Comunidad Valenciana  El expresidente de la Diputación de Valencia, cercado por los enchufes del caso 'Alquería'

La declaración de uno de los denunciantes que destaparon el caso ‘Alquería’ ha sido demoledora para los intereses procesales del principal encausado, el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, acusado de poner en marcha una red de contratos laborales ficticios” para favorecer a afiliados del PSPV-PSOE y Compromís.

El testigo José Luis P. era el responsable del área jurídica de la empresa pública Divalterra –antes llamada Imelsa-, encargada de la gestión de las brigadas forestales en la provincia. Según ha relatado ante el Tribunal, la antigua gerente, Agustina Brines, le informó de que tenía «instrucciones de Rodríguez para contratar a siete personas» y le aseguró que ya contaba para esos puestos de trabajo con «los nombres y apellidos».

A preguntas de las partes, el denunciante se ha ratificado en los hechos que ya puso hace años sobre la mesa y ha afirmado que su respuesta ante la petición de formalizar las contrataciones fue la de informar a la gerente, tanto de forma verbal como escrita, de que la empresa no podía proceder a ello.

Sin embargo, también ha señalado que sus advertencias no fueron tomadas en consideración y ni su punto de vista ni el de los «múltiples informes» que desaconsejaban los contratos fueron objeto para que Divalterra acabara firmándolos, algo que al trabajador le pareció un «abuso» en el que no quería participar por ser «corrupción».

En esta línea, tanto Rodríguez como el resto de procesados en la causa han tenido que escuchar de boca del extrabajador de Imelsa cómo, además, los contratos investigados no pasaron en ningún momento por el Consejo de Administración de la empresa pública, sino que fue el Consejo de Dirección el órgano interno que dio el visto bueno al proceso.

Tampoco ha debido de sentarles especialmente bien ver cómo el testigo se ha reafirmado en la ilegalidad de la propuesta, que le presionaban para que «firmara» los informes que le daban e, incluso, que el «compromiso de Rodríguez» no era otro que el de comprar la voluntad de esas personas aunque sabía que no eran altos cargos”.

«Ingeniería jurídica»

La contundencia en la declaración ha sido tal que el testigo ha asegurado que otro exgerente de la empresa, dentro de esas presiones, llegó a enseñarle «mensajes de teléfono» en los que se le reclamaba que hiciera «algo por dos compañeros de partido que estaban en paro».

Respecto a los procesos de legalidad y transparencia sobre los que se debe asentar cualquier contratación en la esfera pública, al denunciante no le ha constado que para cubrir esos puestos se hicieran entrevistas u otro método de selección, por lo que en su opinión, todo ello era «ingeniería jurídica».

Dentro de ella, y en consonancia con las investigaciones practicadas por el juez instructor, había una sucesión de «intereses partidistas y personales y ha hecho hincapié en que los contratados nunca desempeñaron las funciones de alta dirección que debieran.

Tanto el expresidente de la Diputación de Valencia, que en el momento de los hechos, era una de las caras más relevantes del PSPV-PSOE, como al resto de procesados se les ha investigado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

Según el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción, el importe total desviado de los fondos públicos de Imelsa asciende hasta 1.122.095, 80 euros.

En cuanto a las penas de prisión solicitadas, la propia Fiscalía pide para Rodríguez ocho años de cárcel, mientras que la acusación popular ejercida por el PP provincial la eleva hasta los dieciocho años, dado su papel imprescindible en la presunta trama.