Junts no quiere saber nada de la empresa pública de viviendas de Sánchez: «En Cataluña no nos hace falta»

A Junts no le convence la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una empresa pública para construir y gestionar viviendas. «En Cataluña no nos hace falta», ha asegurado el secretario general de la formación, Jordi Turull, que ha recordado que en esta comunidad autónoma ya existe el Incasòl (Instituto Catalán del Suelo) y la Agencia de Vivienda de Cataluña, que tienen competencias exclusivas, y espera que el anuncio de Sánchez no sea una excusa para «recentralizar». En cambio, defiende una nueva ley catalana de vivienda y un registro de alquileres de temporada para poder llevar a cabo «un control exhaustivo».

De hecho, para Turull no hace falta un organismo más, sino «recursos, y las actuaciones ya las haremos desde aquí», porque según ha ironizado, si esta empresa «tiene que funcionar como Renfe, que nos coja confesados». Y, en cualquier caso, preguntado por si finalmente este anuncio acaba concretándose, el secretario general de Junts ha dejado claro que tiene que haber una «cláusula» por la que no se debería aplicar en Cataluña. En caso contrario, ha añadido, que «no cuente con nuestro apoyo para nada».

25 medidas

En cambio, para mejorar el acceso a la vivienda, desde Junts ponen encima de la mesa 25 medidas, entre las que se incluyen una ley de vivienda catalana y un registro del alquiler de temporada. Iniciativas que se van a presentar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament. Y, en este sentido, Junts rechaza ideas que considera «populistas», como la agencia pública de Sánchez, o rebajar a la mitad el alquiler, como propone el Sindicato de Llogateres.

Para empezar, este mismo lunes, la formación registrará la petición de una ponencia conjunta para elaborar una ley de vivienda de Cataluña y proposiciones de ley de alquiler de temporada y de habitaciones y de viviendas de uso turístico. Aseguran que cuestiones de este tipo, que son «pilar del estado del bienestar» deben contar con la participación de todos los partidos y agentes implicados. Y, por este motivo, piden al resto de formaciones «que dejen de lado su ideología».

Con relación al registro del alquiler de temporada, los propietarios de pisos deberían inscribirse acreditando su justificación para evitar fraude de ley. Y, además, el proceso iría acompañado de inspecciones aleatorias y de sanciones en caso de incumplimiento. Según la diputada Glòria Freixa esta figura tiene que mantenerse, para los casos en los que sea necesario, «pero con todo el rigor que merece».

Otra de las medidas que se plantea en el ámbito catalán, es que el Govern destine 2.000 millones de euros anuales, a través de los presupuestos, a esta cuestión que se repartirían entre mil millones de fondos propios y entre 750 y mil millones más. Unas cifras que, al parecer de Junts, contrastan on las presentadas por la Generalitat con su plan de vivienda, porque se van a movilizar en total 1.100 millones de euros.

También plantean incrementar progresivamente el número de viviendas de protección oficial producidas por la Generalitat, a través del Incasòl, hasta las 3.000 unidades anuales, y aumentar en un periodo máximo de tres años los fondos estatales destinados a políticas de vivienda, para pasar del 0,23% del PIB actual hasta, como mínimo, el 0,45%. Pero también se proponen rebajas fiscales, en el IBI y otros impuestos, para incentivar que los propietarios pongan su vivienda en el mercado de alquiler o recuperar la deducción del IRPF por el pago de hipotecas en la compra de la primera vivienda.

Sobre las medidas que Junts va a presentar en el Congreso de los Diputados, destaca una iniciativa para que se ponga a disposición de la Generalitat todos los solares y viviendas titularidad de la SAREB de forma inmediata; también una proposición de ley para aplicar criterios específicos territoriales para las transferencias en materia de vivienda.