Fachada del Banco de Valencia.
Comunidad Valencia El juez sienta a la excúpula del Banco de Valencia por la quiebra de la entidad
La Fiscalía y pequeños accionistas piden penas de prisión de tres años y nueve meses para el expresidente y elexconsejero Delegado
El magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha acordado abrir juicio oral a la excúpula del Banco de Valencia por la quiebra de la entidad financiera.
El juez, de este modo, sienta en el banquillo de los acusados a que fuera su presidente, Juan José Olivas –que también los fue de la Generalitat Valenciana- y al exconsejero Delegado, Domingo Parra, por haber cometido, presuntamente, delitos de falsedad contable en los ejercicios 2009 y 2010, que desembocaron en la intervención del banco por parte del Estado.
La decisión del instructor llega once años después de que el Banco de Valencia quebrase y no solo afecta a sus dos altos cargos más relevantes, sino que Abascal también apunta como responsables civiles subsidiarios a una serie de entidades entre las que se encuentran Bancaja –posteriormente llamada Bankia y ambas también presididas por Olivas-, Bankia Habitat, la propia Bankia o la consultora Deloitte, entre otras.
Las acusaciones en esta causa están ejercidas por la Fiscalía Anticorrupción y por una agrupación de pequeños accionistas de la entidad, afectados por la devaluación y posterior desaparición del Banco de Valencia. Ambas solicitan para Olivas y Parra sendas penas de prisión de tres años y nueve meses, ya que consideran que el delito del que se les acusa fue cometido de forma continuada.
Inyección de 1.000 millones de euros
Al resto de consejeros se les pide una condena mínima de dos años y seis meses de cárcel, a lo que habría que sumar las correspondientes multas, que van desde los 27.300 hasta los 45.600 euros por cada miembro del Consejo de Administración.
Por su parte, al auditor de la entidad, Miguel Monferrer, las acusaciones reclaman que sea condenado a un año y seis meses de prisión, así como a abonar 21.200 euros.
En su escrito de acusación, el magistrado asegura que tanto Olivas como Parra fueron «perfectamente conocedores de la mendacidad de los datos» presentados en la última Junta de Accionistas del banco, cuya intención era la de «ofrecer al exterior una imagen de relativa fortaleza y buen estado financiero que no se acomodaba a la realidad de la entidad».
Asimismo, se les achaca a los acusados que careciesen «de un plan estratégico, tratando únicamente de evitar la contabilización de activos dudosos y de su correspondiente dotación».
Finalmente, el Banco de España tuvo que intervenir la entidad en noviembre de 2011 al detectar un agujero de capital que ascendía a 600 millones de euros. Para paliarlo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectó mil millones de euros, pero eso no impidió que Banco de Valencia saliera a subasta y se adjudicase a CaixaBank.
