Una profesora da clase el día del inicio del curso en el colegio de la Alameda de Osuna

Una profesora da clase en un colegio, en una imagen de archivoEuropa Press

Educación

Los nacionalistas reclaman que el gobierno catalán expediente a los profesores que dan clase en castellano

Desde 2021, la Generalitat no ha abierto ningún expediente a un docente por no usar el catalán en clase

El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña no ha expedientado a ningún profesor por no dar clase en catalán en los últimos tres años, a pesar de que el entonces presidente, Pere Aragonès, anunció una ofensiva para corregir la situación en las aulas. Lo ha adelantado RAC1 este jueves tras una petición realizada a través del portal de transparencia.

En 2021, un informe de Educación constataba que menos de la mitad de los profesores de secundaria hablaban siempre en catalán con sus alumnos, un documento que motivó las declaraciones de Aragonès. Sin embargo, según los datos recogidos por la emisora, de los 130 expedientes abiertos por la inspección educativa entre 2022 y 2023 ninguno venía motivado por una cuestión lingüística.

Frente a esta información, varios colectivos ligados al nacionalismo han mostrado su indignación, reclamando de facto al gobierno catalán –que ahora ya no está en manos de los republicanos, sino del socialista Salvador Illa– que abra expedientes a los profesores que no mantengan siempre el catalán en el aula, en cualquier circunstancia.

Entre ellos está el sindicato USTEC, que denuncian a RAC1 que la contundencia expresada por Aragonès no eran sino aspavientos para lanzar campanas al vuelo, sin incidencia real en las inspecciones educativas. «Abrir expedientes por faltas de asistencia está aceptado, pero que se abran por no usar la lengua parece pecado», lamenta Yolanda Segura, portavoz del sindicato, reclamando «más control» a la Generalitat.

También se ha manifestado la red Famílies pel Català («familias por el catalán»), que en una publicación de X se han hecho eco de la información lamentando que el gobierno «no fiscalice» el uso del idioma y considerando «brutal» que ninguno de los 130 expedientes abiertos tenga como motivo el uso de una lengua distinta al catalán.

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