Junts deja en evidencia a Sánchez: olvida el 'dumping' y propone bajar impuestos hasta el nivel de Madrid

El independentismo catalán siempre había justificado la elevada fiscalidad que sufre Cataluña alegando que otras comunidades, como Madrid, hacen dumping fiscal al aplicar en el tramo que les corresponde tipos impositivos más bajos. Este argumento ha servido para que Cataluña haya inventado en los últimos años 19 impuestos propios por tres la Comunidad de Madrid.

Con la excusa de que Cataluña sufre un expolio fiscal, desmentido por muchos expertos, las empresas y ciudadanos catalanes pagan impuestos con nombres tan peculiares como «canon sobre la deposición controlada de residuos municipales», «gravamen de protección civil», «impuesto sobre bebidas azucaradas», «impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial», «impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos», etc.

Todas las fuerzas políticas que han gobernado Cataluña los últimos 45 años –CiU, Junts, PSC, ERC, ICV y los Comunes– han compartido el argumento de la falta de recursos y del dumping como excusa para convertir a Cataluña en un infiero fiscal, pero este consenso está a punto de cambiar en el peor momento para Pedro Sánchez y su barón en Cataluña, Salvador Illa.

Junts, por libre

La política anunciada por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consiste en limitar las capacidades normativas y reguladoras en materia fiscal de las CC.AA del régimen común, evitando que puedan bajar impuestos mientras se concede, en la práctica, la independencia tributaria a Cataluña, mediante una agencia que recaudará los impuestos, decidirá la carga tributaria y entregará al Estado un cupo, siguiendo el modelo vasco.

Según el relato oficial que el PSOE y sus aliados repiten machaconamente, no es admisible que haya comunidades que pidan más recursos a la vez que se bajan impuestos. Desde Junts, una vez más, han decidido ir por libre, romper el consenso de los partidos en el poder en Cataluña, dejar en evidencia el relato oficial y proponer una rebaja de impuestos para que los catalanes paguen lo mismo que los madrileños y «proteger así a la clase media».

Así consta en la ponencia ideológica que el partido de Puigdemont debatirá en su congreso del 27 octubre. El documento no solo deja en evidencia al gobierno central, también a las patronales catalanas y think tanks de influencia como el Círculo de Economía, que habitualmente ponen el grito en el cielo por lo que ellos consideran dumping de las comunidades autónomas que aprueban tipos impositivos más suaves de los que impone Cataluña.

La idea que se ha difundido en Cataluña durante años, y que ahora podría decaer, consiste en hacer creer a los catalanes que los problemas de listas de espera en la sanidad, barracones escolares y otras deficiencias en los servicios públicos no son responsabilidad de la Generalitat si no de la competencia injusta de otras CC.AA y de la falta de financiación, todo ello a pesar de que Cataluña es la comunidad que más dinero recibe del Fondo de Liquidez Autonómica y la que presenta un mayor déficit en la Seguridad social entre ingresos y pagos.

La ponencia de Junts, de corte liberal, afirma literalmente «es preciso rebajar los tipos máximos actuales del IRPF al nivel de las comunidades autónomas con los tipos máximos más bajos, empezando mientras no se solución la infrafinanciación por una deflactación de las tablas actuales y la reducción en los tramos inferiores a los 33.000 euros».

A dos bandas

La propuesta puede interpretarse como una tarjeta de presentación de Junts como principal fuerza de la oposición de Cataluña frente a un gobierno monocolor del PSC con apoyo parlamentario de ERC y la extrema izquierda de los Comunes, la marca de Yolanda Díaz en Cataluña. El problema es que, si bien en Cataluña Junts y el PSC son adversarios, en cambio, en el Congreso de los Diputados Junts es imprescindible para garantizar la gobernabilidad.

Esta propuesta no solo le enfrenta al PSOE, situación salvable dado que los socialistas cambian de opinión sin rubor en cualquier tema en función de la exigencia del socio parlamentario de turno al que se tenga que satisfacer, sino que aleja a Junts del resto de socios de Pedro Sánchez, todos ellos férreos partidarios de la dureza fiscal.

Un catalán con una renta superior a los 300.000 euros paga anualmente 11.800 euros más de renta que un madrileño, en concreto 68.300 por 57.500. Esta diferencia no solo afecta a las renta altas si no también a las menos favorecidas, dado que un madrileño que gane menos de 30.000 euros al año paga 580 euros menos de renta que un catalán con los mismos ingresos.

La ponencia económica de Junts no se detiene en el IRPF si no que propone la eliminación del impuesto de sucesiones, al que la ponencia califica de «injusto». También apuesta por una rebaja del impuesto de sociedades con gravámenes de entre el 20 % y el 15 % en función de la empresa, y la bonificación del 99 % del impuesto de transmisiones patrimoniales para los casos en los que una vivienda pase a ser domicilio habitual.

Esta propuesta, enmendable en el congreso de Junts, supone un paso más en el alejamiento entre Junts y el PSOE y un obstáculo más en el cada vez más imposible puzle de la gobernabilidad de España.