Claves del caso Alquería, la causa de corrupción que acorrala a la izquierda valenciana

El pasado 19 de septiembre no fue un día agradable para las formaciones que integran el tripartito de izquierdas en la Comunidad Valenciana, PSPV-PSOE, Compromís y Podem. Tuvieron que ver cómo los medios de toda España alternaban la retransmisión del funeral de la reina Isabel II de Inglaterra con informaciones sobre la declaración de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra, citada ante el juez para aclarar su papel a la hora de encubrir, presuntamente, los abusos sexuales de su marido a una niña de catorce años en un centro de menores bajo su competencia.

Sin embargo, no fue el único mal trago que tuvo que soportar la izquierda valenciana. Esa misma mañana y en idéntico lugar, la Ciudad de la Justicia, arrancaba el juicio del caso Alquería, sobre la supuesta corrupción en la Diputación de Valencia cometida por cargos socialistas y de Compromís.

A continuación, se explican las principales claves para entender en qué consiste la causa:

¿Qué se juzga en el caso Alquería?

Durante las veintiuna sesiones previstas en el juicio del caso Alquería, el Tribunal tratará de averiguar si el expresidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, y otros dirigentes de la empresa pública Divalterra –que gestiona las brigadas forestales- contrataron artificialmente como altos directivos a una serie de militantes del PSPV-PSOE y Compromís.

En su auto de procesamiento, el juez instructor señaló que en Divalterra se produjo una contratación «simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018».

En el mismo escrito, señala que esas contrataciones se llevaron a cabo de forma «arbitraria y caprichosa», por lo que el juez advierte que resulta «evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a unos particulares» y «a puros intereses de índole partidista».

Dicho de otro modo, el presidente de la Diputación y la cúpula de Divalterra urdieron, supuestamente, un «plan preconcebido» para reorganizar la estructura orgánica de la empresa pública y colocar a tres simpatizantes socialistas y cuatro de Compromís en puestos elevados cuando estos, según el juez, «nunca» llegaron a ejercer como altos directivos.

Según se relata en el auto y en la exposición que hace el instructor, Rodríguez y los cogerentes de Divalterra, Xavier Simó y Agustina Brines, socialista y de Compromís respectivamente, utilizaron «artificios» para dar apariencia de legalidad a esos nuevos contratos, a pesar de que contaban con hasta una docena de informes contrarios a llevarlos a cabo. Entre otros aspectos, se cuestionaban las incorporaciones alegando que la empresa dependiente de la Diputación de Valencia no había actuado atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, aspectos rectores en los procesos de contratación de la Administración.

Todo lo contrario. Esta forma «simulada», insiste el juez, respondía al «puro voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación y afines a su presidente».

¿Quiénes están implicados?

El principal imputado en la causa Alquería es el socialista Jorge Rodríguez. Su detención en junio de 2018 supuso que el PSPV-PSOE le suspendiera de militancia y, por tanto, que su prometedora carrera en las filas socialistas se viera truncada bruscamente.

Sin embargo, su implicación en esta causa no ha afectado a la confianza que le tienen sus vecinos. Bajo las siglas de su anterior partido consiguió en 2015 la alcaldía de la localidad valenciana de Ontinyent y la revalidó en 2019, ya liderando su propio partido, La Vall ens Uneix, dejando, paradójicamente, al PSPV-PSOE sin representación local.

Además de Rodríguez, otras trece personas están investigadas en el caso Alquería. Entre los que comparte banquillo de los acusados, se encuentran los ya mencionados Brines y Simó, el secretario-letrado de Divalterra, Jorge Cuerda, así como asesores de la Diputación valenciana.

Presuntos delitos y posibles penas

Respecto a los delitos por los que están siendo juzgados, el juez instructor acusa a Rodríguez, a los asesores y a los cogerentes de la empresa pública de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial.

En cuanto a la malversación, la Fiscalía Anticorrupción les atribuye un «desvío» de dinero por una cantidad que asciende hasta los 1.122.095,80 euros, que es el acumulado de los salarios de los afines al PSPV-PSOE y Compromís cuyos contratos están siendo el objeto de la causa.

Para cada uno de ellos, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de prisión de ocho años. En cambio, para los siete beneficiarios de esos contratos presuntamente fraudulentos y otros altos cargos, la petición de cárcel es de seis años.

Sin embargo, el PP de la provincia de Valencia, que ejerce la acusación popular, reclama para Rodríguez una pena de prisión de dieciocho años dado su papel de líder en el caso Alquería.

Reacciones en los partidos

Ante los primeros días del juicio que afecta a exaltos cargos de la Diputación de Valencia, las reacciones de los partidos de los partidos. Quizás la más llamativa haya sido la del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que, obviando el importante aspecto penal del juicio, lo ha calificado como un proceso meramente administrativo.

En respuesta, el presidente provincial del PP, Vicente Mompó, califica de «lamentables» las palabras del socialista y relaciona los casos Alquería y Oltra: «Son dos pruebas del ocaso del Gobierno del Botánico», que es la forma de denominar al tripartito de izquierdas en la Generalitat Valenciana, asegura Mompó

Para el dirigente popular, el PSPV-PSOE y Compromís convirtieron, presuntamente, la empresa Divalterra «en un chiringuito para colocar amigos, gastando más de un millón de euros en sueldos».

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Diputación valenciana, Rocío Gil, critica las «actitudes ignominiosas» de socialistas y nacionalistas y lamenta que estas hayan «contribuido a identificar la Corporación provincial con corruptelas políticas». «Es muy injusto porque hay muchas personas, políticos y funcionarios, que trabajamos cada día por y para los valencianos desde la honradez y la transparencia», apunta Gil.