Comunidad Valenciana  Historia de la ruptura Puig-Page: de votar juntos para echar a Sánchez del PSOE a no hablarse por el Tajo-Segura

Una de las frases que se suelen decir en el entorno político es esa que asegura que en el sector hay amigos, enemigos y, lo peor de todo, compañeros de partido. Algo parecido deben de estar pensando los presidentes castellanomanchego y valenciano, Emiliano García-Page y Ximo Puig, respectivamente, el uno del otro.

La actual relación entre ambos barones socialistas está, tal como apuntan fuentes cercanas al PSPV-PSOE, «rota» y es «inexistente». Pero hubo un momento nada lejano en que ese vínculo no era así. Es más, completamente distinto.

El 1 de octubre de 2016 la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz vivió unas horas de tensión nunca vistas hasta entonces. Muchos dirigentes regionales y miembros del Comité Federal de la formación se rebelaron contra la intención de su secretario general, Pedro Sánchez, de llegar a la presidencia del Gobierno de la mano de Podemos y los independentistas vascos y catalanes.

Esa particular 'noche de los cuchillos largos' terminó con el jefe de filas dimitiendo forzado por sus propios compañeros y saliendo en coche. Para consumar la defenestración de Sánchez, tanto Puig como Page tuvieron un papel primordial, votando a favor de echar a un secretario general apoltronado hasta casi llevar al PSOE a la implosión.

Unidos contra Díaz Ayuso

Tanto durante la etapa de la gestora que comandó el asturiano Javier Fernández como tras el regreso triunfal de Sánchez después de derrotar a Susana Díaz en primarias, el valenciano y el castellanomanchego iban de la mano, al unísono. Las circunstancias lo favorecían: mismo partido, los dos presidentes autonómicos, regiones vecinas con intereses comunes…

Tal era la compenetración entre ambos, que se pusieron de acuerdo a la hora de proclamar a los cuatro vientos la 'madrileñofobia' durante el covid por la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo más paradójico es que Page hablaba de «bomba vírica» en la región del Isabel Zendal mientras a Puig se le volaba -literalmente- un hospital de campaña que montó.

Pero todo idilio tiene un final. En este caso, ha sido de forma abrupta, de sopetón. No ha habido una gota malaya que rompiera una relación deteriorada desde tiempo atrás. El motivo se llama trasvase Tajo-Segura.

En los últimos meses de 2022, el Gobierno central confirmó su intención de llevar a cabo un recorte de dicha infraestructura hídrica vital para los regantes del Levante español. Esta se concretaría estableciendo unos caudales ecológicos mínimos para los próximos años sin posibilidad de revertirlos y sin atender a ningún criterio técnico ni plasmado en informes.

Esta postura era la defendida por García-Page, siempre reacio a que el Tajo vertiera una poca cantidad de agua al año a las provincias de Alicante, Murcia y Almería para mantener viva la llamada ‘huerta de Europa’.

Aunque en un primer momento adoptó una posición tibia, Puig terminó enfrentándose directamente a Pedro Sánchez y a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Tan es así que miembros del PSPV-PSOE y Compromís –incluidos Joan Baldoví y la consejera de Agricultura– se sumaron a la concentración que los agricultores afectados realizaron frente al Ministerio. Eso sí, Puig alegó un viaje internacional para no asistir.

La tensión entre ambos mandatarios ya era más que palpable. Mientras el presidente de la Generalitat repetía que iba a defender que los campesinos tuvieran «agua para siempre», el manchego amenazó al Gobierno con llevarle al Tribunal Supremo (TS) si finalmente no aprobaba la remodelación del trasvase atendiendo a sus pretensiones.

Quien si acudió fue Puig. Lo hizo para recurrir el recorte que Sánchez plasmó en un Real Decreto. En el escrito realizado por los servicios jurídicos de la Generalitat se reclamaba al Alto Tribunal que estableciese medidas cautelares al texto.

Tal como informó en su día El Debate, las alegaciones se fundamentaban en el incumplimiento de lo acordado en el Consejo Nacional del Agua. Según el recurso, lo aprobado en dicho organismo y lo remitido al Consejo de Ministros no era el mismo contenido, variando lo relativo a los caudales ecológicos establecidos en la ya tan famosa como polémica cláusula novena.

Como consecuencia, el Ejecutivo valenciano aprecia vulneración de los «principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, transparencia, buen gobierno e interdicción de la arbitrariedad en la toma de decisiones, recogidos por nuestro ordenamiento jurídico». La contundencia habla por sí misma.

El mero hecho de acudir al Supremo ya le sentó a Page francamente mal. A nadie le agrada semejante situación, pero hubo dos aspectos que le molestaron mucho más al castellano manchego más allá del recurso en sí. De hecho, el de Puig no es el único recurso, ya que la Diputación de Alicante –presidida por Carlos Mazón–, la Región de Murcia y la Junta de Andalucía han hecho exactamente lo mismo.

Los símbolos en política no son algo ornamental, sino una parte más que significativa del relato a transmitir a la ciudadanía. Por eso, uno de los aspectos que más molestó a Page fue que su compañero de filas presentase el recurso ante el TS no un día cualquiera, sino el 22 de marzo, Día Mundial del Agua.

Este gesto el presidente manchego lo tomó como un ataque personal, algo perfectamente orquestado y premeditado. Desde ese momento, la incomodidad se transformó en rabia y esta, a su vez, en ira hacia Puig.

De hecho, la cólera de Page fue tal que incluso ha llegado a amenazar con emprender las acciones legales y administrativas oportunas para ejecutar de inmediato los caudales ecológicos recogidos en la norma del Gobierno. En otras palabras, dejar seco al instante al Levante nacional.

Además de todas las aristas dentro de la denominada 'guerra del agua', entre Puig y Page hay un asunto capital que, quizás, sea el que realmente mece todo lo relativo al trasvase. Son las elecciones del 28 de mayo, en la que ambos se juegan la reelección y cuyas expectativas pintas bastos.

Tanto el uno como el otro saben que el tema del agua es capital a la hora de movilizar no ya a sus votantes de 2019, sino de cara a ampliar esa base. Por eso mismo, la tensión entre ambos dirigentes todo apunta a que continuará, al menos, hasta el cierre de las urnas.

Dependiendo de los resultados en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana, la situación puede relajarse, pero nadie lo garantiza, ya que en diciembre hay unas elecciones generales y el agua volverá a centrar la campaña.

Aún así, los puentes entre los antiguos compañeros inseparables de mil fatigas parecen estar volados y ni siquiera que los dos repitan en sus cargos puede dejar a un lado la voladura política y personal que ha supuesto el recorte en el trasvase Tajo-Segura.