Comunidad Valenciana  Puig cede ante Compromís y rescata una agencia que podrá denunciar si no se habla en valenciano

Las políticas lingüísticas siguen siendo la clave de bóveda del tripartito valenciano. Comunicaciones en centros escolares únicamente en valenciano, las megafonías también e incluso los menús escolares. Todo y siempre en valenciano. Se llama inmersión lingüística.

Ahí, precisamente, es donde incide y no repara el Gobierno valenciano. La última prueba de ello ha sido que el Ejecutivo de Ximo Puig, en consonancia con sus aliados comunistas y nacionalistas, ha decidido retomar la creación de una Oficina de Derechos Lingüísticos.

Dicho con otras palabras, el Ejecutivo se ha comprometido a sacar adelante una ley que el propio Tribunal Supremo tumbó porque no se ajustaba «a la legalidad» y generaba «indefensión ante los denunciados».

Lo que pretendía y pretende el tripartito con esta norma es recabar las «reclamaciones, quejas y consultas» en el caso de que algún consumidor valencianoparlante se sienta ofendido. Al revés, no hay nada previsto.

Ante tal acto, el Ejecutivo autonómico va a poder actuar con el rango de «mediador», y, aunque la propia Carta Magna le impide las competencias sancionadoras, a la Administración sí se le va a permitir que ejerza un papel de «mediador» entre ambas partes para que , según se desprende de la norma, acabe siendo todo «en valenciano».

Contra el Tribunal Supremo

Además de por criterios lingüísticos, el Tribunal Supremo tumbó de manera contundente la norma del por aquel entonces consejero Vicent Marzá porque ponía en tela de juicio otros derechos fundamentales.

Entre ellos, según reta el Tribunal, era cuando su legislación violaba el derecho fundamental a que los denunciados pudieran recurrir o impugnar dichas actuaciones.

El propio Marzá dimitió como consejero de Educación, dejando como legado toda una ristra de políticas afines al catalanismo y una indiscutible inmersión lingüística.

Su sucesora en la Consejería, Raquel Tamarit –también de Compromís–, lejos de atenuar la imposición, ha legislado para poner en marcha una serie de políticas enfocadas al fomento de lo que los nacionalistas llaman «catalán».

Tanto Marzá, en un principio, como Tamarit, fomentan una gestión política basada en la inmersión lingüística, bajo la que se orilla el más mínimo resquicio del castellano y se fomenta como si no hubiera un mañana el valenciano, lengua que, para el tripartito, no deja de ser catalán.

Esta decisión, sin duda tomada desde las dos patas del Gabinete que no son socialistas, contrasta con ciertas medidas tomadas por el mismo Ejecutivo regional.

Una de ellas, tanto por contundente como por reciente, es aquélla en la que la propia Presidencia de la Generalitat exime de que el próximo director General de la televisión autonómica valenciana pueda carecer de cualquier tipo de título acreditativo de sus conocimientos sobre la lengua valenciana.

Esto no sería anécdota si para todos los puestos de trabajo en la misma empresa saber valenciano de manera oficial sí fuese un requisito y, con mayor crueldad, si no se hubiese echado a profesores con contrastada reputación por no tener dicho título.