El hachazo fiscal a las socimi puede provocar otro éxodo empresarial en Cataluña, esta vez al extranjero

El Gobierno anuncio un acuerdo para incrementar los impuestos a las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) y las consecuencias fueron inmediatas. La caída en bolsa de este tipo de empresas fue de 590 millones en una sola jornada y Juan José Bruguera, presidente de Colonial, la más importante de estas empresas con raíz catalana realizó unas declaraciones recordando su fuerte implantación en París, lo que insinúa una posible marcha a la capital francesa en caso de que la amenaza gubernamental se consume.

Además, Bruguera afirmó que «el marco legal debe proteger a las compañías que han apostado por atraer inversión internacional». Tras la batalla con la banca y las energéticas ahora el Gobierno abre un frente con el sector de la gestión y la inversión inmobiliaria.

Las socimi, paradójicamente, fueron el resultado de una ley impulsada en 2009 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Actualmente en nuestro país hay 117 socimi, de las que un 25 % son catalanas.

Si el pacto entre el PSOE y Sumar para gravar más a estas sociedades encuentra apoyo entre los socios del Gobierno, hasta 30 empresas podrían seguir el camino que desde 2017 ya han realizado otras 10.000 sociedades abandonando Cataluña, pero en este caso no se mudarían a otras Comunidades Autónomas de España, sino al extranjero.

Caída de la inversión exterior

Las socimi no son un tipo de empresa exclusiva de España, sino que existen en toda Europa con un régimen jurídico parecido. Hay que tener en cuenta que el 55 % de las inversiones en socimi son procedentes de capital extranjero, así que el hachazo fiscal hacia este tipo de empresas provocaría una caída de la inversión exterior. Un hecho que afectaría especialmente a Cataluña, dado que está muy por detrás de otras comunidades en inversión extranjera.

Además, las socimi, que para constituirse deben tener un capital mínimo de 5 millones de euros, son fundamentales para el desarrollo del mercado del alquiler, dado que están obligadas a repartir beneficios del 80 % de los beneficios obtenidos por rentas. Según datos del Institut Cerdà, Cataluña tiene un déficit de 186.000 viviendas de alquiler y el castigo a las socimi no aligerará está falta de oferta, todo lo contrario la agravará.

En este contexto los expertos consideran que si el Gobierno frena el desarrollo de las socimi, el plan de Salvador Illa de construir 50.000 viviendas hasta 2030 estaría condenado al fracaso, dado que es precisa la colaboración público – privada para desarrollar este plan y las socimi tienen capacidad de inversión.

Las socimi catalanas suponen el 3,7 % del total del valor de cotización de las socimi en toda Europa, y que algunas de ellas abandonaran Cataluña sería un golpe más a la economía de la región, dado que su volumen de inversión es de 18.000 millones de euros. El valor de mercado de las socimi catalanas es superior a los 5.000 millones.