Comunidad Valenciana  Los enchufados en el caso 'Alquería' presumían de ser «amigos» de Puig y Oltra

El juicio del caso ‘Alquería’ sigue sumando sesiones y las declaraciones de los testigos corroboran las sospechas del juez instructor y de la Fiscalía Anticorrupción. Si la el testimonio de un responsable jurídico puso contra las cuerdas al expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y a su equipo, el jefe de los Servicios Jurídicos de la empresa pública Divalterra ha aportado más datos sobre los presuntos contratos falsos a afiliados del PSPV-PSOE y Compromís.

Según Vicente Domingo, los siete acusados que presuntamente fueron enchufados presumían de ser «amigos» del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y de la exvicepresidenta, Mónica Oltra.

Por todos era conocido que unos provenían del PSOE y otros de Compromís; hasta los directores de área lo manifestaban

Según el testigo, que también era el encargado de Recursos Humanos, ninguno de los procesados ocultaba sus preferencias políticas y ha señalado ante el Tribunal que en el día a día de la empresa «era de todos conocido» que unos «provenían del PSPV-PSOE y otros de Compromís». Incluso ha apuntado que los propios «directores de área lo manifestaban».

Tan es así, que tal como ha explicado Domingo, mientras un acusado ponía en valor su «relación de amistad» con el por aquél entonces presidente de la Diputación, otro de ellos hacía lo propio: se jactaba de haber estado trabajando durante años en la sede socialista en Valencia junto al expresidente de la Generalitat Joan Lerma.

Oltra intervino directamente

Lo mismo sucedía con los simpatizantes de Compromís, ya que el encausado José Luis Melero «se ausentaba muchas veces de la oficina para atender responsabilidades en el Ayuntamiento de Silla», de donde era alcalde.

Por su parte, otro de los supuestamente beneficiario de los contratos ficticios en Divalterra como es Raúl Ibáñez no tenía ningún problema en ir diciendo que había sido la propia Oltra «la que le había llevado allí». De hecho, según ha confesado Domingo, en un momento dado tuvo un encontronazo con Ibáñez en relación con el puesto de trabajo que figuraba en su contrato y este le dijo que iba a protestar ante Compromís. Según su testimonio, tras advertir de que iba a llamar a Oltra para que lo arreglase «inmediatamente», su condición laboral acabó modificándose.

Respecto al proceso mediante el que se decidió contar con estas siete personas procesadas, Domingo ha señalado que en sus expedientes laborales «no estaban ni el currículum, ni la convocatoria del puesto ni las bases». «Absolutamente nada», ha insistido.

Como ejemplo de lo inaudito de lo que se estaba viviendo en Divalterra, el que fue responsable jurídico y de Recursos Humanos ha indicado que, a pesar de que los beneficiados por presuntas afiliaciones políticas entraron con contratos de alta dirección, la empresa pública tuvo que acabar recurriendo a personas cualificadas para cubrir, precisamente, esas áreas, como a un responsable de Brigadas.