El plan de Vox para la vivienda: menos impuestos, liberalización del suelo y lucha contra la okupación

Vox ha elaborado un plan de vivienda que gira en torno a cuatro ejes: derecho a la vivienda y la propiedad privada, vivienda en libertad, fiscalidad y vivienda social. Plan que quiere dar respuesta a la situación «dramática» que hay en Cataluña, por los problemas de acceso de jóvenes y familias a una vivienda, además de que las sucesivas regulaciones sobre esta cuestión han generado una gran inseguridad jurídica.

Según el documento que recoge este plan, al que ha tenido acceso El Debate, la formación pone encima de la mesa 25 medidas frente a las «recetas fallidas» de los diferentes gobiernos de la Generalitat, ya sean con socialistas o con separatistas, en palabras del líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga.

Hay que tener en cuenta que los jóvenes destinan un 58% de su salario a pagar el alquiler, que se sitúa en Cataluña, en unos 1190 euros mensuales de media. El gobierno catalán sacaba pecho porque su política de fijar un tope par ale precio del alquiler había dado sus frutos, y la cantidad se ha reducido en unos 60 euros en el segundo trimestre del año.

La otra cara de la moneda es que ha caído la oferta un 17%. Pero Garriga también destacaba que, para poder comprar una vivienda, se tenía que destinar el salario íntegro de más de ocho años. «Esa es la realidad y el fruto de las políticas que han impulsado», le reprochaba al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Derecho a la vivienda

Uno de los ejes sobre los que articula el plan de Vox es "el derecho a la vivienda y a la propiedad privada”. De entrada, la formación critica la «irresponsabilidad» de los sucesivos gobiernos porque han llevado a cabo «una inversión insuficiente en políticas de vivienda». Y uno de los resultados es que Cataluña es la comunidad autónoma «con mayor déficit de pisos asequibles». Eso de entrada. Pero Vox también deja claro que «hay que reforzar la protección de los propietarios ante el grave problema de las ocupaciones ilegales».

En este sentido, propone revisar aquellas medidas que se han llevado a cabo en los últimos años, para continuar con las que han sido beneficiosas y anular las que han tenido efectos perversos. Pero Vox lo que sí apuesta es por derogar aquellas leyes aprobadas en los últimos años por el Parlament y que, entre otras cuestiones, obligaban a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social (cuestión considerada inconstitucional por el TC) a los inquilinos que se declaren vulnerables antes de empezar cualquier ¡proceso judicial; o fijaba unos límites en el precio del alquiler.

El plan contempla un plan de choque contra la okupación, de tal forma que haya un seguimiento de todos los casos de ocupaciones ilegales; que se asesore a las víctimas de estos delitos para agilizar los procesos, y que se reforme el Código Penal y las leyes para proteger a los propietarios «que sufren la acción de las mafias de okupación o la entrada ilegal de un okupa en su vivienda». Otro de los puntos que defiende es que haya un protocolo «claro y por escrito» que dé seguridad a los Mossos de Esquadra para «expulsar a los okupas de forma inmediata dentro del plazo de las primeras 24 horas de la ocupación».

Viviendas en libertad

En el apartado sobre «viviendas en libertad», Vox denuncia que las políticas «intervencionistas» que han llevado a cabo los últimos gobiernos de la Generalitat han acabado destrozando el mercado de la vivienda en Cataluña. Y pone encima de la mesa la necesidad de medidas que generen «seguridad jurídica», a diferencia de lo que ocurre, actualmente, y que han provocado que los propietarios no pongan sus pisos en el mercado de alquiler, y que los promotores tampoco inviertan en esta autonomía.

En este punto, uno de los aspectos más relevantes que pide Vox es instar, desde el Parlament, «la liberación de todo el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional». Así se evitaría, asegura la formación, la corrupción, al usar los ayuntamientos y las CCAA, esta liberalización en su beneficio.

También se propone agilizar los procedimientos administrativos «para obtener licencias de obras y desarrollar suelos urbanizables», pero también se apuesta por llevar a cabo modificaciones fiscales para reducir las cargas con el objeto de facilitar todo el proceso de construcción; reducir la burocracia y las penalizaciones fiscales a los empresarios que tengan como línea de negocio el inmobiliario y fomentar la rehabilitación de viviendas.

Menos impuestos

En el apartado de fiscalidad, Vox recuerda que Cataluña es la Comunidad autónoma que más impuestos tiene y que más presión fiscal ejerce sobre sus ciudadanos. Es este sentido, y para poner fin a lo que llama como «asfixia» fiscal, propone, mientras no se derogue, una bonificación del 100% del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Impuestos ambos vinculados a la compra de la vivienda.

También se propone derogar la ley que regula impuestos sobre las viviendas vacías. Y al contrario, considera que hay que «alentar» a que los propietarios pongan sus inmuebles en el mercado del alquiler «a través del incremento de los beneficios fiscales a las rentas de alquiler para los arrendadores». Otra de las medidas del plan de Vox es recuperar la deducción por vivienda habitual en el IRPF o por alquiler de vivienda (para los ciudadanos de toda España), además de «eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda por parte de un español».

Viviendas sociales

El último eje gira en torno a las viviendas protegidas. Vox destaca el «grave déficit» de vivienda social que hay en Cataluña por la inacción de los gobiernos de la Generalitat, que ha sido mucho más evidente en los últimos años. En ese sentido, se apuesta por «priorizar el acceso a la vivienda social para familias españolas» y un plan para poner en el mercado nuevas viviendas gracias a la rehabilitación de edificios en desuso y la construcción de nuevas viviendas. Y en este punto debe jugar un papel importante la colaboración público-privada.

En este sentido, se propone llevar a cabo un estudio «pormenorizado» sobre el parque de vivienda social; que haya «prioridad nacional» en la adjudicación de este tipo de viviendas y que se garantice la transparencia sobre la nacionalidad de los beneficiarios; que haya una cuota obligatoria de viviendas más grandes en promociones de protección oficial pensando en familias numerosas.

En este apartado, Vox propone un plan específico y urgente para eliminar las listas de espera para poder acceder a una vivienda social además de ofrecer ayudas directas al alquiler y a la hipoteca; y fomentar la construcción de viviendas protegidas en régimen de propiedad o alquiler con opción de compra.