La cesión del PSC a los Comunes sobre el Hard Rock entierra una inversión de 2.000 millones y 5.000 empleos

La concesión de un concierto fiscal para Cataluña fruto del acuerdo entre ERC, PSC y Comunes-Sumar ha tapado otros acuerdos que tienen un efecto económico negativo para Cataluña, como enterrar el conocido como «Hard Rock», un macrocomplejo hotelero y de juego proyectado en la Costa Dorada (Tarragona).

De nada ha servido que la Cámara de Comercio de Tarragona y todos los ayuntamientos afectados y colindantes hayan manifestado reiteradamente su apoyo al proyecto, y aprobado infinidad de resoluciones instando a la ejecución del mismo. La portavoz de los Comunes, Jessica Albiach ha dado por finiquitado un proyecto que ya sirvió al partido de ultraizquierda para tumbar el proyecto de presupuestos que, a la postre, llevó a Cataluña al adelanto electoral del 12 de mayo.

El fin de este importante proyecto supone liquidar un largo camino que llevaba quince años en tramitación y que iba a convertir a la Costa Dorada tarraconense en un destino más competitivo, al sumar el Hard Rock a Port Aventura. A lo largo de esta década y media, Hard Rock ha sufrido la exasperante demora de los trámites administrativos y recursos judiciales.

Pero no solo eso, sino que también ha visto como desde la Generalitat se limitaba el proyecto, recortando el espacio de 101 a 61 hectáreas y también la altura máxima que se bajo de 90 a 75 metros. La administración autonómica también limitó el espacio dedicado al casino a un máximo de 30.000 de los 745.000 metros cuadrados que iba ocupar el hotel y centro lúdico.

2.000 millones

Hard Rock hubiera supuesto una inversión total de700 millones iniciales que hubiera alcanzado los 2.000 a la finalización del mismo. Los Comunes han impuesto sus prejuicios ideológicos al PSC, que era favorable al proyecto, y no solo acaban con un centro turístico y de ocio que era el séptimo más grande que Hard Rock hubiera tenido en el mundo, sino que se cargan la creación de 2.000 empleos directos y más de 5.000 indirectos.

Los Comunes han alegado que el modelo de turismo que propone Hard Rock no es el que el Cataluña necesita, a pesar de que la empresa propiedad de los indios Seminola cuenta con 230 establecimientos en 68 países del mundo.

En las últimas elecciones autonómicas, los Comunes perdieron su representación en la provincia de Tarragona, con lo cual el electorado manifestó su contrariedad con el partido de Ada Colau y Yolanda Díaz. El resultado de las autonómicas supuso una continuidad de las generales y las municipales, en las que el partido de izquierda radical perdió sus diputados al congreso y la representación en los municipios.

Una «venganza»

Algunos de los agentes sociales consultados por El Debate señalan que «la presión de los Comunes para acabar con Hard Rock es una venganza contra los municipios del Camp de Tarragona y cercanos a Vila-Seca y Salou por la falta de apoyo electoral a Yolanda Díaz y a Jessica Albiach».

El gobierno de ERC alegó para no atender las solicitudes de los Comunes de aparcar el proyecto que dicho archivo supondría tener que indemnizar a la empresa y a CaixaBank, propietaria de los terrenos. Ahora, con el pacto entre el PSC y los Comunes, se abren las dudas sobre cuál es el futuro de los vastos y estratégicos terrenos donde se iba a ubicar Hard Rock, y a qué demandas judiciales deberá responder la Generalitat.

Los Comunes, gracias a los socialistas, han dado carpetazo a un proyecto que otros muchos destinos turísticos mundiales hubieran acogido con los brazos abiertos, pero ahora, además de la decepción en el territorio, se abre la duda de cuál es el futuro de la zona.