Comunidad Valenciana  El modelo escolar de Puig: carteles, actos y megafonía solo en valenciano

Los nacionalistas son perfectos conocedores de que para que su proyecto político cuaje y acabe triunfando, uno de los ámbitos por los que ha de inocular con mayor prontitud e intensidad su marco mental es el escolar. Internacionalmente hay innumerables ejemplos, pero en España los más significativos son los que se viven en el País Vasco, Cataluña y Baleares, a los que se ha sumado en los últimos la Comunidad Valenciana.

Cuando el socialista Ximo Puig consiguió la presidencia de la Generalitat y se coaligó en el Ejecutivo con nacionalistas y comunistas, nombró consejero de Educación a Vicent Marzá, de Compromís y que nunca ha ocultado sus simpatías hacia el mundo independentista catalán.

Partiendo de esa base, no es de extrañar que su gestión fuera encaminada a marginar el castellano de las aulas e ir imponiendo –no tan paulatinamente como su pudiera creer en un principio– el uso del valenciano en todos los contextos posibles.

De este modo, una de sus primeras medidas fuera la elaboración de lo que la diputada autonómica del Partido Popular Beatriz Gascó denomina «decreto del chantaje lingüístico». Para Compromís, el valenciano no es un idioma propio, sino un dialecto del catalán, por lo que para la parlamentaria, esta norma supuso «el primer intento de catalanizar el sistema educativo y lo explica de la siguiente manera: «Se les decía a los padres que si querían que sus hijos aprendieran inglés, tenían que estudiar el máximo número posible de asignaturas en valenciano».

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSCV) «tumbó» el decreto, Marzá «copió literalmente el texto y lo sacó adelante por la vía legislativa», explica Gascó.

Imposición de un «modelo único»

En cuanto a las asignaturas, los jueces dictaminaron que ha de haber una proporción «razonable» entre las que se impartan en castellano y en valenciano, además de que ambas lenguas han de contar con asignaturas troncales. Sin embargo, la diputada popular denuncia que ninguno de los dos extremos los cumple el Gobierno valenciano y señala que en español solo se imparten materias «con muy poco peso curricular, como Educación Física, Artística o Religión». Con todo, Gascó apunta a que el peso del valenciano está «entre el 70 y el 80%».

Para la diputada popular, el tripartito de PSPV-PSOE, Compromís y Podem ha logrado imponer en las escuelas «un modelo único», incluso en aquellas zonas de la Comunidad Valenciana que son castellanohablantes, por lo que considera que se ha consumado un ataque «contra la libertad más absoluta» porque una familia «no puede elegir la educación que quiere para sus hijos».

Esta política de orillar el castellano trasciende las materias lectivas. Tan es así, que la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que «docentes y equipos directivos» reciben los escritos y comunicaciones de las distintas consejerías «únicamente en valenciano» y no obtienen respuesta «cuando los piden también en castellano».

El colectivo sindical destaca que esta situación no es anecdótica ni puntual, sino que lleva recibiendo este tipo de quejas «desde hace tiempo» y especifica que se da con especial incidencia en departamentos como «Inclusión, Política Lingüística, Inspección General o CEFIRE», el centro de la Generalitat encargado de la formación del profesorado.

Por ello, el delegado de Educación de CSIF, Raúl Almonacid, pide a la consejera que promueva «un trato igualitario» entre ambas lenguas y que convivan «desde el respeto» porque sería el ejemplo de la «riqueza cultural de la Comunidad Valenciana».

Planes de «normalización lingüística»

Además de las asignaturas y las comunicaciones internas, la imposición abarca todo espacio y contexto desde que el niño entra por la puerta del colegio.

Al respecto, el portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, afirma que en los centros «no se cumple la normativa del bilingüismo» y pone como ejemplo que las «carteleras» están todas «en valenciano. En lo mismo incide Gascó: «Obligan a que sea en valenciano y si lo tienen en castellano, te preguntan cuándo lo tendrán en valenciano y el colegio ha de poner una fecha».

La popular lo enmarca dentro de los denominados «planes de normalización lingüística», obligatorio para cada escuela. Según esta norma, todo lo que suceda en el interior del centro ha de ser en valenciano. De este modo, aspectos como «reuniones del claustro de profesores, actos y celebraciones como las de fin de curso o graduaciones e, incluso, la megafonía del centro han de ser en valenciano», asegura Gascó.

Al igual que con la cartelería informativa, si todo lo anterior se estuviera haciendo en castellano, el equipo directivo del colegio se debe comprometer por escrito a que en una fecha determinada dejará de ser así para que todo se haga en valenciano.

En opinión de Llanos, la política lingüística del tripartito de socialistas, nacionalistas y comunistas, que incluye la Ley de Función Pública según la cual se deben acreditar conocimientos oficiales de valenciano para ser funcionario mediante oposición, «supone una infracción del artículo 3 de la Constitución», ya que en él se recoge que todos los españoles «tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo, pero en ningún caso se indica que haya deber de conocer las lenguas cooficiales».

Por su parte, Gascó destaca que este contexto no es sino «la hoja de ruta del modelo educativo catalán acelerada y sin hacer ruido» y lamenta que los valencianos están teniendo «en siete años y medio cuarenta años de procés».

Para lograr esta política de «ingeniería social», la diputada popular resalta que el Gobierno de Puig «ya venía con los deberes hechos y únicamente tenía que copiar lo hecho en Cataluña» porque ya contaba con «estructuras, planes y asociaciones afines». En definitiva, Gascó lo califica de «muy peligroso».