Comunidad Valenciana  Así funciona Plataforma per la Llengua, la asociación que señala a profesores y alumnos que hablan en castellano

Prácticamente, no hay semana en que la cuestión lingüística por razones de discriminación no sea noticia. En los últimos días, de hecho, los casos se han amontonado.

Uno es la polémica por una bandera de España en un aula de un colegio de Baleares, pero han sucedido otros como la obligatoriedad del requisito de un nivel C1 de valenciano para ser alto funcionario en la Comunidad o la última campaña de la asociación independentista Plataforma per la Llengua.

Ésta, que continuamente sale beneficiada de subvenciones de ayuntamientos como el de Valencia o la propia Generalitat gobernada por Ximo Puig, insta a sus simpatizantes a que denuncien las situaciones en las que no se hable valenciano.

Bajo el lema «¡Basta del 'en castellano para que nos entendamos todos!'», Plataforma per la Llengua llama, por ejemplo, a denunciar y señalar a aquellos docentes que no utilicen la lengua autonómica dentro del aula.

La voluntad y los medios para ello no los esconde el colectivo, ya que en la web launiversitatencatala.cat ofrece «un mecanismo ágil, anónimo y eficiente para denunciar cualquier discriminación lingüística, presentando una queja y teniendo la opción de recibir asesoramiento».

Esta es la última iniciativa de la asociación, que lleva años desarrollando su proyecto; pero, ¿cómo funciona realmente Plataforma per la Llengua?

«Países Catalanes»

Fundada en 1993, en su propia página web se autodenomina «la ONG del catalán» y dicen trabajar para «promover la lengua catalana como herramienta de cohesión social» en «los diferentes territorios de habla catalana».

En este punto cabe destacar que la jerga secesionista considera parte de dichos territorios a las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana en el marco de los inexistentes «Países Catalanes».

Entre sus ámbitos de actuación, Plataforma per la Llengua señala que los llevan a cabo para conseguir la «concienciación lingüística» en la cultura y la juventud, en la Administración pública, donde promueven la «lucha» para reivindicar los «derechos» del catalán, en la Justicia, la esfera internacional, el consumo y la empresa, así como la Educación y la Universidad.

Es, precisamente, en este último donde se centran buena parte de las acciones que la asociación hace.

Siguiendo los cánones del nacionalismo, Plataforma sabe que los centros educativos son clave para que su proyecto ideológico triunfe socialmente. Por ello, ha puesto en marcha numerosas acciones.

Quizás, las más relevantes por su gravedad sean las que están enfocadas a espiar a los alumnos en diferentes colegios mientras disfrutan del tiempo de recreo para, así, conocer quién habla en catalán, quién en castellano y en qué porcentaje lo hacen en cada idioma.

Sirva como muestra las averiguaciones hechas en el municipio de Valls, en la provincia de Tarragona. Tras numerosas horas de seguimientos a los alumnos, concluyeron que el 59 % se comunicaba entre ellos en español, por un 39,4 % que lo hacía en catalán, algo «aterrador», según el propio colectivo.

Tras estos pseudoestudios, los responsables de Plataforma y otras asociaciones de este tipo emprenden una campaña de señalamiento público a aquellos docentes, alumnos y familias de éstos por el mero hecho de hablar en español.

Mediante pancartas, pintadas, insultos o insultos y presiones en redes sociales, los secesionistas amedrentan y amenazan con tal de que dejen de exigir sus derechos. La familia de un alumno en Canet que denunció al centro por no aplicar el 25 % mínimo de la docencia en castellano es uno de los ejemplos más mediáticos.

Otra de las técnicas que los nacionalistas suelen llevar hasta el extremo es la manipulación del lenguaje, sirviéndose para ello de incontables eufemismos y alternado el significado real de los términos.

Por eso, a esos espionajes, Plataforma per la Llengua los denomina «encuestas» o «estudio de observación no participante».

También, la agrupación independentista se mete en la propia aula, tal como explica a El Debate la presidenta de la asociación Hablamos Español, Gloria Lago: «En los centros de enseñanza venden sus camisetas a través de rifas. Muchos padres nos han enviado fotos de los papeles invitándoles a comprarlas», asegura Lago.

La responsable asociativa reconoce que han denunciado esa circunstancia «muchas veces, pero no pasa nada» y siguen «haciendo lo mismo».

Así, critica que entidades «privadas que reciben fondos públicos» se dediquen a «adoctrinar a los niños y encima recauden fondos a través de las clases», diciéndole a los alumnos «cuál es la lengua que tienen que hablar que, naturalmente, no es el castellano».

De este modo, Lago apunta a que estas circunstancia no solo se dan en Cataluña, sino en todas las comunidades autónomas «con lengua regional».

Por tanto, en el caso de la Comunidad Valenciana, donde cada vez son más constantes estos episodios, critica «el beneplácito» del Gobierno tripartito que conforman socialistas, Compromís y Unides Podem.

Respecto a la connivencia entre diferentes administraciones públicas y asociaciones secesionistas, Lago indica que eso provoca que sea «por desgracia, muy difícil acabar» con episodios como los espionajes en los patios de los colegios.

Sin embargo, no se deja vencer y reafirma su compromiso personal y el de la asociación a la hora de seguir «la pista» para denunciarlos y que se pueda hablar castellano con total libertad.

Ingentes fondos públicos

Un proyecto de la envergadura del que lleva a cabo Plataforma no se financia exclusivamente con rifas en colegios. La mayor fuente de ingresos de la asociación proviene de las arcas púbicas.

Además de las pingües subvenciones por parte del Gobierno catalán desde el momento de su nacimiento, en 1993, así como de un nutrido grupo de ayuntamientos de corte independentista en toda la comunidad, a Plataforma per la Llengua también le llueven los fondos desde otras regiones.

Es el caso del Ejecutivo de Baleares presidido por la socialista Francina Armengol, del Ayuntamiento de Valencia, encabezado por el dirigente de Compromís Joan Ribó, o de la Generalitat Valenciana, liderada por el compañero de filas de la balear Ximo Puig. Todos ellos han aportado a la causa nacionalista cantidades de dinero que, sin duda, nada desmerecen.

En cuanto al Consistorio levantino a este colectivo se le han otorgado 25.000 euros «a dedo» el año pasado y ya tiene presupuestados para 2023 otros tantos.

No es la única asociación catalanista que recibe el dinero de todos. Solo el Ayuntamiento de Valencia, el montante que Ribó y sus socios del PSPV-PSOE han destinado a este objeto roza el millón de euros en menos de ocho años.

El Gobierno de Puig, en cambio, multiplica por ocho esa cifra desde 2016 y ha beneficiado a la propia Plataforma, pero también a colectivos hermanos como Col•lectiu Ovidi Monllor, El Micalet o Acció Cultural del País Valencià, que se dedica a pegar pegatinas en los comercios de Valencia que no usan la lengua regional para atender o rotular.

Los negocios son otro de los ámbitos donde Plataforma y similares tienen puesto su punto de mira. Tan es así que, este mismo 2022, el colectivo ha elaborado un informe sobre el uso y fomento del catalán en nueve grandes superficies de la Región, como FNAC, El Corte Inglés, Decathlon, Leroy Merlin o MediaMarkt, entre otras.

De ellas, los responsables del colectivo únicamente han aprobado a tres y han suspendido a seis, a quienes definen como «menos responsables lingüísticamente» tanto en la «atención oral como escrita y la digital». Otro episodio de señalamiento social por cuestiones meramente ideológicas.

La Diputación de Valencia, presidida por el socialista Toni Gaspar, por su parte, ha concedido también discrecionalmente una subvención de 100.000 euros a Ovidi Monllor que, entre otras acciones, ha concedido su premio extraordinario a la libertad de expresión al preso indultado por Pedro Sánchez Jordi Cuixart.

Otro escenario en el que los secesionistas de Plataforma per la Llengua están orientándose es el de los medios de comunicación. Así, sus manifestaciones y proyectos se suelen publicitar en TV3, la televisión pública catalana, así como en otros medios y plataformas en línea y tradicionales.

También hacen lo propio en À Punt, la radiotelevisión valenciana, en la balear. En ambas se ofrecen contenidos en «catalán» en virtud del acuerdo de Plataforma Digital suscrito entre las tres corporaciones autonómicas de televisión que se firmó en 2018 impulsado por TV3.

Finalmente, al igual que en los patios de los colegios, a Plataforma per la Llengua le obsesiona la interacción social y el control de la misma para poder moldearla en base a su proyecto político.

Por eso, aunque pudiera parecer una broma, no lo es el hecho de que la propia asociación lanzase en 2019 una aplicación de citas para encontrar «pareja lingüística».

Bajo el nombre Apparella't –emparéjate en catalán– la iniciativa tiene un coste anual de 25.000 euros y está subvencionado, para qué variar, por los gobiernos autonómicos de Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana.