Las exigencias de Junts en inmigración y okupación enfrentan a los socios de Sánchez y alejan los Presupuestos

El gobierno canario apremia al central para relajar la presión migratoria en las Islas y le urge a distribuir 4.000 migrantes llegados al archipiélago entre las diversas comunidades autónomas peninsulares. Los gobiernos autonómicos, mayoritariamente en manos del PP, se oponen.

Si ceden a las pretensiones del gobierno de Pedro Sánchez, perderán cualquier posibilidad de concertar con Vox la aprobación de sus presupuestos para 2025, pero el principal escollo no está en las comunidades presididas por los de Feijóo, sino en Cataluña, encabezada por el socialista Salvador Illa.

Según lo acordado por Sánchez y Carles Puigdemont, el pasado 31 de diciembre venció el plazo para que se transfiriera a Cataluña la totalidad de las competencias en materia de inmigración. Este traspaso, legalmente inviable al invadir competencias exclusivas del Estado como la expedición del NIE o los expedientes de expulsión, no se concretó en la fecha prevista por Junts.

Ahora, para incrementar la presión sobre Sánchez, el grupo de Puigdemont en el Parlamento catalán ha presentado un proyecto de ley para que Cataluña exija a Madrid la transferencia de esta competencia. La idea de Junts es forzar al PSC, ERC y Comunes a apoyar su propuesta y así dejar claro que es Junts quien lidera las reivindicaciones frente a Sánchez.

Quieren así marcar distancias con una ERC sumisa y un PSC que, según el relato independentista, es españolista y sólo cede cuando no tiene más remedio. En Junts prevén que para evitar un choque en el Parlament, el ministerio de Grande Marlaska acelererá la tramitación y evitará así dejar a Illa en mala posición.

Junts marca distancias

Junts, desde la entrevista televisiva de Puigdemont de finales de diciembre, está siguiendo la estrategia de alejarse de los socialistas buscando dar la imagen de que no forman parte de la mayoría de la investidura que sostiene al gobierno.

Además de exigir una reunión al más alto nivel entre Puigdemont y Sánchez, Junts está marcando una agenda con temas que buscan repercusión en Cataluña y, en especial entre su electorado.

Así, además del tema de la inmigración, con el que buscan frenar el ascenso que todas las encuestas otorgan a Aliança Catalana a su costa, ahora han presentado en el congreso una propuesta de ley para que los okupas sean desalojados en 48 horas.

La iniciativa parlamentaria de Junts llega coincidiendo con un fórum sobre ocupación que el Colegio de la Abogacía de Barcelona celebrará a finales de este mes de enero. Los datos señalan que el 40% de las okupaciones en España, más de 16.000 en 2023, se perpetran en Cataluña frente a solo el 10% en la Comunidad de Madrid y que el plazo medio de desalojo en España es de 18 meses frente a las 24 horas en Países Bajos o Reino Unido o las 48 en Francia e Italia.

Junts busca liderar el debate de la seguridad en Cataluña con la emigración y la okupación, dado que su posición en materia de vivienda le ha posicionado en la derecha, ubicación en la que no están cómodos.

El problema para Sánchez es que no puede hacer lo mismo que en el debate sobre el recargo a las energéticas, que en una misma tarde prometió una cosa y la contraria a sus socios, garantizando a Junts y PNV que retiraría el recargo y asegurando a Podemos que lo mantendría.

En este caso, si envía migrantes a Cataluña, Junts protestará y se apartará de él. En relación a la propuesta sobre la desokupación exprés, que puede contar con el apoyo de PP y VOX, precisa ofrecerles otra cosa para que retiren la propuesta y la misma no llegue a votarse en la Carrera de San Jerónimo.

Con Sumar apretando en materia laboral para evitar su desaparición del arco parlamentario y con Junts incrementado el tono, la cuerda del sanchismo se tensa cada vez más por los extremos. La aprobación de los presupuestos, que ahora el gobierno ya considera que no sería dramático que se aprobaran con retraso, se aleja cada vez más de ver la luz.