La Generalitat 'maquilla' su labor ante la UE y dice que los colegios no discriminan a los castellanohablantes

«El Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Cataluña respeta y ejecuta las sentencias judiciales respecto al uso de las lenguas oficiales». Este es uno de los puntos más destacados de la carta que ha enviado la consejera de Educación, Esther Niubó, al presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzoca, que quería saber cómo estaba aplicando la Generalitat las recomendaciones de la misión europea que analizó el sistema educativo catalán, la inmersión lingüística.

En este aspecto, hay que tener en cuenta que el Govern, entonces en manos de ERC, hizo todo lo posible para que no se aplicara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo, y que obligaba a la Generalitat a aplicar al menos un 25% de las clases en español en todo el sistema educativo.

La respuesta del ejecutivo, con el visto bueno y el apoyo del PSC, fue aprobar un decreto y una ley que prohibían expresamente el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas y, por lo tanto, hacían inaplicable la sentencia. Sobre la constitucionalidad de ambas normas, por cierto, se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional.

Y también el informe de los eurodiputados que participaron en la misión fue muy duro, y muy claro: «El incumplimiento de las resoluciones judiciales por parte de la administración pública española y catalana vulnera este principio fundamental en la UE del respeto al Estado de Derecho», y se manifestaba su preocupación por que tengan que ser los ciudadanos los que busquen amparo individualmente.

En la carta, a la que ha tenido acceso El Debate, la consejera también defiende que en Cataluña «no se violan los derechos del alumnado ni de las familias, ni se discrimina por ningún motivo, incluyendo el de ser castellanohablante». Y también apunta que en caso de un «supuesto conflicto» entre familias y escuelas, es la Inspección de Educación la que «informa, acompaña y dirime cada caso en particular, aplicando la normativa en vigor».

Pero volviendo otra vez al informe, en él la misión recordaba que el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea prohíbe cualquier discriminación por razón de lengua. Y exigía al Gobierno central y autonómico que «garantice que los niños no sean objeto de discriminación». Y sobre la situación de los niños con necesidades educativas especiales, se apuntaba en el informe que el modelo de inmersión puede generar «graves disfunciones para aquellos cuya lengua materna es el español».

Por lo demás, la consejera Niubó defiende que los resultados que obtienen los alumnos catalanes son similares «y elevados» tanto en castellano como en catalán, lo que confirme que el modelo lingüística, según ella, «es uno de los que obtiene mejores resultados de Europa a la hora de proporcionar competencias plurilingües al conjunto de su alumnado».

También la responsable de Educación insiste, en esa carta, en el argumentario de que la escuela catalana «ha asumido la función de cohesionar e integrar la sociedad catalana, compensar sus posibles desigualdades socioeconómicas y culturales, y asegurar el pleno dominio de las lenguas oficiales», y todo ello, asegura, cumpliendo la normativa vigente, la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La AEB: «no se cumplen las recomendaciones de Europa»

Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) han reconocido que se esperaban la respuesta que ha dado la consejera Esther Niubó a la Comisión de Peticiones, e incluso que no respondiera a la Carta que envió en octubre el presidente del organismo. Así lo ha asegurado la presidenta de la AEB, Ana Losada, quien deja claro que «evidentemente, el PSC no va a hacer ningún cambio en la inmersión porque se juega el Gobierno de la Generalitat». Y esto es más importante, asegura, «mantenerse en el poder y sentirse apoyado por el nacionalismo», que velar por los derechos lingüísticos de todos los alumnos y «poner fin a un sistema que la propia Europa ha dicho que está discriminando a una gran parte del alumnado catalán».

Por este motivo, la entidad va a enviar una carta al presidente de la Comisión de Peticiones, en la que le pedirán una entrevista personal en Bruselas para llevar «pruebas» de que «ninguna» de las recomendaciones que hizo la misión de europarlamentarios en el informe «tan duro y claro, han sido tenidas en cuenta, ni por la Generalitat, ni por el Gobierno de España». Y lamenta que «no ha cambiado absolutamente nada».