Comunidad Valenciana  Los efectos de la inmersión en valenciano de Puig: «Me están obligando a renunciar a mi proyecto de vida»

En la Comunidad Valenciana no hay, prácticamente, ningún ámbito de la vida diaria que no esté impregnado por la imposición lingüística del valenciano.

Si uno circula por la ciudad en coche –o al menos lo intenta sin desesperarse en exceso–, verá que todas las indicaciones están en valenciano. En los colegios, absoluta prevalencia; comercios señalados por no rotular en valenciano y el alcalde, Joan Ribó, permanentemente contesta en el idioma regional aunque se le haya preguntado en castellano.

El último episodio, por ahora, de discriminación lingüística por parte del Gobierno tripartito formado por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem ha sido a colación de la propuesta de que en las oposiciones para ser funcionario de Sanidad el valenciano puntúe el triple que una tesis doctoral y el doble que una carrera universitaria.

Ante este planteamiento, no son pocos los que se expresan en contra, tanto de opositores como del propio sector sanitario.

Así, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) asegura que si finalmente se aprueba, esto podría vulnerar «el principio de igualdad en el acceso a la función pública».

Asimismo, califican la propuesta como un «despropósito» que lo que en realidad hace es «infravalorar los esfuerzos en formación» que, a su vez, «paralizará y dificultará» la consolidación de plazas.

«Inseguridad jurídica»

En este sentido, el sindicato médico insiste en la ilegalidad de la medida en caso de que se lleve a término, ya que vulneraría «los derechos de los compañeros que han centrado sus esfuerzos en méritos que cambian continuamente de valor o, sencillamente, dejan de ser valorados».

Así, CESIM reprocha al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y al consejero de Sanidad, Miguel Mínguez, que esto no haya sido consensuado «con los representantes de los trabajadores» y les acusan de «minusvalorar» la formación de los opositores porque les aboca a una situación de «inseguridad jurídica».

Entre los afectados se encuentra Eva. Tiene veinticuatro años y es natural de Melilla. Cuando empezó la carrera se mudó a Valencia aprovechando que su novio vivía y sigue haciéndolo en la capital levantina. Sin embargo, no parece que vaya a quedarse en la Comunidad mucho tiempo más. Ella misma lo explica a El Debate:

«Quiero opositar pero no voy a poder porque exigen el valenciano y yo no sé hablarlo. Me duele porque llevo aquí muchos años, pero me están obligando a irme a Murcia», asegura la joven.

Para Eva esta decisión le supondría «un trastorno importante» porque tendría que estar «yendo y viviendo todas las semanas», pero a la par reconoce que lo hace por ganarse «una estabilidad y un futuro para el día de mañana».

Preguntada por su opinión sobre la imposición del valenciano, la opositora señala que es «imposible de entender algo así» y apela al «sentido común que otros parece que no tienen»: «¿Qué prefiere la gente, que le opere bien el mejor médico hable el idioma que hable o el que sepa valenciano pero le deje el bisturí dentro al cerrar?», se pregunta «indignada».

Al respecto, Eva reta al Gobierno tripartito que le está «obligando a abandonar un proyecto de vida» a que haga «una encuesta entre la población» y que se comprometan «ante notario a dar marcha atrás si la gente» desaprueba el valenciano como criterio dominante.

A Isabel también le perjudica la propuesta de la Consejería de Sanidad y, al igual que Eva, tampoco se corta a la hora de detallar su caso: «Me están diciendo a la cara que soy una mala médico porque no domino el valenciano», indica.

De origen conquense, lleva «toda la vida» en la Comunidad Valenciana aunque su lengua materna es el castellano y no domina el valenciano: «Lo entiendo, pero no tengo fluidez para mantener una conversación», reconoce.

Sin embargo, le parece «incomprensible» que se mida «la capacidad y los méritos» de los médicos bajo criterios «de saber o no saber un idioma» y se pregunta dentro de un enfado creciente si «estamos tontos».

A la pregunta de si se cree que la medida del tripartito es para el fomento del valenciano u obedece a otros motivos como la ideología, la sanitaria no tarda ni un segundo en responder: «Pues claro, cero dudas. Tenemos consejeros sin el título que me exigen, ministros sin carreras ni estudios y me vienen a mí, después de casi diez años de esfuerzos y sacrificios, a imponerme que tenga que saber valenciano para atender a mis pacientes. Ni por asomo, es ilegal y va contra la salud de los enfermos», asegura.

Este contexto lo rechaza la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y pide al tripartito que elimine el valenciano como un «requisito» y vuelva a baremarse como un «mérito» a la hora de acceder a un empleo público, sea la consejería que sea.

De lo contrario, apuntan fuentes del sindicato, supondría una serie de efectos nocivos como «una pérdida de derechos, la imposibilidad de consolidar plazas, promocionar, participar en procesos de movilidad o reingresar al carecer» de un título de valenciano acorde con las posiciones ideológico-lingüísticas del tripartito de socialistas, nacionalistas y comunistas de la Comunidad Valenciana.