Comunidad Valenciana  Compromís convierte la Consejería de Educación en una herramienta de adoctrinamiento

Las ideas del independentismo catalán tradicionalmente han tenido un impacto en la Comunidad Valenciana que ha oscilado entre la irrelevancia y la práctica nulidad. En cambio, desde 2015 determinadas administraciones públicas se afanan por lograr que dichos postulados se asienten en la región.

Para ello esta Compromís, la formación nacionalista que concibe el idioma no como un medio para tender puentes y avanzar, sino como un fin sobre el que cimentar su anhelado pensamiento único.

Con tal objetivo exigió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que fuesen ellos los que gestionasen la Consejería de Educación, un departamento que la formación ha transformado en una suerte de herramienta donde germinan el adoctrinamiento y el sectarismo propios de su ideología excluyente.

Sirva como ejemplo el caso de una familia del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Cervantes de Valencia. Las comunicaciones del colegio con los padres y la cartelería de la escuela eran únicamente en valenciano. Ante tal situación, la madre de un alumno en cuestión se puso en contacto con la directora del centro para pedirle que todos los documentos y señalizaciones fuesen también en castellano.

Actitud «frente a la lengua»

Para ello no tuvo que recurrir a argumentos sacados de entre las piedras ni a circunloquios. Le bastó con ampararse en la Constitución y en diversas leyes autonómicas aprobadas antes de que el tripartito de izquierdas desembarcase en el poder.

Aún así, la responsable del colegio le siguió contestando a la madre en valenciano a quien, para colmo, citó a una reunión debido a que estaba «generando» una actitud «frente a la lengua».

No queda ahí la cosa, ya que, según denuncia la asociación Hablamos Español, en un aula de sexto de Primaria en el mismo centro se les rompieron las autorizaciones para una actividad a todos los alumnos que la llevaron escrita en castellano.

Bajo ese tan surrealista como intolerante panorama, la familia da un paso más y pide a la dirección del colegio que le remita el Plan Lingüístico del centro (PLC) de cara a poder comprobar si, tal como establece la ley, se está cumpliendo el mínimo del 25 % de las horas en español en las materias troncales.

Para sorpresa –o no tanta– de los afectados, la directora les niega ese derecho y les invita a que acudan a reunirse con ella para que reflexionen sobre su postura. De hecho, otros padres del CEIP Cervantes de Valencia aseguran que en un encuentro en el colegio la responsable llegó a decir «quien no quiera valenciano que no venga».

Este hecho, sobre el que Hablamos Español ya ha presentado el correspondiente recurso de alzada, no es ni mucho menos un caso aislado, puesto que episodios así se cuentan por decenas a lo largo de toda la Comunidad Valenciana desde que Compromís se agenció la Consejería de Educación.

Para asegurarse sus éxitos ideológicos, los nacionalistas han sacado adelante diversas medidas que, siempre con el beneplácito de Ximo Puig, han ido encaminadas a generar un panorama de pensamiento único.

Independientemente de que al frente del Departamento se encontrase Vicent Marzá (2015-2022) o continúe su sucesora, Raquel Tamarit, los pasos a seguir no han variado: marginar el español, disfrazar el valenciano de dialecto subordinado al catalán y abanderar una supuesta defensa de las lenguas minoritarias. Con todos esos ingredientes, imponer el catalán primero en las aulas, luego en la Administración pública y más tarde en todos los órdenes de la vida cotidiana.

Tan solo en lo concerniente a la Consejería de Educación, en 2018 se aprobó la Ley de Plurilingüismo. De facto, lo que hace el texto es reducir al mínimo posible la presencia del castellano, a la par que otorga un papel primordial a la docencia en valenciano incluso en todas aquellas zonas de la Comunidad que son eminentemente castellanohablantes. Esto, naturalmente, choca con lo estipulado en la Ley de Uso y Enseñanza.

Sin embargo, no es hasta febrero de 2022 cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) dicta hasta cinco sentencias en las que indica negro sobre blanco que al menos el 25 % de las horas de asignaturas troncales se han de dar en español.

Otro choque con la Justicia por parte del tripartito a cuenta de la imposición idiomática se dio por la iniciativa de Educación de crear lo que denominó Oficina de Derechos Lingüísticos. De nuevo tuvo que ser el máximo Tribunal valenciano quien asestara un varapalo a la Consejería, anulando once artículos de la norma por considerar que se excedía de su papel, que en principio era de simple organismo asesor.

Días atrás, El Debate publicó que el equipo directivo de un centro escolar público de la localidad valenciana de Mislata se vio obligado a dimitir en bloque ante la falta de «recursos» que tenía el instituto para tratar los casos de salud mental, conductas suicidas y episodios de violencia que allí se siguen viviendo.

Los responsables, plenamente respaldados por el claustro de profesores, tan solo pedían incrementar unas horas las clases de refuerzo, dos profesionales más en el área de sociopsicopedagogía para atender las necesidades especiales de algunos alumnos y la instalación de un ascensor. A ello la Consejería de Educación ni tan siquiera se tomó la molestia de contestar y de ahí la drástica medida de la dimisión al completo.

No obstante, y siempre a tenor de los hechos, no parece que el problema para no atender las reclamaciones del centro fuesen que la tesorería de la cartera en manos de Raquel Tamarit estuviese pasando un mal momento. Y es que el 30 de julio de 2022, Educación otorgó 428.000 euros en subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro que realizasen proyectos singulares del fomento del plurilingüismo.

Las beneficiarias de esta generosa aportación fueron, principalmente, Acció Cultural del País Valencià, Plataforma per la Llengua, Associació Cívica Tirant lo Blanch, Societat Coral El Micalet y el Institut Ramón Llull. Casualmente, todas ellas tienen un marcado corte independentista.

Todo ello, como no podría ser de otra manera, con el firme asentimiento de Ximo Puig, el mismo que todavía hoy continua diciendo que el PP y Mariano Rajoy son «la mayor fábrica de independentistas».