Comunidad Valenciana  Puig exime al director de la TV pública del título de valenciano por el que ha despedido a profesores

La política lingüística es la clave de bóveda de la gestión del tripartito valenciano integrado por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. Muestra de ello es que desde que llegaron a la Generalitat en junio de 2015, gran parte de su obra legislativa tiene la lengua como componente primordial.

Y lo sigue teniendo en un doble sentido, ya que mientras se orilla y margina el uso del castellano en no pocos ámbitos de la vida cotidiana, la preponderancia cuando no obligación del valenciano en todos ellos es evidente.

Para esto último, las tres formaciones no han dudado un instante en aparcar sus interminables discrepancias y luchas internas haciendo, por ejemplo, que las comunicaciones en los centros educativos con los padres únicamente sean en valenciano, que la publicidad institucional sea en esta lengua e, incluso, han llegado a despedir a profesionales con amplia experiencia internacional por el mero hecho de no tener un título oficial de nivel C1 en valenciano.

Sin embargo, por aquello de que toda regla tiene su excepción, existe un caso en el que el requisito lingüístico no es menester para acceder al puesto de trabajo, no se necesita ningún tipo de certificado oficial o extraoficial en el que se exponga determinado nivel de uso y conocimiento del valenciano. Libre de cualquier atisbo de inmersión.

Esa oferta laboral la publicó el 9 de noviembre el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana –DOGV, el BOE autonómico– y, curiosamente, está orientada a contratar al que será el próximo director General de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunidad Valenciana. Dicho con otras palabras, el próximo jefe de À Punt, la televisión y regionales.

Criterios «subjetivos»

Para ocupar tal puesto de trabajo, dotado con más de 60.000 euros anuales, el presidente, Ximo Puig, y su Gabinete no consideran que sea necesario aportar titulación de valenciano en un medio que realiza sus programas íntegramente en esa lengua.

De hecho, la publicación oficial que saca a concurso la oferta indica en su punto cuatro apartado f) sobre «Requisitos de las personas contratadas» que únicamente se requiere «conocer las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana» y que el «conocimiento de ambas tendrá que ser acreditado ante el Consejo Rector en la fase de entrevista solo por quien sea convocado».

Este hecho llama poderosamente la atención. No solo porque el nombramiento pueda ser discrecional, sino porque en el mismo DOGV sí se exige el «nivel C2 de conocimientos de valenciano y C1 de inglés» a todo aquel que desee presentarse a un puesto de técnico de comunicación para la misma Corporación de Medios.

Para el puesto de técnico de márketing también se necesitan aportar títulos oficiales, en este caso el B1 tanto en valenciano como en inglés.

La imposición vuelve a estar presente a la hora de optar a trabajar en la radiotelevisión valenciana de técnico de audiencias o en el área «económica y administrativa» de la compañía. Para conseguir este último, se debe documentar un nivel C1 de valenciano, mientras que para el primero hay que añadir un B2 de inglés.

Por último, y de nuevo publicado en la misma edición del DOGV y en relación a la misma empresa, el requisito lingüístico no deja de ser curioso: «Conocimiento del valenciano: Certificado nivel C2 o equivalente. No se exigirá el certificado cuando se disponga de la titulación universitaria de licenciatura o grado en Filología Catalana, Lengua y Literatura Catalanas o equivalente».

En el Partido Popular, fuentes de la formación consideran esta excepción para nombrar al director General de la televisión y radio autonómica «paradójica» porque el tripartito sí exige «el valenciano para los médicos y no para ser el director de la televisión pública», más allá cuando su «su objetivo es difundir la cultura y las tradiciones de la Comunidad Valenciana».

Además, ponen el acento en la forma de elección del candidato, ya que, al no haber la necesidad de presentar título alguno, esta «se deja a principios subjetivos y no objetivos, que es como debería ser».

Por su parte, el diputado de Vox en las Cortes autonómicas Miguel Pascual, asegura que todo ello «demuestra la doble vara de medir que impera» en el tripartito, por lo que denuncia que mientras se «impone a los ciudadanos la obligatoriedad del valenciano para poder ser funcionario, no lo obligan para optar a ser un alto cargo como es ser Director General de À Punt».

Con todo, Pascual recuerda que su formación defiende «lo que se recoge en la Constitución Española», es decir, que la «única obligatoriedad de conocer es el español». Así, el conocimiento de otras lenguas «podrá ser un mérito, pero no una obligación».

En cuanto a Ciudadanos, su parlamentario regional Fernando Llopis cree que la no exigencia de valenciano al futuro director General de la Corporación de Medios es algo «razonable», por lo que también critica al Ejecutivo de Puig que no aplique ese rasero «al personal de la sanidad pública».

Para Llopis, resulta «absurdo» poner unos requisitos lingüísticos «donde no hacen falta» y más aún «cuando los mismos cargos directivos del Gobierno valenciano no han demostrado que han superado esos requisitos que exigen a sus trabajadores».