Cataluña actualiza sus tarifas de abortos: entre 350 y 1.600 euros según las semanas de vida del niño

La Generalitat de Cataluña ha actualizado las tarifas máximas que pagará el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) por cada aborto contratado a una entidad extrahospitalaria. Según se recoge en la Orden SLT/239/2024, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) el pasado 22 de noviembre, el Consejo de Dirección de CatSalut ha aprobado su propuesta en este sentido.

Así, un aborto —«interrupción voluntaria del embarazo», en el lenguaje eufemístico del DOGC— practicado hasta las 12 semanas y con anestesia local se pagará a un máximo de 357,39 euros, mientras que si es con anestesia general el precio asciende a los 491,48 euros. Entre las 13 y las 15 semanas, la tarifa máxima es de 556,07 euros, y de 839,04 euros entre las 16 y las 19 semanas.

Por último, por un aborto practicado entre las 20 y las 22 semanas —el máximo permitido por la ley en España—, con anestesia general o sedación, se podrá pagar un máximo de 1.598,25 euros. Dicha orden entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC, y su aplicación «se retrotraerá al 1 de enero de 2024», recoge el texto, firmado por la consejera de Salud, Olga Pané.

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, en Cataluña la gran mayoría de los 21.175 abortos realizados en 2023 se llevaron a cabo en centros extrahospitalarios: en concreto, el 88,3 % del total. De estos, aproximadamente la mitad (49,6 %) corresponden a centros públicos y la otra mitad (51,4 %), a abortorios privados.

Cultura de la muerte

La publicación de la orden en el DOGC constata que la normalidad institucional en relación con el aborto no ha variado a pesar del cambio de gobierno en la comunidad, y no es la única manifestación de la cultura de la muerte en Cataluña en los últimos días. La semana pasada la Generalitat hacía públicos los nombres de los galardonados con la Cruz de Sant Jordi 2024, uno de los máximos reconocimientos que otorga la institución.

Entre los premiados había personajes ciertamente destacables, como la ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, o el activista provida Jordi Sabaté Pons, una de las caras visibles de la celebrada Ley ELA. Sin embargo, la lista de 30 galardonados incluía a la Asociación Derecho a Morir Dignamente, una entidad pro-eutanasia a la que se premia «por conseguir la aprobación de la Ley de regulación de la eutanasia y el reconocimiento de los derechos al final de la vida».