Comunidad Valenciana  El discurso social de Ximo Puig hace aguas a dos meses de las elecciones autonómicas

El discurso del Partido Socialista tradicionalmente ha ido orientado a reivindicar los derechos sociales. Sea líder del partido del puño y la rosa Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Pedro Sánchez, el patrimonio del bienestar común siempre tenía que recaer en la casilla de la izquierda.

Sin embargo, de cara a las elecciones autonómicas del 28 de mayo, no parece que el PSOE vaya a estar en disposición de enarbolar esa bandera, puesto que la realidad dista mucho del panorama idílico que pinta la factoría de propaganda instalada en el Palacio de la Moncloa.

A nivel regional, el nivel de manipulación sigue siendo el mismo. En base a él, en las comunidades donde gobierna el socialismo hay un un nivel de vida estupendo y maravilloso en contraposición a otros territorios.

Como la realidad se desmonta por sí misma, basta acercarse a algunos indicadores para darse cuenta de que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana está a la cola en lo que a prestaciones sociales se refiere. Su presidente, Ximo Puig, insiste en lo contrario, pero su relato partidista se desmorona tan pronto se analiza.

Ni una plaza en residencias

De este modo, la Generalitat en los ocho años que lleva gobernando el barón socialista no ha construido ni una sola residencia. Ni una. Lo mismo sucede con los centros de día: sus méritos oscilan entre cero y nada.

El sector, además, arrastra un déficit de 13.000 plazas no ya para liderar el ranking en España, sino tan solo para acercarse a la media nacional. Este dudoso honor coloca a la región como la penúltima en lo que a déficit de plazas asistenciales se refiere. El total de ellas asciende hasta hasta las 23.485, según el último informe publicado.

A todo esto, más de 16.000 valencianos no están cobrando el Bono Térmico, una de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez tan sumamente anunciadas y respaldadas por Puig. Es el propio Ejecutivo socialista el que reconoce que por errores en su gestión dicha ayuda no está llegado al bolsillo de los ciudadanos. Eso sí, el silencio del presidente de la Generalitat hacia su jefe de filas continua siendo rotundo.

El panorama no es ni mucho menos mejor para aquellos que siguen esperando que se les abone la Renta Valenciana de Inserción. Actualmente, más de tres mil personas están en lista de espera para cobrarla desde hace más de dos años, con lo que es incompatible con la urgencia.

Por si fuera poco, la cuantía media que esas personas perciben se ha rebajado notablemente, pasando de los 697 euros a los 563.

Este «escudo social» que se autoerige la izquierda tiene más patas cojas. Por ejemplo, la falta de convenio con el Ministerio está haciendo que la mencionada Renta Valenciana de Inserción no se pueda compatibilizar con el Ingreso Mínimo Vital y, como consecuencia, los más vulnerables sigan estando en la picota. Un pan como unas tortas.

En 2015 Mónica Oltra prometió acabar con las listas de espera en las que hoy hay 12.155 valencianos

Si se aborda el tema de la vivienda de alquiler, el escenario es el mismo. El Gobierno de Puig ha pagado cero euros de las ayudas del bono alquiler a los jóvenes de la Comunidad en plena emergencia habitacional. De las 24.000 solicitudes presentadas tan solo se han aprobado 3.680.

Así, la Generalitat solo ha aprobado el 15,3 % de estas, lo que significa que el 85 % de las peticiones ha quedado fuera. Es decir: 20.000 personas de las 24.000 solicitantes se han quedado sin las ayudas. Y los que sí son beneficiarios no han visto un euro hasta el momento.

El pasado 8 de marzo, Puig y sus socios sacaron pecho de sus políticas supuestamente feministas. No obstante, la verdad es que el Pacto Contra la Violencia de Género lleva caducado desde septiembre de 2022 sin que desde el Gobierno autonómico haya habido el más mínimo ademán de renovarlo. Este, igualmente, ha caducado sin haberse implementado hasta 45 medidas de las que contemplaba.

Más allá de que porque siguen en sus puestos de trabajo los imputados en el caso Oltra, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas está en el foco por su inacción social. En lo que concierne a la salud mental, Puig lleva anunciando un plan al respecto desde 2021 que, por H o por B, jamás termina de ejecutarse.

La última vez fue hace unos meses. Sin embargo, el enésimo anuncio no se ha visto correspondido con la consecuente partida en los Presupuestos de la Generalitat, así que todo hace pensar que volverá a ser algo vacío de contenido en lo práctico.

Una de las grandes promesas del tripartito fue la de eliminar las listas de espera en dependencia. Lo dijo una grandilocuente Mónica Oltra y se lo hizo propio su sucesora, Aitana Mas. Nada más lejos de la realidad: 12.155 valencianos están en ellas a día de hoy.

Como remate, la Consejería, en manos de Compromís, ha sacado adelante un decreto mediante el que aumenta el coste de los cuidados de las personas dependientes, haciendo a una familia normal prácticamente imposible hacer frente a los costes de una residencia pública.

Con semejante panorama, no es de extrañar que Ximo Puig esté optando por no presumir de su gestión social y orientar sus supuestos méritos hacia otros lados.

Por eso, quizás, se haya centrado –curiosamente– en intentar acercarse al mundo del empresariado para distanciarse de los partidos a su izquierda y de ataques como los de «capitalista despiadado» hacia el presidente de Mercadona, Juan Roig.

Con todo lo descrito, a Puig no le queda gestión social de la que vanagloriarse. Lo que está por ver el 28 de mayo es si le queda la confianza de los valencianos.