Denuncian que la gran promesa de cinco nuevos juzgados que prometió Sánchez para Cataluña se queda en cinco jueces

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se comprometió en diciembre con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a crear cinco nuevos juzgados en Barcelona para combatir la multirreincidencia. La medida incluía cuatro juzgados penales para agilizar juicios rápidos y un juzgado de instrucción para delitos leves. Sin embargo, finalmente, no se crearán tales juzgados y, en su lugar, se incorporarán cinco jueces de adscripción temporal, lo que no equivale a la misma estructura ni capacidad de trabajo.

El plan formaba parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno y la Generalitat para mejorar la respuesta judicial ante la reincidencia delictiva, un problema especialmente relevante en Cataluña y, en particular, en su capital.

Ni nuevos juzgados ni en el plazo previsto

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, también participaron en la reunión donde se anunció la medida. Una semana después, Espadaler confirmó que los nuevos juzgados estarían operativos en la Ciudad de la Justicia a finales de febrero. Sin embargo, esa promesa no se ha cumplido.

El Ministerio de Justicia argumenta que la decisión responde a la nueva Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que prevé la creación de Tribunales de Instancia en sustitución de los juzgados unipersonales. No obstante, fuentes judiciales subrayan que la creación de estos tribunales es un proceso a largo plazo y que, en ningún caso, era incompatible con la apertura de los cinco juzgados prometidos.

Críticas desde la oposición

El diputado del PP en el Parlamento catalán, Pere Lluís Huguet, denunció este miércoles en sede parlamentaria el incumplimiento del Gobierno. Acusó al conseller Espadaler de haberse dejado «engañar» por Bolaños y exigió medidas para desbloquear la reforma del Código Penal contra la multirreincidencia, actualmente paralizada en el Congreso.

Además, Huguet cuestionó la falta de recursos presupuestarios para mejorar la administración de justicia, alertando de que sin financiación, las reformas quedarán en papel mojado, como ocurrió con la oficina judicial prevista en 2009 y nunca implantada.

Por su parte, Espadaler admitió que lo que realmente se está tramitando son cinco nuevas plazas de juez, lo que, a su juicio, supone «más efectivos a ojos de la ciudadanía». También defendió la colaboración entre instituciones y la participación de colegios profesionales y sindicatos en la negociación de estas medidas.