La oposición de Andorra amenaza al gobierno por retrasar las multas a los negocios que no atienden en catalán

El departamento de política lingüística de Andorra ha recibido ya 45 quejas por incumplimientos de la ley del catalán que entró en vigor en marzo y que prevé multas de hasta 10.000 euros a los negocios que no utilicen este idioma —Andorra es el único país donde el catalán es la lengua oficial— para atender a sus clientes.

Según informó la ministra de Cultura del Principado, Mònica Bonell, del medio centenar de quejas recibidas por el gobierno andorrano, doce se han archivado por falta de concreción, 16 se han resuelto y otras 17 están instruidas y pendientes de resolución. Al dar cuenta de estas cifras, Bonell recordó que el ejecutivo prevé esperar hasta enero de 2025 para empezar a aplicar las sanciones previstas por la nueva norma.

Para Bonell, este margen de unos meses supone una medida de gracia amparada por el gabinete jurídico de la administración. El objetivo es dar tiempo a los comercios y restaurantes para que sean conscientes de las implicaciones de la ley del catalán, y que así «todo el mundo tenga a su alcance toda la información» de la norma, señalaba Bonell.

La oposición mete prisa

No obstante, en el hemiciclo andorrano se han alzado ya voces pidiendo al gobierno más celeridad en la aplicación de las multas. En concreto, las de Concòrdia, el principal partido de la oposición en Andorra, con cinco escaños en el Consell General. Se trata de una formación joven, creada en 2022 y articulada en torno a postulados de izquierda, como la legalización del aborto en el país pirenaico.

En la sesión de preguntas al gobierno celebrada hace unos días, el líder parlamentario de Concòrdia y jefe de la oposición, Cerni Escalé, acusó al gobierno andorrano de saltarse la ley por posponer la aplicación de las sanciones, y amenazó al gobierno andorrano con una demanda judicial. «Si en enero persiste la no tramitación de las infracciones, estudiaremos la posibilidad de denunciar al gobierno a los tribunales», dijo.

Cabe recordar que la ley que busca blindar el catalán como lengua de uso exclusivo en el país no solo marca en qué idioma han de realizarse las conversaciones en tiendas, cafés o bancos, sino que también establece que los rótulos de los comercios no pueden estar en castellano ni en francés.