DANA  Un vecino de Paiporta: «Cogí el coche y saqué del pueblo a RTVE por contar cosas que no eran ciertas»

La DANA que azotó a la Comunidad Valenciana hace un mes dejó un rastro devastador: más de 220 fallecidos, miles de familias afectadas y un escenario de destrucción que aún resulta abrumador en localidades como Paiporta, considerada la zona cero del desastre. En medio de la tragedia, poco a poco van avanzando las labores de limpieza y reconstrucción, aunque los vecinos claman por más ayuda y denuncian la falta de respuestas efectivas por culpa de la manipulación mediática en medios de comunicación como Radiotelevisión Española (RTVE), según los propios testimonios.

Cogí mi coche y les perseguí hasta sacarlos del pueblo; no me dio la gana ver cómo estaban contando cosas que no eran ciertas

El Debate se trasladó a Paiporta hace unos días para preguntar a los residentes cómo se encontraban un mes después de la tragedia. Frente al Auditorio Municipal, un vecino de esta localidad valenciana, quien ha preferido no desvelar su identidad, fue testigo de cómo RTVE se limitaba a mostrar las zonas parcialmente limpias del municipio, ignorando la realidad de lo sucedido con las calles llenas de escombros y con más de un metro de lodo y coches amontonados. «Cogí mi coche y les perseguí hasta sacarlos del pueblo; no me dio la gana ver cómo estaban contando cosas que no eran ciertas. Paiporta estaba lleno de lodo por todos lados y ellos estaban diciendo que estaba todo bajo control», denuncia este hombre con un enfado notorio.

Estas palabras ilustran el descontento de los habitantes de la zona cero, quienes aseguran sentirse abandonados tanto por las autoridades como por los medios. Mientras el Gobierno se enfoca en la reforma de RTVE, las necesidades básicas en las zonas devastadas siguen siendo una prioridad urgente para quienes luchan por recuperar la normalidad.

La polémica viene, precisamente, del día después al estallido de la DANA. El 30 de octubre el Congreso de los Diputados aprobó el decreto que modifica las mayorías necesarias para designar a los miembros de Radiotelevisión Española. Con 175 votos a favor y uno en contra, reduce de dos tercios a mayoría absoluta la cifra necesaria para la elección de consejeros y aumenta su número de diez a quince. Esta votación contó con el respaldo del PSOE y sus socios, mientras que el Partido Popular, Compromís y Vox decidieron ausentarse como señal de luto por la tragedia causada por la DANA en la Comunidad Valenciana.

La Comisión Consultiva de Nombramientos comenzó una semana después de su aprobación, el 5 de noviembre, donde se empezó a examinar a los 11 candidatos propuestos por PSOE, Sumar, ERC, Junts per Catalunya, PNV y Unidas Podemos, en un contexto de fuertes críticas por parte de la oposición, que denuncian que la medida persigue el control político de los medios públicos.

Durante la sesión de la Comisión Consultiva, la portavoz del PP, Macarena Montesinos, abandonó el debate tras criticar duramente al Ejecutivo. «El grupo socialista y sus socios habituales decidieron mantener el del «decretazo» en circunstancias de absoluta tragedia y destrucción. En ese momento ya eran 52 las víctimas encontradas tras el paso de la DANA», señaló Montesinos, calificando la medida como un «asalto a RTVE».

La portavoz acusó al Gobierno de actuar con «urgencia» para garantizarse un control absoluto del ente público. «Se han dado toda la prisa en convalidar el Real Decreto-Ley y nombrar a los consejeros, a pesar de que su convalidación podía esperar. No hubo pluralismo, diálogo ni consenso», subrayó Montesinos, quien también denunció el «menosprecio» al Senado por la desproporción en la elección de consejeros (once desde el Congreso y cuatro desde el Senado).

Desde Vox, Manuel Mariscal también pidió la suspensión de la sesión, apelando a la «empatía» por las víctimas de la DANA. «Por favor, le pido por empatía a todos los españoles que lo están pasando mal, que lo han perdido todo. Incluso algunos han perdido la vida. Por empatía, le pido que suspenda esta sesión», solicitó Mariscal, aunque la presidenta del Congreso, Francina Armengol, rechazó la propuesta al afirmar que la sesión «está legalmente convocada».