Illa asume el discurso del nacionalismo sobre el catalán y pide a los castellanohablantes que«superen la comodidad del monolingüismo»

No hay ninguna diferencia entre un gobierno de ERC y uno de PSC, al menos, en materia lingüística. Es la reflexión que hacen en la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), tras conocer las últimas decisiones de la Generalitat con relación a esta cuestión, o tras las últimas declaraciones de la consejera de Educación, Esther Niubó, asegurando que el catalán es la lengua propia que se tiene que defender y potenciar, además de rechazar el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas.

Lo último es un informe que ha presentado el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en el que se recoge que hay «recorrido de mejora» en el uso social del catalán en ámbitos como el educativo, el laboral y el institucional. Un informe que no es más que un resumen de datos y argumentarios de gobiernos secesionistas.

En el documento, titulado «Situación del catalán, el occitano aranés y la lengua de signos catalana y principales líneas de intervención en política lingüística durante la legislatura», se dice que el catalán es una lengua media en Europa que cuenta con más de diez millones de personas que lo hablan, situándose en un nivel similar al danés o al eslovaco. Aun así, se destacan algunos riesgos o «serios retos» a los que hay que hacer frente, como que haya bolsas «significativas» de personas que desconocen esta lengua o un «retroceso preocupante» en el uso del catalán en el ámbito educativo, sanitario y comercial.

Y para hacer frente a estos «desafíos», se ponen sobre la mesa cinco grandes objetivos: que se incremente el conocimiento social del catalán; hacer fácil el uso de esta lengua; garantizar que sea la lengua de uso normal de las instituciones de Cataluña; incentivar el compromiso con la lengua para «generar acuerdos, extender actitudes positivas e implantar hábitos de usos favorables al catalán» y garantizar los «recursos necesarios para asegurar el éxito de estas políticas».

Y para conseguirlo, por ejemplo, se pide «apelar muy especialmente a las personas que tienen el castellano como lengua familiar y disfrutan de los beneficios de hablar una lengua de estado hegemónica y de dimensión internacional para que, superando la comodidad del monolingüismo, refuercen su solidaridad y su altura de miras hacia el catalán».

Para el responsable de Política Lingüística de la Generalitat, el Pacto Nacional por la Lengua tiene que ser «el marco» para desarrollar las medidas para proteger el catalán. Y por este motivo, se pide apartar la lengua de «luchas partidistas». En palabras de la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, hay que conseguir un consenso «muy amplio y alejado del debate político».

A partir de ahí, lo que se pretende, según el gobierno socialista, es garantizar que el sistema educativo dote «efectivamente» de competencia oral y escrita en catalán a todos los escolarizados y relanzar los mecanismos de acogida, enseñanza y dinamización lingüística para adultos. En los ámbitos de Salud y Derechos Sociales, establecer un calendario de capacitación del personal y normalización del uso que garantice la atención activa en catalán a los usuarios a lo largo de esta legislatura y velar porque la oferta comunicativa en catalán sea «rica, atractiva, para todos los públicos y accesible». Eso son solo algunos de los ejemplos.

Pero también se pone en el punto de mira al comercio y la rotulación. En el texto se dice que hay que garantizar «activamente» el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y en el comercio. Y se precisa que se está hablando de la rotulación, el etiquetado, la atención al público y la oferta de servicios. Y, por supuesto, se contempla dotar a los «organismos necesarios encargados de velar por este cumplimiento del personal y los recursos necesarios para hacerlo».

Forzar el uso de una lengua

Desde la Asamblea Por una Escuela bilingüe( AEB), Ana Losada, su presidenta, asegura que el informe no es más que un «refrito» de datos que le convienen para intentar demostrar que el catalán está en peligro. Y a partir de ahí, apunta, se trata de «forzar el uso de la lengua catalana para todos los ciudadanos».

De hecho, la presidenta de la AEB asegura que, con algunos datos que aporta el consejero de Política Lingüística, se desprende que la situación de esta lengua es buena. Pero lo que realmente le preocupa, asegura, es que el catalán «sea de uso mayoritario por los catalanes y que no haya franjas de edad o determinados ámbitos donde el catalán, se use menos que el castellano».

Y a Losada hay otra cuestión que le sorprende: que se pable del ‘País Valenciano’ y que se incluya al valenciano dentro de su análisis de política lingüística. Con esto, asegura, «no van a estar muy contentos» ni desde el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana ni los defensores del valenciano en esa comunidad autónoma.

La presidenta de la AEB también recuerda el uso de temas «recurrentes» en el ámbito de la sanidad, del etiquetado o en el uso de los comercios. Al final, lamenta, este estudio «podía estar hecho por cualquier dirigente de Plataforma por la Lengua porque está atacando a los mismos sectores». Pero no solo eso, sino que el gobierno de Illa ha decidido que la lengua castellana «no está dentro de la política lingüística» que va a llevar a cabo el Govern, asumiendo el 100 % de los planteamientos de los gobiernos secesionistas.

Y eso quiere decir, a juicio de Ana Losada, que aquellos que no son catalanohablantes «no existimos. Solo somos actores válidos si estamos dispuestos a renunciar a la lengua materna que tenemos, que es el castellano, y que ellos consideran que es una lengua de Estado y hegemónica. Y que, por solidaridad, tendríamos que renunciar a nuestro monolingüismo». Y esto lo explicita, asegura, el consejero del gobierno de Salvador Illa, del PSC, que «asegura que va a trabajar para todos los catalanes».