto de Barcelona para que gane capacidad con nuevas conexiones intercontinentales de largo radio, para lo que se dará continuidad a la labor de la comisión técnica acordada entre Generalitat y Gobierno.

ERC y PSC se comprometen a promover las modificaciones legales necesarias para hacer efectiva la creación de un nuevo Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña (CRAC), en sustitución del actual comité de coordinación aeroportuaria (CCA), para que la Generalitat «tenga un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario».

Está prevista, asimismo, la creación de la Autoritat Aeropòrtuaria de Catalunya que «vehiculará los intereses de Cataluña en el nuevo modelo de gobernanza» y centralizará las competencias propias de la Generalitat relacionadas con esta actividad.