La presidenta de Junts, Laura Borràs, durante un acto en una imagen de archivo
Laura Borràs pide a la justicia que suspenda su ingreso en prisión mientras se decide su indulto
Fue condenada en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo a un amigo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) por valor de 335.700 euros. Se le impuso además 13 años de inhabilitación especial
La expresidenta del Parlament de Cataluña Laura Borràs ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que suspenda su condena de cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo a un amigo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), mientras el Gobierno decide si la indulta.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, solicita la suspensión de la ejecución de la condena de prisión «mientras se materializa» la petición de indulto que el tribunal elevó al Gobierno en su sentencia.
Borràs fue condenada en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo a un amigo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que dirigió entre los años 2013 y 2018, por valor de 335.700 euros, en una sentencia que le impuso además trece años de inhabilitación especial para cargos públicos electivos o de gobierno.
El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que condenó a Borràs y, una vez firme, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inició los trámites para ejecutar la pena, por lo que dio diez días a las partes para que se pronunciaran sobre la cuestión.
La defensa de la exdirigente de Junts se limita a recordar al tribunal que él mismo acordó en su sentencia plantear al Gobierno un indulto parcial de Laura Borràs, ceñido exclusivamente a la pena de prisión y de, como máximo, dos años de cárcel.
Y pide concretamente a la sala que se atenga al siguiente párrafo de su sentencia: «Lo expuesto nos conducirá a elevar al Gobierno una propuesta de indulto parcial de la pena de prisión que impondremos a la Sra. Borràs i Castanyer en aquella parte que vaya a exceder de los dos años».
El tribunal reconoció que la pena que correspondía a Borràs por el delito de falsedad documental, castigado con cuatro años y medio de cárcel como mínimo, era «desproporcionada y excesiva» para los hechos cometidos por la exdirigente de Junts, teniendo en cuenta que si fraccionó los contratos de la ILC fue para adjudicarlos de forma «arbitraria» a su amigo, no para obtener con ello un «lucro personal».
Por el momento, la Fiscalía no se ha opuesto a la medida de gracia planteada por el TSJC: no recurrió la sentencia y, en la vista de apelación celebrada en el Tribunal Supremo, consideró que el indulto planteado por la sala es «pertinente» por tratarse de una pena «excesiva».
En cualquier caso, ahora deberá pronunciarse ante el TSJC sobre la petición de suspensión de pena de Borràs.
A raíz de la causa abierta por las adjudicaciones a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Borràs fue suspendida como presidenta del Parlament en julio de 2022, cuando la justicia decidió enviarla a juicio, y perdió el acta de diputada en mayo de 2023, a las semanas de dictarse la condena.
El indulto no afectaría, eso sí, a los trece años de inhabilitación impuestos a Borràs, pena que le impide presentarse a las elecciones u ocupar cualquier cargo público, electivo o de libre designación, aunque no limita su trabajo como docente.
